El presidente de gobierno español convocó a un adelanto de elecciones para el 29 de noviembre en busca de un resultado que le permita gobernar.
Por Matias Illescas
En las últimas semanas, la situación política española ha vivido un terremoto que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre. Pero esta decisión es solo el resultado de una crisis de gobernabilidad que se había vuelto insostenible para el Gobierno.
El detonante fue la derrota parlamentaria que sufrió Sánchez y su coalición de gobierno –compuesta por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar– después de que los Diputados rechazaran dos decretos ley en materia de vivienda. Pero, ¿cómo se llegó hasta este punto?
Una investidura complicada
Los problemas para el PSOE no empezaron este año. Desde su investidura en 2023 ya había indicios de cierta inestabilidad. De hecho, ellos no fueron la agrupación más votada en los comicios de ese año. El Partido Popular (PP), que hoy encabeza la oposición, ganó con el 33% de los votos frente al 31% de los socialistas. Sin embargo, en la monarquía parlamentaria española eso no es suficiente para gobernar, ya que el presidente necesita 176 votos para ser investido.
El bloque de derecha, conformado por el PP con 137 escaños, Vox con 33 y Unión del Pueblo Navarro (UPN) con uno, solo sumaba 171 votos. El PSOE, por su parte, solo había logrado 121 escaños, mientras que Sumar, su socio, 31, por lo que tampoco alcanzaban los 176 necesarios. Ante esta situación, el PSOE tuvo que pactar con otros partidos más pequeños de distintas líneas ideológicas bajo la idea de evitar que la ultraderecha de Vox obtenga representación en el Gobierno.
Con estos acuerdos Sánchez se convirtió en presidente, aunque tuvo que hacer concesiones a cambio de esos votos. Una de ellas fue la Ley de Amnistía por el proceso independentista catalán, que había rechazado previamente y que Junts per Catalunya, de Carles Puidgemont, había puesto como requisito para recibir su apoyo.
El carácter conservador e independentista de Junts lo coloca dentro de los partidos ideológicamente más distantes al PSOE respecto a los que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Aún así, ante la falta de una mayoría socialista, la estabilidad del gobierno quedó en manos de sus siete votos en el Parlamento, lo que complicó al oficialismo en su intento por aprobar nuevas medidas.
«Partidos como Junts se deben principalmente a electores de un territorio concreto» explicó el analista político Jordi Sarrión-Carbonell para Nexos. «En este caso es Cataluña, entonces ellos han presionado al gobierno para que, por ejemplo, impulsase la ley de amnistía, pero en muchas otras cuestiones Junts ha votado en contra y ha tumbado algunas leyes que para el gobierno eran importantes. Con lo cual esta tensión, especialmente con los socios independentistas, (…) ha desestabilizado mucho al gobierno de Pedro Sánchez y le ha impedido sacar muchas leyes», añadió.
Al respecto, Raúl Vilas, director de Libertad Digital de España y experto en ciencias políticas, explicó que «esto le provocó la imposibilidad de gobernar, porque estaba sometido constantemente a un chantaje por estos partidos, que además no comparten muchas de sus políticas. Entonces hemos estado toda una legislatura sin que se aprobase una sola vez los presupuestos generales del Estado».
En ese contexto se han manejado los últimos tres años de gobierno socialista, pero la situación llegó a su punto más complicado con la crisis de vivienda.
Crisis en la vivienda
Uno de los problemas de los que más se ha hablado en España en los últimos años es la crisis habitacional. De acuerdo con datos del Centro de Investigación Sociológica (CIS), el porcentaje de la población española que considera la vivienda como una de sus principales preocupaciones ha pasado de un 5% en 2023 al 39,9% en diciembre de 2025, superando incluso a otros problemas como el paro (13,4%) y la inmigración (16,3%).
«A principios de este siglo, lo más frecuente en España era tener una casa, ahora mismo incluso más del 70% de los españoles son propietarios de una vivienda, por lo tanto la gente está acostumbrada a comprar una vivienda. Pero los precios han aumentado enormemente, especialmente en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona y Valencia, y esto ha llevado a muchísimas personas a tener que empezar a alquilar las casas, alquilar los pisos», indicó Sarrión-Carbonell.
Durante estos años se ha vuelto cada vez más difícil acceder a una vivienda asequible, tanto para comprar como para alquilar. El Gobierno defendía que el país estaba dentro de sus mejores niveles económicos de la historia, pero los datos macroeconómicos no eran suficientes para mantener tranquila a la población.
Según un informe del portal inmobiliario Idealista, el precio de alquiler en España para septiembre de este año aumentó un 5,6% en relación al mismo periodo del año anterior. Esto lleva a los ciudadanos a tener que gastar más en sus viviendas y no poder destinar su dinero a otras actividades.
La situación afecta particularmente a los jóvenes, que cada vez tardan más en independizarse por las dificultades que encuentran para acceder a un espacio adecuado en el que vivir. En ese sentido, el Consejo de la Juventud de España calcula que, en 2025, la tasa de emancipación juvenil registró sus mínimos históricos con un 14,5% de personas entre 16 y 29 años que vivían fuera de su hogar de origen. Este es, por lo tanto, uno de los bolsones principales para los partidos políticos de cara a las elecciones del 29-N.
Sin embargo, el catalizador de la crisis fue el desahucio de una mujer de 87 años, llamada Maricarmen, de su vivienda en el centro de Madrid, donde había vivido durante varias décadas. La mujer tenía un antiguo contrato de alquiler, pero el problema legal llegó después de que la inmobiliaria Urbagestión comprara el inmueble en 2018 y alegara que el contrato ya no estaba vigente.
El suceso desató una gran cantidad de protestas masivas en contra de la crisis de vivienda y con Maricarmen como símbolo de la voracidad del mercado inmobiliario especulativo. En Madrid, muchas personas organizaron una acampada en la Puerta del Sol para exigir la intervención del Estado para solucionar el problema.
«Eso animó un poco a la izquierda a tener una bandera a la que agarrarse, con un discurso muy contra el libre mercado, contra las posiciones que defiende tradicionalmente la derecha, a la que acusan de la carestía de la vivienda, y además aprovechando que en Madrid, tanto el gobierno autonómico como el municipal son del Partido Popular, pues se vio una oportunidad de enganchar a la gente izquierda y de movilizarla, que a priori estaba muy desmovilizada y muy disgustada con este asunto de la vivienda», indicó Vilas.
Problemas del oficialismo
En respuesta, el Gobierno presentó dos proyectos legislativos de urgencia. El primero incluía medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables y limitaciones a las compras de carácter especulativo. El segundo buscaba resolver vacíos legales con una prórroga de dos años en los contratos de alquiler. Sin embargo, ninguno de los dos fue aprobado.
La votación terminó con 178 votos en contra y 172 a favor, principalmente como resultado del rechazo del PP y de Vox, además del de la diputada de UPN y los de Junts, que habían apoyado la investidura. Al margen de los argumentos, el resultado evidenció la incapacidad del Estado de actuar en la Cámara Baja del Parlamento.
Además, toda esta situación se da en el marco de una serie de cuestionamientos contra figuras cercanas al presidente, tanto del PSOE como a sus familiares. Su esposa, Begoña Gómez, está siendo investigada por tráfico de influencias, también su hermano, David Sánchez, por prevaricato y malversación. Por otro lado, algunas de las cabezas del PSOE tienen investigaciones por su gestión durante la pandemia, como José Luis Ábalos y Koldo García, y también está imputado el expresidente del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, por otro caso de corrupción y tráfico de influencias.
El resultado de todo es, «por un lado debilidad parlamentaria, falta de apoyos en el Parlamento para gobernar, y un contexto de escándalos de corrupción, además en una sociedad española que en estos últimos años se ha polarizado mucho. Hay un clima político muy agresivo, de mucha confrontación, ha habido mucha contestación a Pedro Sánchez, tanto en la prensa como en la calle, movilizaciones», explicó Vilas.
Para el especialista, el objetivo del oficialismo será obtener el mejor resultado posible frente a una derecha que, según la mayor parte de los sondeos de intención de voto, estaría muy cerca de obtener una mayoría absoluta en el Parlamento o incluso podría conseguirla.
