En un contexto marcado por el incremento de la delincuencia, el gobierno busca soluciones contundentes. Inspirado en estrategias implementadas en El Salvador, se plantea el objetivo de reforzar la seguridad a través de medidas legislativas y tecnológicas. Expertos en la materia debaten sobre la efectividad de estas propuestas. ¿Será este el punto de inflexión necesario para devolver la tranquilidad a las calles peruanas?
Por: Paula Alpún
Muchos peruanos salen cada día de sus casas con cierto temor interiorizado. Se evita usar el celular en la calle y solo se porta el dinero exacto que se va a utilizar. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 40% de ciudadanos señala con preocupación el problema de la delincuencia y la falta de seguridad ciudadana como la sombra que se alza sobre nuestros días.
Los números tejen una historia inquietante. Entre noviembre de 2022 y abril de 2023, la población urbana de 15 años a más ha sentido en su propia piel la presencia de la delincuencia, con un índice que alcanza el 25%. Comparado con semestres semejantes de los dos años anteriores, este dato ha aumentado en 6.5 y 3.9 puntos porcentuales, respectivamente.
Por ello, el Consejo de Ministros, encabezado por Alberto Otárola, se presentó ante el Congreso de la República en busca de facultades legislativas destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana. En un anuncio ante los medios, el primer ministro mencionó la estrategia ‘Con Punche Seguridad’, bautizándola como el “Plan Boluarte”.
Dentro de este se contabilizan 50 Proyectos de Decreto Legislativo, de los cuales 33 se enfocan en la seguridad ciudadana, 6 están destinados a la gestión de riesgos y desastres relacionados con el fenómeno del Niño Global, mientras que 10 se centran en la infraestructura social y la calidad de proyectos, dejando espacio para un proyecto especial de meritocracia.
Para el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, esta propuesta ha sido lanzada debido a que el gobierno se encuentra en una encrucijada desafiante, en la cual la sombra de la delincuencia se ha afianzado notoriamente en nuestro horizonte. Bajo esa misma línea, Frank Casas, experto en políticas públicas y seguridad ciudadana, menciona que los indicadores revelan un preocupante aumento en la victimización, con un énfasis en delitos relacionados, en su mayoría, con el patrimonio de las personas, tales como el despojo de celulares, entre otros.
“Remontándonos al año 2020, registrábamos una tasa de victimización del 18%, un número que ha escalado al 26% en la actualidad, según los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Informática (INI)”, comenta Casas.
El Plan Bukele como referente
En El Salvador se puso en marcha un régimen de excepción que fue lanzado por el presidente Nayib Bukele con la aprobación de la Asamblea Legislativa. Esto sucedió después de un estallido de violencia que dejó 62 homicidios durante un fin de semana de marzo de 2022.
Esta política que suspende derechos y garantías establecidas en la Constitución ha sido elogiada por algunos sectores de la población. No obstante, también ha resultado en la detención de más de 65.000 personas en lo que va del año. Lo cual ha generado críticas por parte de organismos de derechos humanos así como de familiares de los detenidos.
En nuestro país, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se refirió a este proyecto el 22 de agosto: “Algunos países están teniendo éxito en la lucha contra la criminalidad. Un ejemplo de ello es El Salvador. ¿Por qué no podemos tomar algo de sus experiencias para adaptarlas a la realidad peruana?”.
El gobierno ha sido enfático en que tiene sus propias estrategias. Otárola declaró el 30 de agosto que no habrá un plan al estilo Bukele sino un Plan Boluarte. Sin embargo, ¿es viable un plan parecido al de El Salvador?
Casas menciona que el planteamiento del Estado peruano es muy diferente. La política de seguridad en el país vecino se enfoca principalmente en combatir el crimen organizado, especialmente las pandillas.
En nuestro caso, la propuesta gubernamental se centra en tres tipos de manifestaciones delictivas específicas. En primer lugar, busca reducir la victimización, especialmente al controlar los mercados ilegales, en particular el tráfico de celulares. En segundo lugar, se concentra en la lucha contra el narcotráfico, y en tercer lugar, se esfuerza por implementar medidas de protección para prevenir la violencia contra las mujeres.
Pero, para Rospigliosi, lo que se debe rescatar del país hermano es la decisión y la firmeza. “El Salvador es un país con instituciones similares. Es decir, caracterizadas por su fragilidad, corrupción e ineficacia, todo ello mientras se enfrenta a un nivel de delincuencia despiadado. Bajo nuestro contexto, lo que realmente se requiere es un liderazgo sólido”.
Casas concuerda en que las medidas propuestas por nuestro Ejecutivo se enfocan en sancionar severamente los delitos. Sin embargo, existen zonas grises en este enfoque, ya que incrementar las penas no necesariamente evitará que ocurran robos u otros delitos. Para él, la ciudadanía no solo busca que los delincuentes sean castigados, sino que se reduzcan los robos y los crímenes.
“La viabilidad del ‘Plan Bukele’ como tal es cuestionable por la complejidad de nuestro panorama delictivo, pues difiere de la situación en El Salvador, donde el crimen organizado tenía un papel central”.
La necesidad del país
En ese sentido, Casas considera que las propuestas lanzadas bajo el nombre “Con Punche Seguridad” cumplen una función vital, que es la de abordar tres tipos de delitos específicos: la violencia contra la mujer, la reducción de los robos de celulares y la lucha contra el narcotráfico. Aunque se centran en una parte esencial de este desafío: la sanción y la prohibición.
Rospigliosi considera que esta propuesta recae en el populismo penal, que se traduce en aumentar las condenas. En nuestro país ya son muy elevadas, entonces el problema no radica en la severidad de estas, sino en la falta de cumplimiento de las leyes. Desde su perspectiva no se trata de combatir la delincuencia mediante la creación de más norms. Lo fundamental radica en la aplicación efectiva de las ya existentes. El problema no es de legislación, sino de ejecución y gestión.
Casas resalta la necesidad de abordar el crimen de manera integral, en lugar de simplemente enfocarse en la punición. “Lo que realmente necesitamos es comprender a fondo cómo funcionan nuestros fenómenos delictivos antes de establecer medidas punitivas o realizar cambios en el procedimiento penal. Para lograrlo, debemos basarnos en evidencia sólida y científica. La criminología desempeña un papel fundamental en el desarrollo de una política efectiva y respaldada por datos empíricos”.
A medida que se debaten propuestas y se implementan estrategias, es evidente la necesidad de comprender la complejidad de estas problemáticas y considerar enfoques multidisciplinarios que no se limiten únicamente a la sanción.
La experiencia de El Salvador puede brindar ideas valiosas, pero es fundamental adaptarlas cuidadosamente a la realidad y las necesidades específicas del Perú. El éxito en la reducción de la inseguridad y la construcción de una sociedad segura requerirá no sólo la acción gubernamental, sino también la colaboración de la sociedad civil, el fortalecimiento de las instituciones y un enfoque equilibrado que combine medidas punitivas con estrategias preventivas respaldadas por la evidencia científica.
