Los problemas del sistema de salud no afecta a todos por igual. Según un informe de IPE, los sectores más vulnerables de la población son quienes más padecen las carencias del Estado.
Por Rafael Ortega y Alexandra Jave
El sistema de salud ha sido, desde hace décadas, uno de los problemas más serios que enfrenta el país. Desde la falta de personal médico y administrativo hasta la deficiente llegada a distintas partes del Perú, el diseño de este servicio ha terminado por ser, de acuerdo con Amnistía Internacional, injusto.
Sin embargo, este problema no afecta a todos por igual. Un reciente informe del Instituto Peruano de Economía (IPE) señala que los sectores más pobres de la población destinan hasta 14 veces más de sus ingresos a medicamentos que los hogares más acomodados. En promedio, las familias gastan entre S/174 y S/222 al mes, lo que representa un 13.5% de la economía más vulnerable, frente al 0.9% de las familias con más recursos, hecho relacionado directamente con los fragmentados hospitales públicos que terminan por aumentar la desigualdad.
Las deficiencias
De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), en 2023, existían 25,242 establecimientos de salud activos a nivel nacional. Sin embargo, si se toma como ejemplo los puestos de primer nivel —también llamadas postas médicas— de los de los 8,783 que existen, un total de 8,297 se encuentran con capacidad inadecuada. Es decir, el 94.5% de los centros de baja complejidad no se encuentra en condiciones de ayudar.
“Desgraciadamente lo que encontramos es que el sector salud presenta un montón de carencias en abastecimiento de medicamentos, en insumos para atenciones básicas —sin decir que para operaciones complejas es peor—, que demuestran una incapacidad general para la gestión”, señala Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social. Además, indicó que otro problema que ha terminado por empeorar la situación se encuentra en la generalizada corrupción que es transversal a toda la jerarquía del sistema de atención.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, en 2025 el presupuesto para el sector salud superó los 30 millones de soles —equivalente al 12.1% de los fondos nacionales— y aumentó un 3% respecto a 2024. Sin embargo, las deficiencias obligan a que sean las familias las que solventen gran parte del problema. Cerca del 30% del gasto total en salud es financiado por los ciudadanos, y de ese porcentaje un 40% corresponde a medicamentos.
“Lo que estamos viendo son fallas en el sistema de salud para poder abastecer a la población que justamente está asegurada (…) es una atención inadecuada por parte del Estado”, señala Luciana Cáceda, economista del Instituto Peruano de Economía. Además, indicó que estas complicaciones terminan por trasladarse a las familias más vulnerables, quienes ante la falta del servicio público se ven obligados a recurrir a la oferta privada a pesar de su condición socioeconómica.
El sector más afectado
El acceso a la salud pública mantiene una brecha entre los distintos sectores socioeconómicos del país. Partiendo desde el ámbito económico, según Amnistía Internacional con base en la Encuesta Nacional de Hogares el 10% de los hogares más pobres invierte una cuota mayor en salud en proporción con sus ingresos totales, a diferencia de las familias con mayores recursos que gastan el 4%.
“Lo que eso revela es que hay una desproporción que las políticas públicas no logran corregir. Uno esperaría que un sistema de salud público garantice la cobertura del Seguro Integral de Salud y la atención gratuita a los ciudadanos que no cuentan con recursos para que puedan atender sus necesidades de salud sin necesidad de recurrir a lo que se llama gasto de bolsillo”, advierte Trivelli.
Sin embargo, este panorama no solo se mantiene en la destinación de los recursos económicos, sino que se traslada a la insuficiencia de la infraestructura pública. De acuerdo con el Repositorio Único Nacional de Información en Salud del Ministerio de Salud, la capital -que acoge al 33% de la población- concentra el 43% de las camas hospitalarias, es decir, el 77% de los habitantes cuenta con el 57%.
En ese sentido, la disponibilidad de este recurso presenta una brecha de desigualdad dependiendo de la región en la que un peruano se encuentre. El promedio nacional es de 9 camas por cada 10 mil habitantes, pero si el foco se detiene en las regiones el acceso a este disminuye. Tal es el caso de Cusco, ya que registra la capacidad de 2 camas por cada 10 mil habitantes.
El déficit en el diseño del sistema se ve amplificado, ya que según un estudio de Videnza Consultores más de dos millones de personas viven sin acceso a un diagnóstico de salud en zonas rurales, incluso, deben viajar hasta 3 días para ser atendidos.
No todos por igual
Sin embargo, el problema no se limita a la capital, sino que se viven situaciones mucho más duras en las demás regiones. Según el mismo IPE, en regiones como Loreto, Amazonas y San Martín, el gasto de los sectores más vulnerables asciende hasta el 29%. De acuerdo con el informe, son al menos 9 regiones que superan el promedio anual de desabastecimiento.
“Puede que el informe diga 14 veces más de gasto, pero es una proporción igual de pequeña. La gente de menores recursos trata de no ir al sector salud a menos que sea imprescindible, porque es muy caro”, señala Trivelli. La exministra también declara que, ante la insuficiencia de los centros preventivos —que son mayoritarios en regiones— los ciudadanos van a los espacios especializados, lo que genera un problema de gestión.
Según el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en departamentos como Puno, Piura y Loreto el 40% de las personas tienen necesidades médicas no atendidas, mientras que en Lima Metropolitana esa cifra se reduce al 23%. El documento también señala que la atención primaria en las zonas rurales es limitada, ya que no cuentan con especialidades básicas.
En definitiva, el sistema de salud no juega de la misma manera para todos, debido a la escasez de recursos y el déficit en los centros de atención. Queda en manos del Estado brindar la atención que las personas menos favorecidas y que no se encuentran en la capital necesitan.
