La reciente publicación del congreso vacío difundida por la congresista Susel Paredes ha reabierto el debate sobre qué tan presentes están los integrantes del Congreso peruano, y quién —si acaso hay alguien— responde por su ausencia.
Por Álvaro Urquizo
A pesar de ser citados a las diez de la mañana para la sesión del pleno, solo dos congresistas —de los ciento treinta— estaban presentes a la hora indicada. Las imágenes rápidamente recorrieron las redes sociales, evidenciando el malestar ciudadano frente a sus representantes en la cámara de legisladores.
Cuando en marzo de 2020 el mundo se paralizó por la pandemia del COVID-19, el Congreso del Perú, como la mayoría de instituciones públicas, tuvo que adaptarse a la coyuntura. Sesionar de manera presencial era inviable, por lo que se optó por la virtualidad, a través de la Resolución Legislativa del Congreso N° 002-2020-2021-CR. Sin embargo, años después de la conclusión oficial de la cuarentena, la ley seguía activa. ¿Por qué, después de tanto tiempo, nadie ha podido obligarlos a volver?
La norma que nadie derogó
La Resolución Legislativa que modificó el reglamento para permitir sesiones no presenciales estableció que dicha modalidad procedería “cuando ocurran circunstancias de gravedad que impidan el normal funcionamiento del Congreso”, pero nunca precisó quién o cómo se determinaría cuándo esas circunstancias existían y, en especial, cuándo dejaban de hacerlo.
Por ello, cuatro años después de superada la emergencia sanitaria, el debate sobre la presencialidad seguía abierto. En abril de 2024, la Junta de Portavoces acordó por unanimidad volver a la presencialidad obligatoria. No obstante, para junio de 2025, el pleno de este aún vigente periodo unicameral ya sesionaba nuevamente en su mayoría desde la virtualidad, a pesar de que el acuerdo existía.
En ese contexto, Martín Cabrera, abogado y consultor especialista en asuntos parlamentarios, señaló que ese retorno silencioso a la digitalización no responde a una falla normativa, sino a una decisión política no documentada. “Ha tenido que haber algún acuerdo político, algún arreglo a nivel de los grupos parlamentarios para tolerar eso”, complementó Cabrera, haciendo referencia a la decisión de seguir legislando de manera virtual.
Asimismo, en un escenario como el electoral, Cabrera destacó que la mayoría de bancadas optó por priorizar la movilización política sobre el trabajo legislativo presencial, y lo hizo sin dejar rastro alguno, sin comunicar de manera pública dicha decisión o acuerdo al que se llegó.
Sin embargo, la virtualidad no explica todo. Detrás del pleno vacío que difundió Susel Paredes, se encuentra otro problema: congresistas que simplemente no asisten, ni presencial ni virtualmente. ¿Qué consecuencias tiene legislar así?
Lo que se pierde tras la pantalla y tras la silla vacía
La virtualidad no es solo cuestión de estar físicamente. Cuando el debate parlamentario va por esta vía, cambia algo más difícil de medir. En una entrevista para RPP, Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, sostuvo que, si bien la virtualidad puede ser útil para reuniones de trabajo, el debate legislativo propiamente dicho exige presencialidad, pues en él intervienen elementos como el lenguaje corporal, algo que una pantalla no puede replicar.
Para Cabrera, el problema no es la virtualidad en sí misma, sino su uso indiscriminado. «Utilizar el mecanismo de las sesiones de comisión o plenarias virtuales afecta tremendamente la transparencia y los niveles de confianza que el parlamento debe mantener, porque este no termina garantizando la calidad del debate y la discusión”, recalcó el experto.
En esa línea, Mauricio Soto Maceda, analista político de 50+Uno, portal especializado en monitoreo legislativo, describió que “se ha visto en el hemiciclo que, a veces, cuando toman lista los congresistas, ni siquiera saben qué están votando”. Asimismo, resaltó que los asesores tienen que decirles en ese mismo momento el proyecto que se está debatiendo, y muchos cambian su voto. Es decir, ello deteriora directamente la relación entre el ciudadano que busca representación y el que lo representa en el parlamento.
Detrás de esa ausencia, hay una lógica estratégica. Muchos congresistas optan por reunirse con sindicatos, grupos de trabajo o sus propios votantes antes que asistir al pleno, priorizando la construcción política de cara a una futura campaña sobre su labor legislativa inmediata.
El resultado es un Parlamento que cumple los formalismos, sin garantizar que ese proceso sea de calidad. No obstante, más allá de la virtualidad o la ausencia, el problema real va más del lado político: un Congreso que puede no aparecer, votar sin saber qué aprueba y seguir funcionando como si nada, es uno que ha perdido el vínculo con quienes lo eligieron.
Sin sanción real
Más allá del impacto en la calidad del debate, aún existen dudas respecto a la sanción que reciben los funcionarios al no ejercer su cargo. La norma establece descuentos progresivos según el porcentaje de votaciones a las que el congresista no asiste. Si falta al 40% de las votaciones del día, se le descuenta el 40%; si supera el 50%, pierde la remuneración total de ese día. En teoría, esto funciona, aunque en la práctica no es suficiente.
Entre mayo y octubre de 2024, 78 legisladores acumularon descuentos por un total de 100 mil soles por inasistencias injustificadas, pero esa cifra no parece disuadirlos por completo. “Los congresistas, además de recibir sueldos e incentivos, tienen otros ingresos. Esto (el salario) termina siendo una porción mínima de lo que reciben”, señaló Soto.
Cabrera, por su lado, lo grafica con una analogía directa. “Es como el niño que no quiere ir al colegio. Si el papá le dice ya no vayas, el niño hoy no va, la siguiente semana falta más días, y al siguiente mes ya quiere hacer todo virtual”, explicó el experto. Para él, la única sanción que tendría efecto real es la suspensión de funciones.
“No solamente lo castigues económicamente. Suspéndelo siete días, diez días, un mes. Porque hoy el congresista puede no ir, le descuenta su plata, y sigue siendo congresista y ejerciendo plenamente sus atribuciones”, añadió.
Para ambos especialistas, parte de la solución pasa también por la transparencia. Soto propuso que el Congreso publique mensualmente una lista de los legisladores con mayor ausentismo en comisiones. Cabrera apuntó al mismo problema: si los acuerdos sobre presencialidad se revierten sin comunicación pública, el ciudadano no tiene forma de exigir rendición de cuentas.
La desaprobación del Congreso, que el Instituto de Estudios Peruanos registra históricamente por encima del 80%, no es ajena a este patrón. Para Soto, la ciudadanía ya está respondiendo, dejando a varios partidos que controlan el Congreso saliente sin inscripción a partir de enero. A largo plazo, apunta a la reelección como el incentivo que podría cambiar el comportamiento parlamentario. “La inasistencia es un gesto que es mal visto ante la ciudadanía”, indicó.
Así, un Congreso que no asiste, que vota sin saber qué leyes se aprueban y que no enfrenta consecuencias reales no es solo un problema de gestión interna, sino que indica una fractura entre la institución y los ciudadanos que representa. Pese a que existan las reglas y mecanismos, lo que falta es la propia voluntad política de hacerlos cumplir.
