A menos de un año de las elecciones, las tensiones entre las diferentes fuerzas del Estado generan una duda cada vez más grande. ¿Qué asusta más, el Presidente o su Congreso?
Por Rafael Ortega y Matias Illescas
La inscripción de 43 partidos para las elecciones de 2026 sigue generando incertidumbre en la población respecto a quién gobernará al país por los próximos cinco años. Las encuestas empiezan a soltar los primeros resultados de intención de votos y los nombres de los posibles candidatos a la presidencia empiezan a estar en boca de todos. Sin embargo, la gran cantidad de agrupaciones implica una mayor cantidad de postulantes al Parlamento. Ante esta situación, todo indica que la cédula electoral deberá imprimirse en un papelógrafo, pero este no es el problema más importante.
En los últimos años, hemos visto cómo el Congreso ha tenido una serie de disputas con el Ejecutivo y el Poder Judicial. Esto no solo refleja una falta de colaboración, sino también un riesgo creciente de concentración del poder. En lugar de fortalecer la institucionalidad democrática, estas confrontaciones generan duda en la población y en los especialistas sobre la separación de los poderes del Estado. Ante esta situación, ¿qué figura representa un mayor riesgo, el presidente que será elegido, o el congreso que lo acompañará?
El primer poder del Estado
Más allá de la atención mediática que han tenido los presidentes desde 2021, el Congreso ha sido de las instituciones más cuestionadas por la ciudadanía. En los últimos años, se han impulsado y debatido una serie de leyes y proyectos que, según diversos especialistas, generan preocupación por su posible impacto en la institucionalidad democrática y en el equilibrio de poderes. Así lo señala el politólogo Jorge Aragón Trelles en una entrevista para Ojo Público, donde afirma que estos proyectos “han significado un retroceso a nivel de la institucionalidad del país”.
Entre las leyes aprobadas destacan modificaciones al referéndum, a la cuestión de confianza, propuestas sobre la reelección, cambios en la figura de la acusación constitucional, entre otras medidas que impactan directamente en la institucionalidad. A ello se suman normas que complican los procesos judiciales, como la llamada “Ley Soto”, la cual reduce el plazo de prescripción de los delitos y modifica los criterios de la colaboración eficaz o el proyecto de ley que busca restablecer la inmunidad parlamentaria.
Aunque estos principios no alteran directamente el equilibrio de poderes, especialistas advierten que podrían debilitar las investigaciones por corrupción. Para el analista político Fernando Tuesta, la situación es angustiante. “Es preocupante la forma en la que se ha desempeñado el Congreso. Claramente, es uno que ha buscado, con base en la modificación de normas, tener un peso mayor que el Ejecutivo y controlar la presidencia”, sostuvo en una entrevista para Nexos.
El control político del Ejecutivo, por lo tanto, se ve mermado por las modificaciones en la figura de la cuestión de confianza. En cambio, el Legislativo no ha enfrentado restricciones similares. Desde las elecciones de 2021, se han presentado tres mociones de vacancia contra Pedro Castillo: dos fueron admitidas a debate, pero no alcanzaron los votos necesarios para su aprobación, mientras que la tercera fue aprobada el 7 de diciembre de 2022. En el caso de Dina Boluarte, hasta la fecha se han presentado ocho mociones de vacancia y hay una más recopilando firmas, pero ninguna ha prosperado.
“Definitivamente, el poder del estado que tiene mayor fuerza el día de hoy es el Congreso de la República”, mencionó el politólogo José Alejandro Godoy en declaraciones para Nexos. Y es que, con todo lo mencionado, el Legislativo se posiciona como “el primer poder del Estado”, ya que, como recalcó el magíster en Ciencia Política, Fernando Bravo, “el Parlamento ha ganado más poder que los demás”.
Pared con pared
En los últimos años, los poderes del Estado parecen haber dejado de funcionar como contrapesos, tal como se concebía anteriormente. Hoy, tras la crisis partidaria, resulta muy difícil identificar bancadas realmente definidas o hablar con claridad de oficialismo y oposición. No sorprende, entonces, que la última encuesta del IEP, realizada en mayo pasado, muestre que el 37% de los encuestados considera que Keiko Fujimori tiene más influencia que el propio líder por quien llegó al poder la presidenta: Vladimir Cerrón.
“Dina Boluarte es una presidenta que no gobierna y que, además, sobrevive gracias al balón de oxígeno que le tiene puesto el Congreso”, destacó Tuesta. Por su parte, para Godoy, es difícil poder ver una posición diferente por parte del Ejecutivo si es que diariamente vive bajo la presión del Legislativo, que en cualquier momento puede tomar la decisión de quitar a la presidenta.
Ante esta situación, casi el 60% de la población, según la encuesta del IEP, considera que el Congreso tiene una gran influencia en el manejo del Estado. Sin embargo, en un escenario empañado por escándalos como el Caso Cirugías, el Rolexgate o la siniestra masacre en Pataz, la ciudadanía no ha encontrado dentro del Gobierno fuerzas reales que frenen una crisis que avanza de tumbo en tumbo y que no parece tener un final cercano.
“El gran daño a Boluarte, si es que lo que le interesa es gobernar, es la dependencia (…) El Congreso le puede observar leyes; sin embargo, al final, como que no pasa nada, y muchas veces juegan en pared”, indicó el analista político José Carlos Requena. En ese sentido, este considera que la estabilidad que existe actualmente representa la mediocridad en la que se muestran los poderes, los cuales se sostienen incluso bajo niveles de popularidad casi inexistentes. “La presidenta es más dependiente del Congreso que el Congreso lo es de ella”, añadió.
Esta dinámica de intereses compartidos ha llevado a una relación de conveniencia entre los poderes. El Congreso y el Ejecutivo mantienen lo que Requena llama “un cogobierno” con el que sostienen a la presidenta, ya que no cuenta con una bancada que la represente. Para Bravo, además, el Congreso “se ha asegurado que va a llegar a 2026” y manifestó que “se está llegando a una situación en la que se ha perdido ese equilibrio de origen teórico”.
Hacia las elecciones
Los pronósticos hacia el 2026 no son precisamente alentadores. Según la encuesta del IEP, a menos de un año de elegir a los próximos representantes de la patria, aproximadamente el 50% de los encuestados no confía en las nuevas elecciones. En un contexto donde el Congreso ha sido señalado como el principal responsable de favorecer intereses mafiosos —desde la minería ilegal hasta denuncias por trata de personas—, la reciente aprobación de la bicameralidad solo aparece como una raya más al tigre.
“Sin duda alguna, tan o más importante que la propia elección del Presidente de la República es la del Congreso en general”, indicó Godoy. Para el especialista, el escenario ahora tira la balanza hacia un grupo de senadores que tendrán muchísimo poder y que tendrán las posibilidades de nombrar a diferentes funcionarios en cruciales puestos del Estado. “Vamos a tener un Parlamento probablemente muy fragmentado y los grupos que hoy día lo controlan van a querer mantener sus influencias en general”, añadió.
Puntos similares plantea Tuesta, quien además considera que, para encontrar una salida desde la ciudadanía, se debe comenzar por la información. Para él, no es posible hallar una solución mientras los electores no sientan la necesidad de estar atentos a las acciones que se toman desde el poder. Ante la creciente preocupación por un Congreso que tiene, en sus palabras, “parlamentarios que responden claramente a intereses mercantilistas y de economías ilegales”, el punto de partida está en nosotros.
En lo que resulta una institucionalidad desgastada, una población desilusionada y un Congreso fortalecido por su propia capacidad de blindaje, las elecciones de 2026 se presentan no solo como una oportunidad democrática, sino también como una advertencia. Si algo ha dejado claro el actual escenario es que elegir al próximo presidente importa, pero entender y fiscalizar al Legislativo que lo acompañará es, quizás, aún más urgente. Una vez más, como cada cinco años, queda en manos de los ciudadanos definir el rumbo del país.
