El gobierno entrante tendrá que gestionar un país partido en dos, donde la polarización, las injusticias y las brechas sociales se han profundizado.
Por Mauricio Mendoza y Rafael Ortega
Perú lleva una década cambiando de presidentes de manera constante. Desde 2016, el país ha tenido ocho jefes de Estado, un congreso disuelto, un autogolpe y múltiples protestas que dejaron consecuencias mortales. En ese trajín institucional, los problemas sociales —como era de esperar— se profundizaron, se transformaron y tomaron formas que las políticas públicas todavía no saben cómo responder ante ellas.
El próximo gobierno, sobre todo en un escenario que apunta a Keiko Fujimori como la figura más probable, hereda una deuda social acumulada que va más allá de los indicadores más afectados. Es decir, percibe una desconfianza extendida hacia el Estado y la clase política. Gobernar en ese escenario no es solo una cuestión de gestión; es, antes que nada, una cuestión de legitimidad y recuperar la confianza en el mejor de los casos.
Polaridad social
El Perú actual se considera una nación que discute estas problemáticas desde posiciones opuestas. La fractura que estalló en las protestas de 2022 y 2023 —con más de 60 muertos en su mayoría en el sur andino— no fueron un accidente político, sino el síntoma visible de una distancia que lleva años agravándose entre el Estado y los sectores de la población, ampliando aún más las brechas que existen hasta el día de hoy.
Esa distancia tiene cifras concretas. El informe más reciente de INEI indica que la pobreza monetaria es del 25.7% en el país, situándose todavía lejos del 20.2% registrado antes de la pandemia. Además, cerca del 70% de las personas en situación de pobreza reside actualmente en zonas urbanas.
La polarización, en ese sentido, no se limita a hablar solo sobre ideología. Para el antropólogo Carlos Aramburu, se apunta a algo que pocas veces se dice con claridad, sobre todo cuando se habla de sectores específicos de la población.
«Los problemas sociales están diseñados para manejar el tema de pobreza rural, hay pocos programas bien diseñados para manejar la pobreza urbana. Es un fenómeno nuevo para el cual todavía no hay una respuesta efectiva», señala.
Por otro lado, para Percy Castillo, exdefensor del Pueblo, el nudo central es institucional y también simbólico. La rotación permanente de presidentes y funcionarios ha impedido que cualquier política social eche raíces. Sin embargo, menciona que es importante también la sensación de la ciudadanía a lo largo del país —sobre todo en el sur, que fue muy afectado en los últimos años—, que sus demandas y sus situaciones no sean olvidadas.
“Ahora, lo primero que tiene que hacer quien ganó es trascender la mano hacia el otro sector y ver qué puntos de encuentro hay para poder justamente construir un destino común”, recalca el exdefensor del Pueblo. Mientras esas brechas no se reconozcan, complementa, cualquier intento de gobernar para todos seguirá siendo, en el mejor de los casos, una promesa a medias.
Consecuencias directas
La fragmentación de la ciudadanía se ha visto respaldada en los mismos resultados electorales. Desde hace una década, la diferencia entre el primer y segundo lugar en el camino a la presidencia ha sido bajo un margen muy corto.
En 2016, la distancia entre uno y otro fue de 41,057 votos, mientras que en 2021, Pedro Castillo superó a Keiko Fujimori por 44,263 votos. Para ponerlo en perspectiva, el futuro del país ha sido decidido básicamente por la cantidad de personas que pueden entrar en el Estadio Nacional. Ahora, el escenario parece ser igual.
“Estas elecciones muestran un país partido en dos y son opciones políticas marcadamente diferentes. Lo primero que tiene que hacer quien ganó es darle la mano hacia el otro sector”, explica el exdefensor del Pueblo.
Además, Castillo indica que si el próximo gobierno no logra dejar a un lado las distancias, lo que sigue es un mandato poco manejable y que estará marcado por la conflictividad social. “Lo que se requiere actualmente es superar esta división”, añade.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, solo en el primer mes de 2026 el país registró 193 conflictos sociales. Según su reporte, los problemas ocurrieron en Áncash, Junín, La Libertad y Lima Metropolitana, y en la mayoría de los casos sucedieron a raíz de disputas socioambientales. El escenario, en el 57% de los casos, presentaron al menos un hecho de violencia desde el día que iniciaron. Además, se presenciaron más de 200 sucesos de protestas en todo el mes.
El futuro gobierno también se encuentra bajo una serie de conflictos con diversos grupos que, en los últimos meses, han sido parte de la noticia. El paro agrario indefinido y el bloqueo de carreteras, acatados en mayo de este año, quedan como ejemplo de lo que pueden escalar estos problemas. Además, considerando la advertencia sobre un fenómeno del Niño de mayor nivel, los casos registrados pueden quedar cortos frente a la amenaza que se viene.
¿Qué hacer?
Ante la problemática generalizada, expertos de distintas organizaciones políticas e instituciones del Estado proponen diversas soluciones en busca de armonizar a la ciudadanía. Las propuestas vienen desde las mesas de diálogo hasta la aplicación de los servicios básicos; sin embargo, ¿cuáles deberían ser las prioridades pensando a corto y largo plazo?
“En primer lugar, se debería marcar una pauta sobre los procesos de justicia, por ejemplo, con los peruanos que perdieron la vida en las protestas de 2022-23 (…) Gran parte de la división está en que el sur considera que a Lima no le importan estas muertes, por lo que un buen gesto sería comenzar por allí”, destaca Castillo.
Además, el experto indica que también se debería aumentar el presupuesto en ejes importantes para la ciudadanía, tales como educación y salud, sobre todo enfocados en niños y niñas.
“Hay que distinguir entre lo urgente, lo necesario y lo indispensable. ¿Qué es lo urgente? En este momento es que ese nivel de pobreza exterior no empeore (…) El Niño global, sobre todo, va a causar sequías en el sur y lluvias intensas en el norte”, señala por su lado Aramburú.
De acuerdo con el especialista, una de las medidas que más debe considerar el próximo gobierno es atender el tema de la vivienda y la alimentación, en específico, en aquellas zonas vulnerables ante los cambios climatológicos.
El país vuelve a encontrarse con un gobierno en medio de un contexto de crisis de representación, tal como se ha vivido en la última década. Queda en manos del próximo mandato tomar acción para atender los puntos clave que la ciudadanía, en general, enfrentará en los próximos meses. Desde los conflictos políticos sin resolver hasta la amenaza de una crisis climática, cada acto del Estado podrá aumentar o disminuir la reacción de la ciudadanía.
