Durante el periodo congresal 2021 – 2026, el Congreso de la República ha sancionado a 6 personajes que han ejercido la función pública, ¿cuáles fueron los argumentos?
Por Rafael Ortega Alva
En el transcurso de los últimos 5 años, el Congreso de la República ha inhabilitado a diferentes personajes que han desempeñado cargos importantes en el ejercicio de la función pública. En total, se cuentan con 8 casos aprobados por el Pleno contra 6 personas distintas vinculadas, principalmente, al sistema de justicia, figuras de gobierno y funcionarios con causas penales pendientes.
Para estar al tanto, la inhabilitación —que puede ser penal, política o administrativa— es una sanción que priva a una persona de ocupar un cargo público o impide el derecho al sufragio, así como a la participación en algún partido, movimiento o alianza. Dicha medida tiene un plazo máximo de 10 años y se determina por el mismo Congreso. Además, para ser aprobado este mecanismo, es necesario que se presente una denuncia constitucional que cuente con el apoyo de dos tercios del parlamento sin los votos de la Comisión Permanente.
Por ello, hacemos un repaso por cada uno de los casos aprobados por el Congreso: cuántos votos fueron a favor, en contra y abstención; qué bancadas promovieron las medidas; cuántos años se les impuso de sanción, y en qué contexto se desempeñaron. Además, reunimos algunos casos que quedaron en debate.
Los casos
De todas las inhabilitaciones realizadas por el Congreso, el caso de la excongresista de Fuerza Popular, Yesenia Ponce Villarreal, ha sido uno de los menos cuestionados por la opinión pública. La medida fue sustentada en el Pleno luego de que se le atribuyeran presuntos delitos de cohecho activo, falsificación de documentos y falsedad genérica.
En el caso de Martín Vizcarra —quien ya arrastraba una inhabilitación de 10 años impuesta por el Parlamento del periodo 2020-2021—, las decisiones sobre su futuro en la función pública generaron amplias críticas. Cabe recordar que, en 2019, el entonces presidente tomó la decisión de disolver el Congreso, dominado por una mayoría absoluta de Fuerza Popular. Además, pese a las sanciones impuestas en su contra, Vizcarra mantenía hasta el año pasado una alta intención de voto con miras a las elecciones de 2026.
Vizcarra fue inhabilitado por cinco años debido a una acusación relacionada con su gestión como exministro de Transportes y Comunicaciones. Posteriormente, recibió una nueva sanción de diez años vinculada al cierre del Congreso.
Este también protagonizó, en 2024, una de las votaciones más cuestionadas respecto a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia: Aldo Vásquez Ríos e Inés Tello de Ñecco. Las principales críticas se centraron en la participación del congresista José Luna Gálvez, de Podemos Perú, integrante de la Comisión Permanente, cuyo voto permitió alcanzar el número mínimo requerido para concretar la inhabilitación.
Ambos magistrados fueron acusados por presunta infracción a la Constitución y apelaron la decisión ante el Poder Judicial, que declaró improcedente la medida adoptada por el Congreso y ordenó su reposición. Sin embargo, posteriormente, con cinco votos a favor y dos en contra, el Tribunal Constitucional restableció la inhabilitación.
El caso más reciente es el de Delia Espinoza Valenzuela. La exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima se ha convertido en una de las figuras públicas más relevantes de los últimos años, especialmente por sus constantes enfrentamientos con el Congreso.
Entre los episodios más notorios destacan la solicitud de ilegalidad presentada contra Fuerza Popular por presunta «conducta antidemocrática», la denuncia contra once parlamentarios debido al supuesto delito de aprovechamiento indebido del cargo y el reciente proceso contra el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi.
El Congreso inhabilitó a Espinoza en diciembre de 2025 por una presunta infracción constitucional. Recientemente, volvió a ser sancionada a raíz de la acusación presentada contra los once congresistas.
El único caso de inhabilitación que posteriormente quedó sin efecto fue el de Zoraida Ávalos. El Parlamento la denunció luego de que suspendiera la investigación preliminar contra Pedro Castillo hasta el término de su mandato, decisión sustentada en la interpretación del Ministerio Público respecto a la inmunidad presidencial durante el ejercicio del cargo. Finalmente, la Corte Suprema ratificó el fallo a favor de Ávalos.
Sin votos
La lista de inhabilitaciones pudo haber sido mayor; sin embargo, algunos casos quedaron detenidos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y entre las denuncias debatidas en el Pleno, destacaron varios nombres.
El exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, fue denunciado por excongresistas de Acción Popular y por Zoraida Ávalos por los presuntos delitos de encubrimiento personal, encubrimiento real y otros.
La acusación se sustentó en supuestos actos de obstrucción relacionados con las investigaciones contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La votación concluyó con 53 votos a favor, 18 en contra y 9 abstenciones. Las bancadas de Renovación Popular, Avanza País y del fujimorismo inclinaron el resultado e impidieron alcanzar el número requerido.
Los siguientes cuatro nombres corresponden a un mismo periodo político: Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betssy Chávez Chino y Willy Huerta Olivas. En el caso de Torres, la acusación estuvo relacionada con una presunta infracción constitucional por las sesiones descentralizadas del Consejo de Ministros. Por otro lado, Castillo y sus dos exministros fueron denunciados por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Ninguno de los asuntos alcanzó el número mínimo de votos requerido.
Este será el último periodo legislativo integrado por 130 parlamentarios desde la reforma constitucional de 1993. A partir de las modificaciones aprobadas entre 2021 y 2026, el país retornará a un sistema bicameral: los diputados asumirán la facultad de acusar a funcionarios públicos, mientras que los 60 senadores tendrán la responsabilidad de emitir la decisión final.
