A pocos días de elegir una nueva autoridad para la capital del país, la deuda que podría pagar la Municipalidad de Lima excede los 400 millones de dólares.
Por Mauricio Mendoza y Alvaro Urquizo
Este domingo 4 de octubre, Lima elegirá al alcalde que asumirá una nueva gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). La persona responsable se encargará de arbitrajes perdidos y una deuda superior a los S/ 5.000 millones. En las últimas semanas se conocieron dos decisiones, el caso Rutas de Lima y un fallo del Tribunal de Apelación de París a favor de la empresa Lima Expresa.
El Consejo Fiscal (CF), en uno de sus informes del mes de agosto, calculó que la MML tiene pasivos firmes por laudos y sentencias de S/ 993 millones, de los cuales S/ 312 millones aún no figuran en su balance de deuda. A ello se suman pasivos contingentes por casi S/ 5 millones, que dependen de procesos abiertos. Y solo los casos con Rutas de Lima suman S/ 1.500 millones, que ya son un caso juzgado.
Pagos pendientes
El primer arbitraje con Rutas de Lima ordenó pagar cerca de S/ 216,8 millones por la afectación del cobro en el peaje Chillón entre 2016 y 2019. Contando el segundo proceso (por un reajuste de tarifas y bajo intereses), ambos sumaron alrededor de US $200 millones. Una corte de apelaciones de Estados Unidos confirmó estos laudos y la MML no logró frenar su ejecución.
Por otro lado, el laudo parcial de junio de 2026 declaró, por mayoría, que la MML incumplió parcialmente la entrega de terrenos del tramo Ramiro Prialé. También determinó que la terminación unilateral de enero de 2023 no respetó el contrato ni la legislación peruana, por ello, el monto de la indemnización se fijará en una etapa posterior. Rutas de Lima reclama aproximadamente S/ 1.516 millones, pero esa cifra es solo una pretensión de la empresa.
En ese sentido, el Tribunal Arbitral rechazó otras tres intenciones del caso Rutas de Lima, que sumaban unos US $97,6 millones, y ordenó a la MML reembolsar más de S/ 2 millones, por el 50 % de los costos del arbitraje. En el caso Lima Expresa, el Tribunal de Apelación de París rechazó anular el laudo parcial de enero de 2024, que fijó una compensación inicial de más de US $46 millones, y condenó a la MML a pagar € 200.000.
Al respecto, Óscar Schiappa-Pietra, abogado especialista en derecho internacional económico y planeamiento de países, argumentó que esta situación tiene un carácter sumamente jurídico. Señaló que es sumamente grave que Rafael López Aliaga, quién perdió el caso del tramo Ramiro Prialé y Rutas de Lima, “desconozca cosas tan básicas como que los contratos expresan la voluntad de las distintas partes, por lo tanto no se pueden rescindir unilateralmente”.
Desde una perspectiva política, el politólogo Eduardo Salmón comentó en entrevista para este medio que “los contratos no se violan y los platos rotos de actuar de manera unilateral y prepotente con una empresa la pagan los limeños”, porque “por más que no nos haya gustado el contrato, hay que cumplirlo”.
En adición, señaló que este tipo de arbitrajes se suelen perder debido a cómo funcionan los contratos, por lo tanto, se deja mucho espacio a la corrupción. “La selección de los abogados, sobre todo los bufetes, dan pie a actos corruptos en los arbitrajes, porque la verdad es que cualquier estudiante de Derecho sabe que esos casos son perdidos”, declaró el politólogo.
Los platos rotos
Para Schiappa-Pietra, el caso debe leerse fuera de cualquier disputa partidaria, pues se trata de un asunto eminentemente legal. Un contrato expresa la voluntad de las partes que lo firmaron, por lo que ninguna puede dejarlo sin efecto por decisión propia. Sin embargo, cuando quien lo hace es una entidad pública, el problema se traslada hacia la ciudadanía. «Los costos de este tipo de decisiones totalmente ilegales al final los vamos a terminar pagando los contribuyentes, los ciudadanos de Lima», advirtió.
El efecto fiscal se suma a la deuda por bonos. Según el CF, el saldo de deuda total de la MML llegó a S/ 5.045 millones, equivalente al 347,6 % de sus ingresos corrientes promedio.
Además, el CF indica que la MML sigue exceptuada de las reglas fiscales por tener calificaciones crediticias locales altas, y considera inadecuado basar excepciones en esas mismas.
También hay un costo reputacional. Para Salmón, respetar los contratos es una condición básica para cualquier persona o institución, y romperlos tiene un efecto directo sobre la confianza de quienes buscan invertir. «¿Cómo incentivas a la inversión privada si estás en un país en donde no se respetan los contratos? ¿Qué garantías tienes de inversión? Ahuyentas más bien la inversión», cuestionó.
Schiappa-Pietra identifica tres niveles de responsabilidad. El primero recae directamente en López Aliaga, como alcalde al momento de la decisión. El segundo corresponde a la municipalidad como institución, pues el Concejo Metropolitano debió ejercer un control más efectivo, aunque los regidores de su partido tenían mayoría. El tercero apunta al gobierno central, al que el especialista atribuye negligencia por no tomar medidas para prevenir una situación tan costosa.
Asimismo, sostiene que quienes originan estas pérdidas deberían asumir sus consecuencias de forma automática. «La Municipalidad de Lima debiera estar obligada a repetir contra el señor López Aliaga por los costos que sus decisiones terminen originando», explicó el especialista.
Sin embargo, la MML sostiene otra lectura. En un comunicado indicó que obtuvo resultado favorable en tres de las cinco pretensiones de Rutas de Lima, lo que ahorraría cerca de US$ 100 millones más los intereses. También señala que, tras el abandono de las vías por Rutas de Lima en diciembre de 2025, se ejecutó una carta fianza por US$ 40 millones. Respecto al tramo Ramiro Prialé, sostiene que no corresponde indemnizar por culpa de ambas partes.
Para Salmón, no obstante, el argumento de fondo de la municipalidad no se sostiene. La MML ha justificado su postura alegando corrupción en el contrato, pero, según explicó, mientras no exista una sentencia firme que lo pruebe, esa sospecha no habilita a romper el acuerdo. Así, aunque la municipalidad logre reducir el monto final, el origen del problema sigue siendo la misma decisión ¿Qué le espera, entonces, a la nueva gestión que asuma el próximo enero?
Una herencia pesada
Quien llegue a la alcaldía recibirá dos cargas al mismo tiempo. Para Schiappa-Pietra «La próxima gestión va a asumir con una tremenda deuda en virtud de los financiamientos, los bonos que emitió la gestión del señor López Aliaga, a lo que se suma ahora la pérdida de estos arbitrajes», señaló.
«La próxima gestión va a asumir con una tremenda deuda en virtud de los financiamientos, los bonos que emitió la gestión del señor López Aliaga, a lo que se suma ahora la pérdida de estos arbitrajes, que también es una enorme carga financiera sobre la municipalidad. Todo tipo de potenciales contrapartes, inversionistas extranjeros, etcétera, van a dudar muchísimo de suscribir contratos con la Municipalidad de Lima porque los laudos arbitrales quedan registrados a nivel internacional (…) y van a ser citados como precedente negativo. Así es que el peor escenario no podría recibir una nueva administración municipal», sostuvo.
El CF detalla que el programa de bonos sumó S/ 4.000 millones en cuatro emisiones: S/ 1.205 millones en diciembre de 2023, S/ 1.250 millones en septiembre de 2024, S/ 1.300 millones en junio de 2025 y S/ 245 millones en septiembre de 2025. El Instituto Peruano de Economía estima el saldo de deuda en cerca de S/ 5.400 millones al segundo trimestre de 2026, frente a unos S/ 1.400 millones en 2022.
En otras palabras, la gestión que entrará próximamente se verá envuelta en una deuda difícil de pagar. Salmón va más allá y anticipa que esa carga reducirá el margen para ejecutar incluso las obras más básicas. «Vas a tener que pedir ayuda al Papá Estado Central porque ni siquiera vas a tener dinero para cubrir tu planilla», advirtió.
Frente a ese escenario, el especialista descarta repetir el error. Si un contrato resulta inconveniente, la única salida es renegociarlo, lo que exige motivar a la otra parte a aceptar un nuevo acuerdo. Mientras tanto, la municipalidad tendría que buscar otras fuentes de recaudación o recortar gastos. «Sería tonto meterte en otro incumplimiento de un contrato», concluyó.
Así, quien asuma la alcaldía no solo heredará una deuda que se pagará durante años. También recibirá obras a medio camino, una calificación crediticia más baja y laudos que pesan sobre la reputación de la ciudad. Lo que haga con ese margen reducido definirá si Lima vuelve a pagar los platos rotos.
