Mientras algunos países avanzan hacia la prohibición de redes sociales para jóvenes, surge el debate sobre si limitar el acceso realmente reduce los riesgos del entorno digital o si solo los posterga.
Por Cynthia Carmen e Igor García
En las últimas semanas, Francia y España anunciaron que impulsarán proyectos de ley orientados a prohibir el acceso de menores de 16 años a las redes sociales. Dichas iniciativas toman como referente a Australia, el primer país del mundo en restringir el uso de plataformas digitales a jóvenes, cuya medida fue adoptada en diciembre del 2025.
El objetivo de la restricción es, principalmente, velar por la salud y el bienestar de los más pequeños. La propuesta apunta a reducir el tiempo de consumo de pantallas, evitar contenido nocivo para los jóvenes y disminuir los diferentes tipos de riesgos a los que se enfrentan en los entornos digitales. Pero, ¿estas medidas realmente solucionan el problema o solo son un simple parche?
La política pionera
La restricción de la nación oceánica ha impactado directamente en diversas plataformas digitales, obligando a sus empresas a tomar medidas inmediatas. La normativa contempla un sistema de sanciones que incluye multas para las compañías responsables y, en apenas dos meses, ha provocado el bloqueo de millones de cuentas.
Hasta el momento, el gobierno australiano ha vetado a diez plataformas: Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, Threads, Twitch, Kick, Reddit y Snapchat. Y no se descarta que esta lista continúe ampliándose.
Según las autoridades, la inclusión de estas plataformas responde a tres criterios principales: que su función principal o única sea permitir la interacción social en línea entre dos o más usuarios que habiliten la interacción entre estos o que permitan la publicación de contenido.
Por otro lado, Youtube Kids, Google Classroom, WhatsApp y Messenger quedaron excluidos al considerarse que no cumplen con dichos criterios. No obstante, el gobierno ha comenzado a ejercer presión para extender la prohibición a los videojuegos en línea. Ante este escenario, plataformas como Roblox y Discord han implementado controles de verificación de edad con el objetivo de evitar ser incluidas en la restricción.
La sanción no recae sobre los menores ni sobre los padres, sino sobre las empresas, que podrían enfrentar multas de hasta U$S 32 millones por infracciones graves o reiteradas. Por ello, las propias plataformas son responsables de hacer cumplir la norma y garantizar que los menores de 16 años no accedan a sus servicios.
En ese marco, la normativa las obliga a adoptar “medidas razonables” para verificar la edad de sus usuarios. Estas incluyen sistemas de verificación mediante documentos de identidad, análisis automatizado de edad a través de inteligencia artificial, controles internos y el bloqueo de cuentas consideradas sospechosas.
Como resultado de la implementación de estos métodos, las autoridades informaron que las principales compañías de redes sociales han eliminado el acceso a aproximadamente 4.7 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a usuarios menores de 16 años.
De plataforma de socialización a peligro activo
¿En qué momento dejamos de hablar de las redes sociales como espacios de interacción para empezarlas a entender como un riesgo? Estas plataformas nunca fueron diseñadas pensando en cerebros en formación, como los de niños y adolescentes. El peligro surge cuando un entorno concebido para adultos se integra a la rutina de quienes aún están aprendiendo a regular impulsos, manejar la presión social y distinguir intenciones, o incluso situaciones de manipulación.
De acuerdo con la psicopedagoga Jackie Larrieu, los medios digitales implican riesgos emocionales y psicológicos para los jóvenes, como la comparación constante, la búsqueda de aprobación y la exposición temprana a contenidos de violencia y sexualidad. A ello, se suman efectos cognitivos como la disminución de la atención y el deterioro de la comunicación interpersonal, que impactan directamente en su desarrollo.
Esta consecuencia se intensifica con la omnipresencia de los dispositivos móviles. “Cuando estas redes saltan al teléfono, la situación se descontrola. Ahora, en cualquier momento levantas el celular, haces un par de toques y ya estás en otro sitio. Almuerzas con tu familia y no los miras, no conversan, se rompe la comunicación”, señaló Bruno Ortiz, experto en innovación y tecnología.
En este escenario de alta exposición, las redes sociales también se convierten en un terreno propicio para el abuso. No solo visibilizan a niños y adolescentes, sino que facilitan que terceros se aprovechen de su vulnerabilidad. Según una encuesta de Aldeas Infantiles SOS Perú, 9 de cada 10 menores consideran que riesgos digitales como el grooming, la sextorsión o el ciberacoso pueden llevar al suicidio. El mismo estudio también revela que 4 de cada 10 niños y adolescentes comparten información privada en redes sociales, muchas veces sin dimensionar las consecuencias.
Sin embargo, con la implementación de estas prohibiciones parecen llegar más problemas. Desde el momento en el que algunos países han hecho públicas sus intenciones de restringir las redes sociales para niños y adolescentes, líderes de las plataformas se han expresado. Uno de ellos fue el fundador de Telegram, Pavel Durov, quien mediante su propia aplicación envió un mensaje masivo a los españoles.
En su mensaje, Durov advirtió que estas medidas, presentadas como mecanismos de protección, podrían sentar precedentes peligrosos para la libertad de expresión y la privacidad digital. Para él, lo que empieza como una regulación enfocada en menores podría extenderse progresivamente al resto de la población, debilitando el anonimato y el libre intercambio de ideas en internet.
¿La mejor opción?
“Acortar el acceso es el último recurso porque, lamentablemente, en los últimos 25 años los adultos hemos ‘zafado el cuerpo’ del problema”, aseguró Ortiz. Según explicó, el rol de los padres debía centrarse en supervisar la actividad digital de sus hijos y educarlos sobre su comportamiento en línea. Sin embargo, en muchos casos optaron por entregarles dispositivos tecnológicos sin filtros ni acompañamiento. Hoy, las consecuencias de esa omisión se hacen evidentes.
La prohibición por edad aparece entonces como una medida de impacto inmediato en los países que decidan adoptarla, como lo reflejan los primeros datos tras la implementación de restricciones en Australia. Limitar el acceso reduciría una parte importante de los riesgos a los que los niños se enfrentan en el entorno digital y permitiría proteger una etapa crítica de su desarrollo. Pero, la pregunta persiste: ¿es suficiente?
Larrieu mencionó que la restricción puede funcionar como una medida de protección inicial, pero resulta insostenible si se aplica de forma aislada. “No desarrolla criterio ni autorregulación”, advirtió la psicopedagoga. Asimismo, ella remarcó que la tecnología ya forma parte del mundo en el que crecen niños y adolescentes, por lo que el objetivo no debería ser aislarlos, sino prepararlos para usarla con sentido y responsabilidad.
Además, la prohibición absoluta puede generar el efecto contrario al esperado. “Si al joven le dices ‘no hagas esto’, obviamente va a buscar alternativas o formas de hacerlo. Pueden migrar a otras plataformas, como ya ha sucedido antes. Si solo se les quitan las redes, se puede generar otro tipo de problema”, recalcó Ortiz.
Frente a este escenario, los especialistas coincidieron en que la solución debe ir más allá de la restricción. “Voy a sonar a una receta antigua, pero la concientización todavía puede servir. Que los nuevos líderes de opinión salgan a contar y mostrar casos para que, en el Perú, este tipo de situaciones —que siguen siendo invisibles o pasan desapercibidas— no continúen ocurriendo”, sostuvo el experto en tecnología en referencia a la necesidad de una conversación pública sostenida sobre los riesgos digitales.
Con ello se suma el rol clave del entorno familiar. Según Larrieu, establecer acuerdos en casa sobre el uso de dispositivos —horarios, espacios y edades— resulta fundamental. Más que prohibir, se trata de acompañar, dialogar y formar criterios que permitan a niños y adolescentes desenvolverse en el entorno digital con mayor conciencia y protección.
La prohibición de redes sociales para menores de 16 años expone un problema que va más allá de una medida legal. Aunque puede reducir riesgos de forma inmediata, también deja en evidencia una deuda de los adultos: educar, acompañar y asumir un rol activo en la formación digital. El verdadero desafío no es solo restringir, sino proteger sin aislar y enseñar a los jóvenes a convivir con la tecnología de manera responsable.
