Las medidas urgentes que se deben tomar tanto en Lima como en el resto del país para enfrentar la inseguridad y el Fenómeno El Niño comprenden ciertos límites entre lo que puede hacer la alcaldía y el Ejecutivo.
Por Alexandra Jave y Matias Illescas
Este domingo 4 de octubre se celebrarán las elecciones regionales y municipales de este año. En ellas se elegirá a un nuevo alcalde de cada ciudad y a los representantes de las diferentes regiones del país. A lo largo de la campaña electoral, cada candidato ha manifestado una serie de propuestas para ganar el voto de los electores, pero ¿hasta dónde llegan las competencias del alcalde y dónde empiezan las del gobierno?
Inseguridad y Fenómeno El Niño
La inseguridad ciudadana es una de las problemáticas que ha tenido una repercusión a gran escala tanto en los limeños como en los peruanos. Según la encuesta de Datum Internacional realizada entre el 19 y 25 de septiembre, el 76 % de los ciudadanos en el país se siente inseguro. Entre el 28 de julio y el 21 de septiembre el Sistema Informático Nacional de Defunciones registró 308 homicidios, es decir, cinco asesinatos por cada día.
A nivel de Lima Metropolitana, la encuesta de agosto realizada por Ipsos indica que el 71% identifica a la delincuencia e inseguridad ciudadana como unos de los tres principales problemas que aquejan a la capital.
En ese sentido, tanto la gestión municipal como la gubernamental pueden ejecutar ciertas acciones, pero diferenciadas. Por lo mismo, el límite que tienen los municipios regionales y provinciales recae en lo que la ley orgánica señala en este ámbito.
“La seguridad nacional depende de manera exclusiva del gobierno central, del poder ejecutivo, pero lo hace en coordinación con la necesidad que cada gobierno regional tiene, o incluso que cada municipalidad tiene”, señala Erick Urbina, abogado constitucionalista. Otro ejemplo que responde a la administración del Ejecutivo es el sistema de inteligencia, según indica el abogado experto en derecho constitucional y municipal, José Tello.
Sin embargo, debido a la ola de criminalidad que azota a Lima, varios de los candidatos a la alcaldía han planteado propuestas que en este momento están fuera del marco competencial de la municipalidad. Por ejemplo, la creación de una policía municipal metropolitana. Cambios como este “tendrían que ser susceptibles de reforma o modificación. No es automático, como algunos sostienen”, asegura el especialista.
Lo que actualmente está en las facultades de la municipalidad es el serenazgo, el cual de acuerdo con la ley 31297 tiene como funciones habilitadas el patrullaje municipal e integrado con la Policía Nacional del Perú (PNP), atender emergencias y ejecutar la vigilancia vecinal. A diferencia de la PNP, que dentro de sus principales tareas están garantizar y mantener el orden interno, investigar delitos, control fronterizo, tránsito y seguridad vial.
No obstante, la inseguridad no es el único tema de urgencia sobre el cual se necesita tomar acción. El Fenómeno El Niño (FEN) es un asunto que también ha sido tema de discusión entre las propuestas de los candidatos a la alcaldía. Varios de los postulantes han señalado la descolmatación de los ríos como medida preventiva para evitar el desborde de estos. En efecto, esta es una acción que puede ejecutar tanto entidades públicas como la Autoridad Nacional del Agua como los municipios regionales.
Es más, “quien debe de atender primero las necesidades son los gobiernos municipales y los regionales, que para ello tienen recursos, incluso porque ellos son los que saben perfectamente la geografía de su circunscripción y de los fenómenos que ellos sufren”, señala Urbina.
Pero, el Ejecutivo puede movilizar recursos y capacidades nacionales cuando la emergencia supera las capacidades locales/regionales. En ese sentido, el Gobierno tiene un rol subsidiario, es decir, quien debe atender primero las necesidades de los municipios, de los gobiernos regionales, son justamente sus autoridades locales o regionales, y de manera subsidiaria, cuando no llega el gobierno local o cuando no se da abasto, es el Poder Ejecutivo quien atiende esas necesidades.
Transporte y corrupción
En el ámbito de transporte, los principales problemas en Lima y otras ciudades son el tráfico intenso, el deficiente transporte público y toda la pérdida de tiempo que esto genera. Además, la situación disminuye el nivel de calidad de vida que terminan teniendo las ciudades. En la capital, en promedio se pierden 195 horas al año en tráfico, según el TomTom Traffic Index 2025, mientras que Arequipa es la segunda ciudad con mayor porcentaje de congestión de Sudamérica según el mismo estudio.
Ante esto, los candidatos a alcalde han propuesto algunas medidas como la eliminación de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), la transferencia de sus competencias a la Municipalidad de Lima, la construcción de Líneas de más Metro, hacer corredores para buses o ampliaciones de las pistas. Pero no todas estas medidas entran dentro de las capacidades de la Municipalidad.
Así lo considera Tello, quien explicó para Nexos que «todo lo que tenga que ver con el tratamiento técnico de lo que es el transporte lo maneje la ATU, definitivamente, porque no es algo que se maneje a nivel municipal. Y, además, también se politiza mucho cada cuatro años».
En 2018 se creó la ATU como un organismo técnico especializado adscrito directamente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) con el fin de integrar, planificar y articular el transporte público de pasajeros. Sin embargo, a lo largo de estos años de funcionamiento, la institución no ha estado exenta de críticas por su lentitud para ejercer reformas y su presunta ineficiencia institucional.
Pero la eliminación de la ATU no está dentro de las capacidades del alcalde. La ley que creó la ATU solo puede ser derogada mediante el Congreso, por lo que la propuesta de eliminarla o transferir sus funciones no depende del burgomaestre. Por otro lado, sobre la propuesta de la construcción de nuevas líneas de metro, la responsabilidad recae únicamente en el Gobierno Central, específicamente en el Ministerio de Transportes y la ATU, por lo que el alcalde no puede actuar sobre esto tampoco.
Donde sí puede intervenir es en la ampliación de pistas, distribución de carriles y otras reformas de tránsito de ese tipo. Puede organizar y distribuir la infraestructura vial metropolitana y gestionar el tránsito de peatones y vehículos particulares, construir ciclovías, y gestionar las multas y papeletas.
Los candidatos también han hecho muchas propuestas alrededor de la lucha contra la corrupción. Muchos han considerado digitalizar procesos, simplificar trámites o fiscalizar los estados financieros municipales, y todo eso entra dentro de las competencias del alcalde. Sin embargo, algunas ideas como hacer seguimiento patrimonial o mejorar la fiscalización y sus sanciones podrían chocar con las responsabilidades de la Contraloría General de la República.
Los alcaldes pueden gestionar la corrupción a través de los criterios que se usan para determinar la aprobación de proyectos o de reducir procesos pero no puede operar fuera del marco de la Ley Orgánica de Municipalidades.
Las competencias varían, pero en general, el límite de las municipalidades está en las labores de otras instituciones del Estado. Hay cuestiones que son responsabilidad de la Policía y le corresponden, por lo tanto, al Ejecutivo, o responsabilidad de la ATU o del Ministerio de Defensa, pero el trabajo de la alcaldía quedará en las acciones que pueda tomar únicamente dentro del territorio de su jurisdicción.
