Exoneraciones tributarias, leyes con alto costo fiscal y una creciente deuda externa revelan un manejo económico desarticulado e incoherente. Con intereses personales antes que el bienestar del pueblo, ¿cómo se encuentra la situación fiscal del Perú?
Por Marjorie Chauca e Igor García
Mientras el Perú se posiciona como uno de los países con mejores proyecciones de crecimiento económico para este año —3.1%, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)—, la situación fiscal difiere totalmente. El déficit fiscal continúa en aumento (de 2,2 % a 2,8%), la deuda pública ya alcanza el 22.9% del PBI (Producto Bruto Interno) y la pobreza apenas ha retrocedido 1.4 puntos porcentuales. La realidad es inevitable: el país atraviesa un deterioro sostenido de su salud fiscal que podría comprometer su sostenibilidad en el mediano plazo.
A ello se suma la ausencia de una política fiscal coherente. Por un lado, se aprueban leyes de alto impacto presupuestal sin respaldo técnico ni evaluación financiera. Por otro, se multiplican las exoneraciones tributarias y se desordena el manejo del gasto público. ¿El resultado? Un Estado que gasta más, recauda menos y no logra traducir ese esfuerzo en mejores servicios para la ciudadanía. Entonces, ¿hacia dónde va nuestra economía? ¿Es posible sostenerla con una base fiscal cada vez más frágil?
Cuentas públicas en rojo
En los últimos años, el Perú ha entrado en una senda fiscal preocupante. Durante la actual gestión, el país ha registrado déficits fiscales consecutivos y, en 2023, el PBI se contrajo por primera vez —fuera de un contexto pandémico— en más de 25 años. Además, la meta fiscal (que debía ser un límite firme para el gasto público) ha sido modificada tres veces tan solo en ese año, pasando del 1.5% inicial al 2.8%, lo que se tradujo en 6 mil millones de soles que no estaban previstos. Sin embargo, desde el Instituto Peruano de Economía (IPE) advierten que, incluso con reglas más flexibles, el Perú incumpliría su meta por tercer año consecutivo y el déficit fiscal alcanzaría el 3.0% del PBI.
Ante esta situación, el Gobierno ha optado por financiar el desequilibrio con los ahorros acumulados en años anteriores. Como consecuencia, la deuda pública neta —que descuenta activos financieros como los fondos de reserva— ha pasado de representar el 20.3% del PBI en 2021 a un estimado de 22.9% en 2025. Esta tendencia refleja una pérdida de margen fiscal que compromete la capacidad del Estado para enfrentar futuras crisis económicas o emergencias sociales.
A este deterioro se suma un dato alarmante: el forado en la bóveda del Banco Central de Reserva (BCRP) ya supera los 140 mil millones de soles. Esto que equivale a casi la mitad del presupuesto nacional para 2025. Una situación que, a simple vista, puede representar una crisis. “El Perú enfrenta un deterioro de su situación fiscal. No es una crisis, no estamos en una situación de colapso fiscal, estamos en una situación en la cual se viene materializando un conjunto de riesgos fiscales que atentan contra la sostenibilidad de la fiscalidad”, asegura Carolina Trivelli, economista y miembro del Consejo Fiscal del Perú.
Por su parte, Rosa Ortega, docente y contadora con maestría en Tributación y Política Fiscal, sostiene que la actual situación fiscal, sumada a la crisis social, política y económica, genera un clima de inseguridad debido a la falta de estabilidad, lo que dificulta la atracción de inversiones. No obstante, el Perú cuenta con ventajas geográficas estratégicas que podrían impulsar su desarrollo. Un claro ejemplo de ello es el reciente puerto de Chancay.
En piloto automático y ¿malintencionado?
En los últimos meses, el Congreso ha impulsado una serie de medidas fiscales que, lejos de responder a una planificación técnica o presupuestal, parecen guiadas por cálculos políticos de corto plazo. Desde fines del 2024, se evidenció la búsqueda de la exoneración de impuestos a empresas de distintos sectores, a pesar de que el Consejo Fiscal advirtió que estas exoneraciones serían perjudiciales para la capacidad de recaudación de ingresos tributarios. Como resultado, la lista de beneficiarios de este año incluye a 30,844 entidades, entre las que figuran empresas públicas y privadas, iglesias, colegios, comunidades campesinas y municipalidades.
Uno de los casos más controversiales es el proyecto conocido como “Ley Chlimper 2.0”, que propone reducir el Impuesto a la Renta de 29.5% a 15% para el sector agroexportador. Según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas, esta medida generaría un costo fiscal de 1,850 millones anuales de soles. Además de su impacto en la recaudación, la propuesta debilitaría el accionar de instituciones clave como la SUNAFIL, responsable de fiscalizar los derechos laborales, y representa una amenaza directa para la Autoridad Nacional del Agua (ANA), al incentivar un uso más intensivo y menos regulado de los recursos hídricos.
Este conjunto de medidas han encendido las alertas sobre el impacto que estas decisiones tendrán en la sostenibilidad de las finanzas públicas. “Ahora se está aprovechando la situación positiva macrofiscal que construyó el Perú durante los últimos 20 años. (…) En vez de usar esa fortaleza fiscal en beneficio de los ciudadanos peruanos, la estamos sacrificando para favorecer intereses particulares de pequeños grupos de interés”, afirma Trivelli.
La economista deja en claro que, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo, las decisiones fiscales están beneficiando principalmente a grupos específicos de servidores públicos, quienes logran aumentos salariales, mejoras en sus regímenes de pensiones o condiciones contractuales dentro del aparato estatal, mientras que la mayoría de ciudadanos queda al margen de estos beneficios.
En los últimos años, el Estado ha incrementado sus gastos permanentes, al mismo tiempo que ha aprobado nuevas exoneraciones tributarias. A primera vista, esta combinación resulta contradictoria. “El gasto público está creciendo, pero no considero que el manejo actual sea el adecuado ni que las medidas adoptadas sean las correctas. Se otorgan exoneraciones que reducen los ingresos del Estado, mientras el gasto sigue aumentando. No es una fórmula viable bajo ningún escenario”, advierte Ortega, afirmando que el problema radica en la falta de idoneidad en la gestión pública actual.
Todo pasa factura
Al aumentar el gasto público y reducir los ingresos permanentes, es lógico que se genere un déficit y desequilibrio fiscal, lo que obliga al país a tomar otras medidas para apaciguar la situación, y lo está haciendo. “El déficit se financia con ahorros. Vemos que los activos que tenía el Perú han ido disminuyendo porque los hemos usado para compensar nuestros mayores déficits, o si no, con una deuda. Eso se puede ver en cómo se ha incrementado lo que llamamos la deuda externa”, aclara Trivelli, quien recalca que, a pesar de que el Perú tenga una deuda baja, al constante recurrimiento a ella puede llevarnos a un problema de insostenibilidad en el futuro porque habría que pagar muchos más intereses y eso incrementa nuevamente el gasto.
Cualquiera pensaría que, si las decisiones del Congreso y del Gobierno están comprometiendo la estabilidad del país, al menos deberían traducirse en beneficios cortoplacistas, pero reales para la ciudadanía. La realidad dista mucho de eso. La miembro del Consejo Fiscal asegura que las recientes medidas fiscales no están orientadas a mejorar los servicios públicos, aumentar la productividad, generar empleo o reducir la pobreza -problemas estructurales que arrastra el país desde hace décadas-, sino que terminan favoreciendo a un pequeño grupo particular dentro de la sociedad.
Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha ido promoviendo iniciativas como las asociaciones público-privadas (APP), presentadas como mecanismos que pueden beneficiar al país. En marzo de este año, por ejemplo, se anunció que el Perú será sede del foro de APP más importante de la región, liderado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además, el Gobierno ha proyectado impulsar inversiones bajo esta modalidad por un total de 46 mil millones de dólares hasta junio de 2026.
Sin embargo, para Trivelli estas medidas no son suficientes para encaminar al país hacia una verdadera política de crecimiento, productividad y competitividad. La experta señala que se requiere un enfoque integral que combine diversas políticas públicas orientadas a un crecimiento inclusivo, con impacto directo en los sectores más vulnerables de la población.
En un contexto donde las decisiones fiscales parecen responder más a intereses políticos que a criterios técnicos, el Perú corre el riesgo de hipotecar su estabilidad futura a cambio de beneficios inmediatos y mal distribuidos. El aumento del gasto sin una base sólida de ingresos, la falta de planificación a largo plazo y la priorización de grupos privilegiados sobre el bienestar colectivo reflejan una gestión sin brújula que debilita la institucionalidad y erosiona la confianza en el Estado. Mientras las oportunidades de crecimiento inclusivo siguen postergadas, los recursos públicos se diluyen en medidas fragmentadas que no responden a una visión de país, sino a una lógica de supervivencia política.
