Las últimas leyes

A pocos días del cambio de legislatura, las últimas decisiones del Congreso, todavía unicameral, han conllevado reformas de amplio impacto. 

Por Alexia Alegría y Alexandra Jave

La creación del Colegio de Artistas, la posibilidad de que los policías y militares sean juzgados por su propio fuero, el establecimiento de más requisitos para tipificar un delito de lesa humanidad y el aún debate sobre la prohibición de la pesca industrial en áreas protegidas han sido parte de la agenda en los últimos días de vida del actual Parlamento. ¿Cuáles son las implicancias de esta legislación? ¿Por qué resulta problemática la ampliación de la función legislativa?

Las reformas que marcaron el cierre del Congreso

Con el fin de su mandato cada vez más cerca, el Congreso concentró la aprobación de una serie de normas de alto impacto que han marcado el cierre de su gestión. Mientras algunas reformas ya fueron promulgadas, otros proyectos considerados prioritarios quedaron pendientes y pasarán al próximo Parlamento.

Aunque cada iniciativa responde a objetivos distintos, varias han generado cuestionamientos por sus implicancias y por haber sido impulsadas en la etapa final de la actual legislatura.

• Fuero militar-policial

Una de las normas más debatidas fue la que amplía el concepto de delito de función, permitiendo que un mayor número de hechos cometidos por militares y policías durante el ejercicio de sus funciones sean conocidos por el fuero militar-policial. Sus impulsores sostienen que la medida busca brindar mayor respaldo a las fuerzas del orden frente a la lucha contra la criminalidad.

Sin embargo, el abogado y analista político, Rodolfo Pérez Osores, advierte que la norma modifica el criterio que el Tribunal Constitucional había desarrollado desde inicios de los años 2000. «Lo que hace esta norma es volver un poco al criterio antiguo e incluso ampliarlo un poco más. Se le está dando mayor discrecionalidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía», explica. 

Para Pérez, esta ampliación podría generar conflictos entre la jurisdicción militar y la justicia ordinaria, además de abrir la puerta a interpretaciones más amplias sobre qué casos corresponden a cada fuero.

A su juicio, ello representa un cambio importante respecto al modelo que el propio Tribunal Constitucional había desarrollado en sentencias anteriores. «Se le está dando mayor discrecionalidad a las Fuerzas Armadas y a la Policía, y eso va en contrapartida con la tradición peruana e incluso con la de otros países, donde el fuero militar tiene competencias mucho más limitadas”, complementa.

Aunque la norma fue presentada como una respuesta frente a la inseguridad, el debate continúa abierto y pone en discusión los límites constitucionales de la jurisdicción militar.

• Colegio de Artistas

Otra de las normas aprobadas en el tramo final de la legislatura fue la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú, una iniciativa que busca reconocer y organizar a quienes ejercen actividades artísticas. Aunque sus promotores sostienen que fortalecerá el reconocimiento de la profesión y la defensa de los derechos laborales del sector, su aprobación generó cuestionamientos por el procedimiento legislativo y algunos artículos incorporados durante el debate.

Uno de los principales reparos apunta al recorrido que siguió el proyecto dentro del Congreso. Para Rodolfo Pérez, resulta llamativo que no pasó por la Comisión de Cultura, sino por la Comisión de Educación. “Eso ya llama la atención porque el tema correspondía ser discutido por la comisión especializada», recalca.

El especialista sostiene que el debate también incorporó disposiciones ajenas al objetivo inicial del proyecto, entre ellas una modificación relacionada con personas inhabilitadas por el Congreso para integrar colegios profesionales. «Es una norma con nombre propio. Las leyes deben regular situaciones generales, no estar pensadas para una persona en particular», detalla.

Aunque la ley busca organizar el ejercicio profesional de los artistas, persisten las dudas sobre la forma en que fue aprobada y las implicancias que podría tener para un sector cuya actividad, por naturaleza, ha estado tradicionalmente alejada de esquemas de colegiación obligatoria.

• Lesa humanidad

Entre las últimas normas aprobadas por el Congreso, también figura la ley que incorpora cambios en el tratamiento de los delitos de lesa humanidad, una iniciativa que ha despertado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, juristas y familiares de víctimas del conflicto armado interno.

La norma establece nuevos criterios para la aplicación de este tipo de delitos en el ordenamiento jurídico peruano y ha sido interpretada por diversos especialistas como un posible obstáculo para los procesos judiciales que aún permanecen abiertos.

Según Pérez, el principal problema no radica en incorporar el delito al Código Penal, sino que «al plantear requisitos adicionales, lo que se está generando es, de alguna u otra manera, complejizar los procesos penales ya existentes e incluso generar liberaciones.»

El especialista recuerda que, anteriormente, ya se había intentado aprobar una amnistía para militares procesados por violaciones a los derechos humanos y considera que esta ley responde a una lógica similar.

Asimismo, sostiene que la duración de estos procesos obedece a la complejidad de las investigaciones y a que muchos de los hechos ocurridos durante las décadas de 1980 y 1990 no pudieron ser investigados oportunamente. «Lo que no puede ocurrir en ninguna democracia que se respete es estas sensaciones de amnistía y punto final, es decir, que se corten los procesos sin llegar a la verdad de los hechos”, aclara.

Para Pérez, el debate trasciende el ámbito jurídico y pone en juego el compromiso del Estado con la verdad, la justicia y los estándares internacionales de derechos humanos.

Los proyectos que el Congreso dejó en espera

Mientras el Congreso aceleró la aprobación de reformas, otras propuestas que llevaban años de discusión quedaron fuera de la agenda final. Entre ellas, figuran el proyecto para fortalecer la protección de la Reserva Nacional de Paracas y la Reserva Nacional Dorsal de Nazca, así como la nueva Ley MAPE, que debía reemplazar al REINFO. A ello se suma la creación del distrito de San Antonio, en Moquegua, una de las últimas normas aprobadas por el Parlamento antes de concluir su mandato.

Para el abogado y consultor parlamentario, Martín Cabrera, el problema no es que el Congreso siga legislando hasta el último día de sus funciones, sino que no haya definido una agenda clara sobre qué reformas debían priorizarse antes del cambio de Parlamento.

«Este Congreso que se está yendo debió haber tenido un plan, una agenda legislativa de cierre, donde se debieron haber priorizado una serie de temas, y todos con una mirada de política de Estado, de mediano a largo plazo», esclarece.

En esa línea, considera que proyectos como el de Paracas merecían una definición antes del cambio de legislatura, pues la Reserva Paracas viene hace bastante tiempo revisándose en comisión y con mucha espera en comisión. “Son asuntos que se están macerando en la comisión y son asuntos que no deberían, ni siquiera, estar pateando para el próximo Congreso”, detalla.

Para Cabrera, dejar estas iniciativas sin resolver implica que el próximo Parlamento deberá decidir si los desarchiva y reinicia su trámite, prolongando una discusión que ya contaba con años de trabajo previo.

A su juicio, ese contraste refleja las prioridades que marcaron el cierre de la actual legislatura: mientras algunas reformas avanzaron con rapidez, otras de largo aliento quedaron pendientes para el nuevo Congreso.

El meollo de legislar al último momento

El nuevo Parlamento bicameral entrará en vigencia a partir del 27 de julio, por lo que, de acuerdo con el Reglamento del Congreso, el que está de salida tenía como fecha límite el 15 de junio para realizar sus funciones legislativas. Sin embargo, el presidente de la institución, Fernando Rospigliosi, señaló que la actual legislatura se ampliaría hasta el 24 de junio.

Además, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de Resolución Legislativa que delega facultades a la Comisión Permanente para legislar hasta el 15 de julio. En ese sentido, según Pérez, este hecho genera conflictos debido a la naturaleza de este Congreso.

“Aquí hay dos problemas de fondo. Primero, que haya ampliado la legislatura, un Congreso que tiene tan poca legitimidad, que ha sido muy cuestionado, y en segundo lugar, que está integrado por partidos que en las últimas elecciones no han pasado la valla”, advierte.

Con 93%, el actual Parlamento es el más desaprobado en toda la historia republicana del país y solo los partidos de Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Renovación Popular han sido reelegidos para el periodo 2026-2031. En esa línea, nueve de las doce agrupaciones políticas que aún se mantienen en la legislatura no continuarán para dicha temporada, por lo que resulta problemático que estén sesionando en el Pleno y más aún en la materia en la que lo están haciendo.

“Este Congreso culmina su era el 27 de julio, fecha en la que se cumplen 31 años desde la primera sesión del Congreso unicameral, realizada en 1995. Este Parlamento debió tener un plan de cierre. Así como tuvo un plan de inicio con el Congreso Constituyente Democrático, que sirvió para enseñar el funcionamiento del sistema unicameral, también debió contar con una estrategia para culminar su etapa», señala Cabrera.

Sin embargo, estas no son las únicas observaciones. Dado que ya se llevaron a cabo la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y que el Jurado Nacional de Elecciones ya proclamó los resultados oficiales tanto de la plancha presidencial como de los senadores y diputados, también se cuestiona que el Poder Legislativo saliente continúe aprobando reformas de gran trascendencia.

“En parlamentos que están de salida, no se aprueba ningún tema importante, al menos, de trascendencia para el país después de las elecciones, porque ya hay una nueva configuración política, un nuevo Congreso que justamente goza de la legitimidad para hacer los cambios y las reformas que el país requiere”, concluye el abogado constitucionalista.