El exprocurador habló sobre el escenario político en el que entra el nuevo gobierno.
Por Rafael Ortega Alva
A pocos días de que Keiko Fujimori asuma la presidencia de la República, existen múltiples cuestionamientos y dudas sobre el futuro gobierno de Fuerza Popular. Desde las acciones realizadas por su bancada en el Legislativo en los diferentes mandatos hasta los recuerdos del régimen de su padre Alberto, diversos sectores advierten sobre los riesgos que podría enfrentar la institucionalidad democrática. Por ello, conversamos con el exprocurador ad hoc del caso Fujimori-Montesinos, José Ugaz.
Hay quienes señalan que al fujimorismo lo único que le faltaba era el Ejecutivo, ¿está de acuerdo con dicha afirmación?
Es evidente que Fuerza Popular ha tenido —incluso en periodos anteriores— un control absoluto donde tenía la mayoría total del Legislativo, con la que pudo, desde la oposición, contribuir a la implementación, aprobación y ejecución de políticas y de leyes. Hay analistas que han denominado un pacto en el que el fujimorismo estuvo en alianza con otras instituciones que han sido determinantes para la toma de decisiones en el desarrollo del país en los últimos años.
¿Como en qué casos?
La designación de magistrados del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, de la Junta Nacional de Justicia, de la SUNEDU… todas estas instituciones han venido jugando un papel bastante cuestionado en la toma de decisiones.
De hecho, el Tribunal Constitucional le ha quitado la iniciativa de gasto al Congreso…
Y su cambio de posición sobre ello ha sido ahora que se cambia de régimen. No hay forma de obviar el hecho de que Fuerza Popular ha co-gobernado con varios mandatos anteriores, ha tenido acuerdos con bancadas en el Congreso y, de alguna manera y de la mano con otros partidos, ha tenido injerencia directa con instituciones que, en teoría, deberían ser independientes.
¿El Tribunal Constitucional seguirá operando de esta manera en los próximos años?
El próximo año hay cambio de magistrados, así que esperemos que haya un saneamiento, porque esa elección ha sido también cuestionada. Además, creo que la orientación de los fallos de los magistrados del Tribunal Constitucional expresan esa crisis interna que ha habido al interior de este órgano.
¿Todos votan en pared?
El magistrado Monteagudo siempre ha votado en discordia, y últimamente se ha sumado la magistrada Pacheco. Los dos tienen la mejor trayectoria y meritocracia no solamente en derechos, sino de integridad. Los demás han votado en decisiones sumamente cuestionadas.
El caso de Concepción Carhuancho, de Domingo Pérez o la destitución de Delia Espinoza, personas que han sido críticas con el fujimorismo, ¿no puede ser un aviso de persecución en los próximos años, como advierten algunos?
A eso me refería con la cooptación de la Junta Nacional de Justicia, la cual fue producto de un proceso muy cuestionado que estuvo a cargo del Defensor del Pueblo, otra institución atrapada por estas fuerzas políticas vinculadas de la corrupción, al crimen organizado. Esta JNJ está claramente digitada de manera política, con personas que carecen de facultades y méritos para una función tan delicada.
¿Y cuál es el fin?
Vienen aplicando un plan de vendetta política para descabezar a los órganos judiciales y fiscales que se oponen a los intereses de quienes han tenido hegemonía en el Congreso y en el Ejecutivo. Fuerza Popular ha sido parte de eso.
¿Qué opina de la Defensoría del Pueblo?
Nunca había visto que estuviera del lado de los perpetradores de las violaciones de derechos humanos, emitiendo informes defensoriales para respaldar la posición de quienes han sido condenados por hechos gravísimos.
Y la ley ahora está a su favor…
Ahí está Rospigliosi como presidente del Congreso, que ha sido uno de los principales promotores de leyes de impunidad, sin referirme a las leyes “procrimen”, de las que Fuerza Popular también ha sido parte de una manera sistemática.
¿Cómo ve los primeros 100 días de gobierno de Keiko Fujimori?
Eso va a depender de la presidenta. Si escucha a su entorno, y esperemos que así sea por el bien del Perú, abrirá espacio y dará oportunidad a otras fuerzas políticas. El reto del próximo gobierno es recuperar la institucionalidad y la tecnocracia que ha sido devastada por los gobiernos de Pedro Castillo, Dina Boluarte, Jerí y el actual presidente, Balcázar.
Hace un momento indicó que Fuerza Popular había cogobernado con mandatos anteriores, ¿cómo podría recuperar la institucionalidad devastada, como usted indica, si es ese mismo partido el que lo ha llevado a donde estamos?
Eso tendrá que explicarlo ella. La actual presidenta electa ha dicho públicamente que ella va a abrir los espacios para el gobierno, que va a revisar las leyes procrimen, que va a tomar opiniones de manera abierta y democrática. Eso es lo que ella ha ofrecido. No voy a especular como algunos que, por ser hija de Alberto Fujimori, la relacionan con las cosas que hizo. Tampoco voy a hacer una predicción y decir que tenemos que creerle al 100%.
Dentro de esos ofrecimientos que hizo Keiko, uno realmente curioso fue la revisión del indulto a Pedro Castillo. Ahora, con el comentado informe de las Naciones Unidas, ¿qué opinión tiene al respecto?
Aquí no se trata de un indulto humanitario, ha habido mucho ruido a raíz de un informe del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, que es una opinión no vinculante de un grupo que forma parte del Sistema de Naciones Unidas. Quienes le han planteado el pedido dicen que Castillo ejerció su libertad de expresión, y quienes vimos lo que dijo en televisión no podemos aceptar un argumento tan infantil.
¿Entonces no se puede realizar el indulto?
Todos vimos lo que hizo, y eso no puede ser considerado libertad de expresión. No hay condiciones legales para su procedencia, y eso ya lo ha dicho el presidente que está en funciones, que además es simpatizante de Castillo. Si no puede él es porque no se encuentran argumentos jurídicos para ello.
El año pasado, cuando sentenciaron a Vizcarra, recuerdo haberle preguntado su opinión y lo que señaló fue que, más allá del Ejecutivo y Legislativo, el Poder Judicial estaba a la altura de las circunstancias, ¿mantiene su afirmación?
Absolutamente. Creo que el Poder Judicial, con todos sus problemas, es el último elemento de contención democrática que queda en el país. Ellos han hecho referencia a cómo las instituciones han sido cooptadas y desnaturalizadas para ponerlas al servicio de intereses subalternos. Han mantenido la defensa de principios fundamentales del Estado de Derecho. Y los que han actuado, en ese sentido, están siendo perseguidos, algunos han sido incluso destituidos por esta JNJ que está digitada políticamente.
¿Qué otras instituciones también podríamos considerar?
En el ámbito económico, el Consejo Fiscal se ha convertido en una institución de alerta permanente para la irresponsabilidad de los políticos en el gasto público. Lo mismo ocurre con el Banco Central de Reserva. Creo, finalmente, que desde la sociedad civil también hay organizaciones que se han movilizado y han expresado su oposición y su crítica. Esto también se verá reflejado en el nuevo Congreso con su cámara de senadores y diputados.
Más allá de las instituciones, ¿qué le toca hacer a la ciudadanía en los siguientes años?
La ciudadanía acaba de cumplir un rol fundamental que es emitir su voto. Casi todos esos partidos —que ni siquiera habría que llamarlos así—, vinculados al crimen organizado, a la corrupción, a la demagogía y al populismo, han quedado fuera del juego. Allí está Podemos Perú, Alianza Para el Progreso, Acción Popular… remanentes de grupos que solo le han hecho daño al país. Ahora lo que toca es tener una actitud vigilante en defensa de los espacios democráticos.
