Entre estados de emergencia, nuevas sanciones y anuncios de planes integrales, el Ejecutivo intenta contener la criminalidad en un contexto de cifras crecientes de violencia.
Por Igor García, Alexandra Jave y Mauricio Mendoza
Los delitos de extorsión y sicariato continúan marcando la agenda de seguridad en 2026. Pese a las medidas anunciadas por el gobierno transitorio de José Jerí —como la declaratoria del estado de emergencia, la promesa de un plan integral de seguridad y la reiterada propuesta de prohibir que dos personas circulen en una misma motocicleta— las cifras de violencia no han dejado de crecer.
En su más reciente pronunciamiento, el general Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (PNP), confirmó que en solo nueve días del presente año se registraron ocho atentados. A ello se suma que, entre enero y diciembre del 2025, 69 conductores fueron asesinados.
Asimismo, datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) revelan que, en lo que va de la gestión de Jerí, se han contabilizado 475 homicidios, con un promedio diario de 5,6 casos, una cifra superior a la registrada por cualquier administración desde 2017.
Durante la noche del domingo 18, el Ejecutivo promulgó un Decreto Supremo en el que se establecieron las nuevas medidas para frenar esta problemática. Entre ellas destacan la supervisión financiera de pagos sospechosos por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
En suma, la División del Observatorio del Crimen de la PNP realizará mapas delictivos para identificar las zonas críticas. A su vez, se señaló que se implementarán los mecanismos de protección de víctimas en el marco del Decreto Supremo N° 009-2025-IN, el cual establece medidas de protección como la reserva de la información de la denuncia y de la identidad del denunciante, canal telefónico de orientación al ciudadano, botón de pánico antiextorsión y atención inmediata.
Para la fase de recuperación, el decreto impulsa un fondo de riesgo y garantía estatal, financiado con bienes incautados al crimen organizado, para otorgar créditos blandos y compensaciones.
El plan Bratton
Frente a este panorama, en diciembre del año pasado el Ejecutivo anunció la implementación de un plan de seguridad basado en el denominado ‘Plan Bratton’, como su principal respuesta estructural frente al crimen organizado. No obstante, a la fecha, su aplicación sigue sin materializarse. ¿De dónde viene y en qué consiste?
El Plan Bratton fue creado por el jefe de la Policía de Nueva York, Boston y Los Ángeles, William Bratton, cuyo enfoque fue conocido mundialmente como “la teoría de ventanas rotas”, la cual buscó dar golpe a las pequeñas infracciones. Según su creador, atacar los delitos menores como pinta de grafitis o evasión de normas ayuda a prevenir delitos graves.
Asimismo, la estrategia buscó concentrar las acciones y recursos en determinados puntos, así como incrementar la presencia policial en lugares álgidos. Su metodología también estuvo centrada en evaluar las estadísticas criminales en tiempo real, así como reuniones de altos mandos periódicamente para articular las acciones.
Tras la aplicación de esta iniciativa en Nueva York, entre 1994 y 1996 se registró una reducción en los índices de crímenes. En nuestro país fue aplicada por la Municipalidad de Lima durante la alcaldía de Alberto Andrade en 2002. No obstante, debido a su corta gestión y la falta de continuidad, la estrategia quedó sin efecto.
Con el anuncio del presidente se reabrió la posibilidad de su implementación, así como el debate con relación a su efectividad. De acuerdo con el exministro del Interior, Remigio Hernani, este no constituiría una solución para frenar la problemática de la inseguridad. “El estado de Nueva York responde a una realidad completamente distinta a la peruana. Esa diferencia es clave para entender por qué el Plan Bratton ya intentó aplicarse hace algunos años y por qué hoy resulta inviable: simplemente no se ajusta a nuestra realidad”, señaló.
Los primeros 15 días de enero de 2026 ya registran 76 muertes violentas, de acuerdo con la plataforma del Ministerio de Salud (Minsa), y la región Lima continúa liderando las cifras de homicidios, superando ampliamente a otras regiones del país como Callao y Lambayeque. En ese contexto, la discusión se desplaza del plano de las estrategias estructurales a la adopción de medidas de corto plazo, que el Gobierno presenta como respuestas urgentes frente a la crisis de seguridad.
Problema de dos ruedas
Frente a la actual ola de inseguridad ciudadana, las motocicletas se han convertido en uno de los principales focos de atención del Gobierno, debido a los problemas asociados a su uso indebido. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre mayo y octubre más de la mitad de los delitos se cometieron utilizando este tipo de vehículo: el 56,6 % de los robos o intentos de robo se realizaron a bordo de motocicletas. De este modo, este medio de transporte se consolidó como el más utilizado por la delincuencia.
De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), actualmente más de 3,5 millones de motocicletas circulan a nivel nacional, una cifra considerable que ha crecido de manera sostenida en los últimos años, impulsada por su bajo costo, facilidad de acceso y rapidez para movilizarse en zonas urbanas congestionadas.
A raíz de la magnitud de la problemática, en abril de 2025 se iniciaron las primeras restricciones, cuando se oficializó un decreto que prohibía que dos personas se desplacen en motocicletas lineales en zonas declaradas en estado de emergencia. Entre mayo y junio, la medida fue prorrogada y ampliada durante las sucesivas extensiones del estado de emergencia. A ello se sumaron obligaciones adicionales, como el uso obligatorio de cascos certificados y de chalecos retrorreflectantes con el número de placa visible, aunque esta última exigencia fue retirada poco después.
A partir del 22 de octubre del mismo año, con el primer estado de emergencia decretado por el gobierno de Josè Jerí, la prohibición de dos personas en modo regresó al ser incluída como parte de las medidas de seguridad. El 14 de enero del presente año se plantearon nuevas sanciones al llevar dos personas en moto, que serán aplicadas a partir del 20 de enero. La primera infracción implicará una multa con la reducción de 50 puntos en la licencia y la segunda costará el doble, y restará 70 puntos en el brevete.
“Hay millones de motocicletas circulando y sabemos lo imprudentes que son. Se meten por donde se les da la gana, causan desorden de tránsito y cometen una gran cantidad de delitos. Esta prohibición es excelente”, señaló Hernani. No obstante, reconoció que la medida afecta a quienes utilizan la motocicleta como su principal medio de transporte, aunque consideró que, en términos generales, la mayoría de la población se verá beneficiada.
En una línea similar, el general en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Serván, advirtió que la sola promulgación de la norma no garantiza una reducción inmediata de la criminalidad. “El solo hecho de establecer esta prohibición no va a reducir ni disuadir necesariamente al asaltante, al extorsionador o al sicario. Sin embargo, si se implementa junto con otras medidas complementarias, podría funcionar”, afirmó.
Asimismo, al referirse al reciente Decreto Supremo promulgado el domingo 18, Serván destacó que se trata de “un paquete positivo que busca atacar diversos frentes, no solo la capacidad de reacción policial, sino también el control económico”. Sin embargo, advirtió que la aplicación de estas medidas requerirá recursos adicionales, cuya asignación deberá ser evaluada por el Ministerio de Economía a través del fondo de apoyo correspondiente.
A futuro
Aunque las medidas del plan nacional de seguridad plantea disposiciones inmediatas para enfrentar la criminalidad, la reducción progresiva de la inseguridad dependerá de la capacidad del Estado para pasar de una estrategia reactiva a una preventiva constante o, lo que es lo mismo, dejar unos cimientos sólidos para el siguiente gobierno.
En ese sentido, el elemento clave que puede determinar el éxito de las propuestas por el presidente Jerí es transformar las buenas intenciones en proyectos con componentes en inteligencia. Esto implicaría fortalecer la capacidad del Estado para identificar patrones delictivos y coordinar de manera efectiva a la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Esta necesidad ha sido advertida por Hernani, quien sostuvo que las medidas actualmente implementadas resultan insuficientes y que es necesario un cambio de enfoque. “No son suficientes. Ojalá que tengan la oportunidad de hacer las cosas mejor y que el presidente sea asesorado convenientemente para que pueda mejorar esta tremenda situación de inseguridad que hay, pero no están haciendo lo suficiente”, señaló.
En la misma línea, Serván puso en duda el impacto inmediato de los anuncios del Ejecutivo y subrayó la importancia de establecer prioridades claras en el corto plazo. “¿Cuánto de eso puede hacer que se reduzca el delito de acá hasta julio, que es el momento del cambio de gobierno? Sería cuestión de ver los futuros indicadores”, aseguró. Asimismo, el exministro del interior, Vicente Romero, indicó que el tiempo es corto para que esta nueva norma pueda apoyar justamente a bajar las extorsiones en el país.
De acuerdo con Serván, las medidas más efectivas van por el lado de utilizar mucho la inteligencia policial, de utilizar las herramientas que da el Código Procesal Penal, de la gente encubierta y del colaborador eficaz. Estas herramientas permiten combatir el crimen organizado de manera más estructurada.
Análisis como los realizados en la Pontificia Universidad Católica (PUCP) en 2024 reflejan que las políticas de seguridad basadas en inteligencia con componentes, como el análisis de datos, permiten superar respuestas meramente reactivas al facilitar la identificación de tendencias delictivas y la toma de decisiones más focalizadas.
Por ello, la importancia de trazar objetivos de esa manera tiene dos principales ventajas. La primera es el fortalecimiento conjunto y a largo plazo de las encargadas de la seguridad y la persecución del delito, evitando respuestas aisladas. La segunda radica en la confianza que, en un contexto de crisis política, estas medidas pueden generar en la ciudadanía al diferenciarse de otras ya aplicadas, como los reiterados estados de emergencia.
Aunque el plan nacional de seguridad plantea medidas inmediatas contra la criminalidad, la reducción de esta dependerá de que el Estado haga políticas que trasciendan al siguiente gobierno. En ese sentido, el éxito de las propuestas del presidente Jerí estará ligado a su capacidad de traducir los anuncios en proyectos con un enfoque de inteligencia que permitan anticipar el delito o la extorsión.
Este enfoque no solo fortalecería de manera conjunta a las instituciones encargadas de la seguridad, sino que marcaría un quiebre con la lógica de contención temporal del delito, apostando por una estrategia que ataque las dinámicas y estructuras que sostienen la criminalidad.
