En medio de la controversia por los lineamientos anunciados por el Gobierno sobre el comportamiento de los estudiantes, surge la interrogante de si estas medidas realmente mejorarán el ambiente escolar.
Por Rafael Ortega, Alexandra Jave, Ana Cueto y Josué Carrión
El pasado 12 de octubre, la presidenta Keiko Fujimori, junto al ministro de Educación, José Antonio Chang, presentó los nuevos lineamientos de disciplina para las instituciones públicas. Las medidas, de acuerdo con el Gobierno, tienen como objetivo combatir directamente la violencia escolar que en los últimos años se ha ido suscitando. Sin embargo, en un contexto marcado por casos como lo ocurrido en el Liceo Naval o en un colegio de Talara, ¿las nuevas sanciones o expulsiones pueden solucionar el problema?
¿La expulsión reduce la violencia?
Las faltas se han clasificado en leves, graves y muy graves. Chang señaló que entre los comportamientos que serán considerados como graves están la falsificación de documentos oficiales; promoción de sustancias prohibidas; falsas denuncias, difamación; obstrucción de la labor docente; suplantación de identidad; fraude en evaluaciones y el compartir información privada.
Por otro lado, las faltas que se consideran muy graves son los actos de odio o apología a la violencia; acoso escolar o violencia sexual; uso de artefactos incendiarios o explosivos; extorsión; alteración violenta del orden; y hurto o robo de bienes. Además, los actos discriminatorios, acciones que vulneran la intimidad; usar armas u objetos punzocortantes; daño intencional o destrucción de la infraestructura y organización para actos delictivos o apuestas.
En esa línea, las medidas sancionadoras comprenden la suspensión hasta por tres días hábiles, la matrícula condicional y la separación definitiva o la expulsión del estudiante que tenga tres suspensiones en el año, haya cometido una falta muy grave o que de manera sistemática reitere su inconducta. Y uno de los principales motivos para la reintegración de la medida de expulsión es poder terminar con la violencia escolar, pero ¿necesariamente esta es la normativa correcta?
“La violencia en nuestro país es estructural y un reglamento como el que se ha presentado no es un programa educativo. Entendemos que se puede reaccionar frente a una situación como la del colegio Liceo Naval, pero otra cosa es creer que el problema de la educación es un problema de vigilar y castigar”, señala el exministro de educación, Nicolás Lynch.
En ese orden de ideas, la comunicadora y docente universitaria Vanessa Perales señala que “si pensamos en todo este ecosistema que rodea al estudiante y pensamos en la eliminación de la violencia, tenemos que pensar en estructuras, en decisiones grandes e importantes que se deben tomar”.
¿Se debe normar sobre la vestimenta?
Las declaraciones del ministro de Educación sobre la regulación de la vestimenta y apariencia en colegios públicos prohibiendo maquillaje, uñas pintadas y cabello largo o teñido mientras deja a criterio de los colegios privados su propio reglamento, han reabierto el debate sobre los lineamientos a seguir en el ámbito escolar. La Federación de Estudiantes del Perú rechazó la medida por considerarla una restricción arbitraria a la expresión personal y poseer un trasfondo discriminatorio.
La diferenciación entre el sector privado y público carece de sustento estadístico frente a los casos de violencia escolar ya que, como se puede ver en la plataforma Siseve, esta ocurre en ambos tipos de instituciones, por lo que supeditar esta libertad estética a pagar una pensión puede convertir este derecho en un privilegio comercial, vulnerando el libre desarrollo (Art. 2° de la Constitución) y la educación garantizada sin distinción (Art. 3° de la Ley N.º 28044).
Al respecto, Perales nos advierte que estas distinciones entre los tipos de colegios perpetúan brechas sociales y facilitan actitudes discriminatorias. Por su parte, el exministro Nicolás Lynch cuestionó que se vincule la buena convivencia al control de la imagen corporal, señalando que el largo del cabello no determina la conducta en el aula. “A quien se le ha ocurrido poner eso ha confundido la educación con un desfile”, sentenció.
Por otro lado, la postura ministerial elude un órgano clave de la gestión escolar: el Consejo Educativo Institucional (CONEI). “Si ese ente social considera que sí puedo venir con el cabello largo, que se respete, y lo inverso también”, nos dijo el abogado Víctor Sausa, enfatizando que no se está reconociendo la facultad participativa y capacidad de decisión de este espacio.
¿Pueden existir las escuelas sin ideología?
Como parte de su discurso, la presidenta Keiko Fujimori anunció que para el 2027 se eliminaría toda ideología de los textos escolares. Estas declaraciones no son nuevas. Meses atrás, el Ministro de Educación, José Chang, ya había señalado que se retiraría toda interpretación interesada de la historia, haciendo referencia particular a una posible alteración en cómo se retrata el conflicto armado interno en las escuelas. A ello se suma la reciente derogación de la Educación Sexual Integral (ESI) en medio de cuestionamientos a la denominada “ideología de género”.
La medida ya ha sido criticada por su imposibilidad. Nicolás Lynch señala que la ideología está presente en todas las personas, pues consiste en un conjunto de ideas organizadas desde un determinado punto de vista. Sin embargo, es importante recordar que la historia incluída en los textos escolares ha sido desarrollada por especialistas de diferentes campos y trasfondos sociales, que han llegado a consensos sobre la realidad mediante un análisis riguroso. A ello, Perales agrega que esta información está basada en estudios y evidencia científica comprobable. No se trata de opiniones o creencias personales.
Asimismo, el posible impacto en el desarrollo de las infancias ha sido una fuente de preocupación. “Si ocultamos la educación sexual, si ocultamos la historia, nunca podremos enfrentar situaciones adversas más adelante”, señala Perales. Asimismo, hay inquietud respecto a las implicaciones para la democracia. El cambio de los contenidos abre una discusión en torno a las nuevas narrativas que podrían ser priorizadas. “Tenemos que respetar consensos, procesos y respetarnos unos a otros”, menciona Lynch resaltando la importancia de no menospreciar los acuerdos alcanzados por especialistas en períodos democráticos como los veredictos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR).
¿La prohibición contribuye al desarrollo educativo?
Lo cierto, al parecer, es que el Gobierno ha tomado una medida sin una idea clara de qué efectos reales pueden tener sobre la educación de los más jóvenes. Las declaraciones de la semana pasada rápidamente generaron críticas desde diversos espacios al señalar que estas bases disciplinarias, aparte de no cumplir con un sustento pedagógico, tampoco están resolviendo el problema de fondo. Cabe recordar que la justificación que dio Keiko Fujimori en su discurso era que la aplicación de este método daría una lucha directa a la violencia escolar.
“En realidad, no han hecho ningún diagnóstico, sino plantear algunos lineamientos para atender la fórmula de manejo disciplinario actual en el sistema educativo, que es un fracaso (…) No es una nueva propuesta pedagógica o enfoque educativo, sino una medida más de orden”, señaló el educador León Trahtemberg. Además, indicó que se trata de una aplicación ideológica que pretende, mediante un conjunto de limitaciones, establecer y reforzar el respeto entre los ciudadanos.
“Cuando en la escuela nosotros queremos resolver la violencia con más violencia lo único que logramos es reforzar la idea de que si alguien está por encima tuyo jerárquicamente, entonces puede pisotearte (…) No se está mirando de frente el problema”, indicó Perales. La comunicadora añadió que la expulsión, si es que se piensa que va a desaparecer el conflicto, se está completamente equivocado. En su opinión, no se está garantizando una posibilidad de salida, seguimiento o comprensión del joven, lo que puede hacer que el círculo de violencia se mantenga.
Las medidas presentadas por el Gobierno —aunque con muchas similitudes a lo ya realizado por Bukele el año pasado— son una demostración del tipo de país que se quiere en los próximo años. Más allá de su validez pedagógica, los especialistas están de acuerdo en una cosa: el color de pelo no combate la violencia.
