En su primer pronunciamiento oficial, la presidenta Fujimori declaró medidas como el aumento del sueldo mínimo o la construcción de múltiples líneas de metro.
Por Matias Illescas
El pasado 28 de julio, la presidenta Keiko Fujimori asumió el cargo y dio un discurso ante el Congreso de la República. El mensaje duró unos 45 minutos, pero estuvo lleno de anuncios que han generado ilusión en algunos y cuestionamientos en otros.
Algunas de las medidas más comentadas fueron el aumento de la remuneración mínima vital, la creación de nuevas líneas del Metro de Lima, la implementación de un metro en Arequipa y Cuzco o la ampliación de Beca 18, pero ¿qué tan viables son estas reformas en los cinco años de plazo de la presidencia?
15% más para unos pocos
Keiko Fujimori llega a Palacio de Gobierno en un contexto dominado por problemas como la inseguridad ciudadana, el impacto del fenómeno El Niño, los cuestionamientos a los programas de becas, y las persistentes deficiencias en infraestructura, salud y educación. Así lo explica la economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), Luciana Cáceda, quien advirtió que «se viene un Fenómeno El Niño costero en unos meses, o lo que ya se está viviendo, pero con mayor magnitud en los próximos meses, y también se deben desembolsar más recursos para ese momento, inclusive los Panamericanos que también vienen, entonces, esto es un conjunto de hechos que van a demandar una mayor presión fiscal».
En ese sentido, en su primer pronunciamiento oficial ante la nación, anunció algunas de las principales medidas de su mandato. Entre ellas, el aumento del sueldo mínimo de S/ 1.130 a S/1.300 mensuales, acompañado de un bono compensatorio para ayudar a la formalización de las micro y pequeñas empresas.
La propuesta fue cuestionada por algunos porque, según datos del IPE, el 70% de los trabajadores del país son informales y, por lo tanto, no se beneficiarían de la medida. Por el contrario, algunos indican que más bien sería un problema para las pequeñas empresas que buscan formalizarse. No obstante, de todas formas se trata de una subida del 15%, que podría tener un impacto leve.
Al respecto, el economista Jorge Guillén explicó para Nexos que las medidas de incrementar el salario se pueden considerar populistas, porque podría generar cierta informalidad. «Por otro lado, han compensado en algo a las pymes y mypes con un subsidio, y por ahí ya no les podría afectar tanto ese efecto de costo laboral. Pero no es permanente. (…) No es muy significativo el efecto, y eso podría, no generar un aumento de la informalidad y el desempleo», explicó.
Se trata de una iniciativa que buscaría fomentar el empleo juvenil y formar las capacidades técnicas de los que empiezan a ingresar al mercado laboral, pero el resultado abarcaría a una porción muy reducida del total de trabajadores.
En ese sentido, Miguel Alzamora, economista senior del IPE, consideró que estamos hablando de un grupo del 2% de trabajadores, poco más de 200,000 personas, de un universo de trabajadores en el país de casi 17 millones. «Entonces, dentro de todo el paquete laboral, esta es una medida que muy puntualmente tiene un efecto reducido en fortalecer la capacidad adquisitiva», agregó.
La reforma deberá evaluarse en el Ministerio de Trabajo, liderado por Juan Sheput, y el Ministerio de Economía, con Elmer Cuba a la cabeza. Sheput ya se había pronunciado sobre una eventual subida de la RMV, pero en una entrevista para Canal N el 22 de mayo, había dicho que «subir la remuneración mínima a S/ 1.500 destruiría empleo», en referencia a la propuesta de Roberto Sánchez.
Sin embargo, el 4 de agosto, en referencia al tema, declaró que la decisión estaría basada en un estudio y no en algo netamente político. Además, llamó a que los empleadores, los trabajadores y sus representantes «entiendan que este no es un aumento arbitrario” y explicó que, con este alza, se recupera el nivel adquisitivo de 2020.
Dudas en la movilidad
También se anunció la finalización de la Línea 2 y la construcción de las líneas 3, 4, 5 y 6 del Metro de Lima. Lo primero parece ser más probable que lo segundo, de acuerdo con los especialistas, debido a que la segunda ruta del Metro lleva más de 12 años en construcción y su lanzamiento total se ha aplazado cinco veces.
«Siempre va a estar la buena intención, pero la cosa es hacerlo, porque hay una serie de demoras y problemas legales que se tienen que resolver y no es fácil. (…) Tendría que hacer una microgestión o delegar a gente que pueda hacerlo. Ahí trajo a Rafael Rey, que no es muy experto en esa área, él estuvo en el Banco Central también en algún momento, y no sé si va a poder, es algo muy difícil», indicó Guillén.
Sin embargo, es importante tomar en cuenta que las Líneas 3 y 4 del Metro se impulsan a través de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión), del MEF bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP). Esto significa que será un proyecto en colaboración entre el Estado y el sector privado, pero aún no se ha determinado el porcentaje de aporte de cada uno.
Los cuestionamientos hacia esta obra vienen por parte de los costos y los plazos, en vista de que el Consejo Fiscal advirtió que el Congreso saliente ha aprobado leyes con un gran impacto en el gasto público.
«A falta de que se pueda, adjudicar el proyecto, entregar la buena pro del proyecto, y firmar un contrato con alguna empresa que se haga cargo para construirlo y operarlo, habría que ver cuánto sería el componente que destinaría el sector público para el plan. Entonces aún no se puede saber su impacto sobre el Tesoro Fiscal», detalló Alzamora.
Además, se planteó la creación de una nueva Carretera Central que permitiría viajar de Lima a Junín en menos de tres horas y que está valorizada en S/30 mil millones, pero para Alzamora, esta sí podría afectar el gasto fiscal. «La carretera central, que sí se está planeando como una obra pública, y dentro, al menos de información preliminar, se entiende que sería dicho monto, en buena parte, dentro de un periodo de cinco años, y sí implicaría una presión al Tesoro Público, desembolsar esa magnitud de gasto», indicó el economista.
Está prevista también la implementación de líneas de metro en ciudades como Arequipa, Piura y Trujillo, trenes de cercanías Lima-Ica y Lima-Barranca, y otras carreteras y caminos rurales. Estos proyectos, en conjunto, requerirían de estudios técnicos complejos, liberación de terrenos y procesos de licitación que comúnmente duran más de cinco años. También es posible que exista una limitación en la capacidad financiera del Estado para ejecutar todas las obras en los cinco años de gobierno.
Solo las que tienen un costo público identificable –como las líneas 2, 3 y 4 del Metro, el ferrocarril hacia Ica y Barranca y la Nueva Carretera Central– suman aproximadamente US$32 mil millones. En 2025, la inversión pública ejecutada, según el Banco Central de Reserva (BCR), fue de S/61,230 (US$17,151). En general, estos megaproyectos representan casi dos años de la inversión pública de todo el año pasado, pero hay que tomar en cuenta, como se mencionó anteriormente, que algunas obras contarán con apoyo del sector privado.
El problema, por lo tanto, va más allá de si son ideas factibles. El nuevo gobierno deberá tomar en cuenta factores como los estudios previos y los plazos necesarios, pero, además, tendrá que solucionar un problema fiscal que lleva arrastrando desde la gestión anterior.
Así lo cree Alzamora, quien declaró que muchas de las leyes con impacto fiscal que se han aprobado desde el Congreso ya deberían llevarse al Tribunal Constitucional para que se genere una demanda de inconstitucionalidad. «Es importante recordar que el Congreso no cuenta con iniciativa de gasto y aprobar, implementar y darle reglamento a todas esas nuevas leyes le da una carga adicional al gasto público», concluyó el experto.
