¿Qué explica que un partido con escaños en el congreso pierda su inscripción por falta de representación en algunas zonas?
Por Alvaro Urquizo e Igor García
Aunque agrupaciones como el Partido del Buen Gobierno y Obras lograron superar la valla electoral en las elecciones para el Congreso bicameral, probablemente perderían —junto a decenas de organizaciones como el Partido Aprista o el PPC— la inscripción al no presentar el número mínimo de candidaturas exigidas por ley para los comicios regionales y municipales. Esta omisión legal ha puesto en fase crítica la supervivencia de varias organizaciones políticas.
Sin embargo, esta falla no responde a coyunturas, sino a algo más estructural en la construcción de los partidos políticos en el país. Ninguna de esas organizaciones logró sostener presencia a largo plazo, y varias tampoco lo intentaron. En ese contexto, lo que la ley está por cancelar no son partidos que fracasaron, sino estructuras que nunca existieron del todo. ¿Qué son realmente los partidos políticos en el Perú?
País sin partidos
La afirmación de que en el Perú no hay partidos políticos no es nueva en sí. Para Alex Huerta-Mercado, antropólogo y docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, lo que realmente compite en una elección presidencial dejó de ser hace tiempo una organización política en el sentido tradicional. “El Perú hace tiempo que ha dejado de tener partidos”, sostiene. Lo que quedó en su lugar es algo más individual. “Estamos hablando de un caudillo, estamos hablando de un personaje”, comenta.
Tiempo atrás, hubo un momento en que la política peruana se organizaba alrededor de proyectos que sobrevivían a sus fundadores y que se enfrentaban entre sí por sus ideales y convicciones. Lo que se defiende hoy, en cambio, ya no es un programa, sino a la persona por la cual se eligió.
«Entonces, no es como antes, que se podría decir que había una ideología que generaba esto. La hay, sí, pero en casos muy limitados. No podemos hablar como antes, que se hablaba de aprismo versus Acción Popular o Izquierda Unida. No hay eso», afirma el antropólogo y docente.
En esa línea, lo que reemplazó a esas estructuras rara vez nace de una convicción, pues nace de una coyuntura. En 1987, tras una serie de medidas adoptadas por el gobierno de Alan García, se dio origen al Movimiento Libertad y, con él, al Frente Democrático. En 2023, en pleno estallido de las protestas contra Dina Boluarte, apareció Ahora Nación, liderado por el entonces rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, Alfonso López-Chau.
Sin embargo, su origen no determina en cómo acaba. Casos como el peruano con el partido del casco o incluso la organización política Podemos en España, la cual nació como respuesta a una serie de coyunturas y acontecimientos en el país ibérico, lograron asentarse como organización política a lo largo del tiempo.
De esta manera, la coyuntura explica cómo nacen estas organizaciones, no por qué permanecen. Un partido que aparece como reacción podría, en teoría, disolverse una vez pasada la circunstancia que lo convocó. Que no ocurra, y que en cambio sigan apareciendo en cada elección, cambian las cosas. ¿Qué factores permiten la creación masiva de partidos políticos en el Perú?
Más partidos, menos exigencias
A mediados de 2024, llegaron a existir 60 organizaciones políticas preinscritas con miras a las elecciones generales de 2026. Sin embargo, tras culminar el proceso, solo 36 lograron obtener su inscripción. Este escenario fue consecuencia de las modificaciones introducidas en la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) durante los últimos años.
La primera reforma fue promulgada en 2019 por el entonces presidente Martín Vizcarra. La norma reemplazó la presentación de firmas de adherentes por una relación de afiliados equivalente al 0.1% del padrón electoral del último proceso de elecciones, es decir, alrededor de 24,800 personas. Este requisito debía cumplirse para inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).
No obstante, a inicios de 2024, el Congreso modificó nuevamente la LOP y restableció la exigencia de presentar 531,412 firmas de adherentes para la inscripción de partidos políticos, cifra equivalente al 3% de los ciudadanos que votaron en las elecciones generales de 2021.
En los últimos meses, además, el Congreso aprobó otras modificaciones a la normativa. Entre ellas, endureció las causales para cancelar la inscripción de los partidos y los excluyó de la responsabilidad penal, por lo que una organización política ya no puede ser disuelta, suspendida ni considerada una organización criminal por los delitos cometidos por sus dirigentes.
“Formar instituciones en el país es difícil y, encima de eso, se les ponen trabas por cuestiones que tienen que ver con una regulación que restringe la participación. Deberíamos repensar la legislación y creo que, lamentablemente, en los últimos diez o quince años esto se ha vuelto más punitivo y restrictivo”, recalca el analista político José Carlos Requena.
Fragmentación sin frenos
Producto de estos cambios normativos, las últimas elecciones presidenciales registraron la mayor cantidad de organizaciones políticas en la historia republicana: 36 en total, superando el anterior récord de 23 partidos inscritos en 2021. Aquellos comicios ya habían mostrado una notable fragmentación: nueve partidos concentraron el 90% de los votos en primera vuelta, con apenas 13.28 puntos porcentuales de diferencia entre el primer y el noveno lugar, mientras Perú Libre y Fuerza Popular avanzaron a segunda vuelta con 18.92% y 13.41%, respectivamente.
En las elecciones actuales, el panorama cambió poco: los nueve partidos más votados concentraron el 90.26% de los votos válidos, y la diferencia entre el primer y el noveno lugar fue de 13.84 puntos. Esta vez, Fuerza Popular y Juntos por el Perú lideraron la primera vuelta con 17.19% y 12.04% de los votos respectivamente, cifras ligeramente menores a las de la elección anterior, lo que confirma que la fragmentación e indecisión del electorado se mantienen como una constante.
“Termina representando a los que los elegidos creen representar, y no necesariamente a la población. Como son el voto de los profesores, o el voto de los choferes, o el voto de los sindicatos el que les permite conseguir un escaño, el elegido termina sintiéndose representante de esos grupos y no de la población que habita un espacio geográfico determinado”, comenta Requena.
En medio de este escenario fragmentado, el Partido del Buen Gobierno y el Partido Cívico Obras lograron entrar al nuevo Congreso bicameral: el primero con 18 diputados y 7 senadores, y el segundo con 14 diputados y 5 senadores. Sin embargo, pese a haber ganado representación parlamentaria, ambos quedaron por debajo del requisito legal vigente en ese momento para las Elecciones Regionales y Municipales de octubre de 2026 —presentar candidatos en al menos el 50% de las regiones—, lo que ponía en riesgo su inscripción ante el JNE.
Para evitarlo, el Congreso aprobó en junio de 2026 la Ley N.° 32657, que redujo ese umbral al 30% —es decir, de 13 a aproximadamente 9 listas regionales—, lo que en la práctica salva a ambos partidos de perder su registro. No obstante, aún queda pendiente que el JNE determine si esta rebaja puede aplicarse retroactivamente al proceso electoral ya en marcha o si debe regir la exigencia anterior.
“Esta cuestión es un sinsentido. Ahora se quiere forzar a las organizaciones a participar cuando la realidad es que no tienen arraigo geográfico suficiente. Es desfasada porque concibe a las instituciones políticas con ojo del siglo XX, cuando en realidad avanzamos o deberíamos avanzar a instituciones relativamente pequeñas”, asegura Requena.
La posible cancelación de varios partidos políticos refleja una crisis que va más allá del incumplimiento de requisitos legales. La proliferación de organizaciones con escaso arraigo territorial y poca continuidad demuestra que el principal desafío no es crear más partidos, sino consolidar instituciones políticas capaces de representar a la ciudadanía y sostenerse en el tiempo.
