España sacudida por una crisis de corrupción

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido imputado por un caso de corrupción que afecta a gran parte de la izquierda española.

Por Matias Illescas

Por primera vez en la historia de la democracia española, un expresidente está siendo investigado penalmente y tendrá que declarar como imputado ante la justicia. José Luis Rodríguez Zapatero, quien estuvo al mando del Ejecutivo entre 2004 y 2011, está siendo acusado de tráfico de influencias y otros delitos vinculados a un presunto caso de lavado de dinero procedente de Venezuela.

La imputación a Zapatero se da en el marco del Caso Plus Ultra, una investigación por presunta corrupción relacionada con el rescate a la aerolínea del mismo nombre durante la pandemia del COVID-19. La investigación, que involucra millones de euros, es considerada uno de los mayores escándalos de corrupción del país y está vinculada a presuntas irregularidades y posibles casos de tráfico de influencias relacionados con el régimen del exdictador venezolano, Nicolás Maduro. ¿En qué consiste y cómo se relaciona con Zapatero?

Más allá de la corrupción

José Luis Rodríguez Zapatero es una de las figuras más influyentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Fue secretario general de la organización del 2000 al 2012 y presidente del Gobierno del 2004 al 2011. Durante su mandato impulsó reformas como la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ley de Memoria Histórica y la ampliación de los derechos reproductivos. Pero, además de su trayectoria política en España, el expresidente ha mantenido una estrecha relación con Venezuela y China.

Zapatero ha sido imputado en el marco de una investigación penal sobre una presunta red de corrupción transnacional, blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias relacionada al rescate financiero del Gobierno español a la aerolínea Plus Ultra, una pequeña compañía hispanovenezolana fundada en 2011 bajo la presidencia de Julio Martínez Sola con vuelos destinados principalmente a Sudamérica. 

Durante la pandemia, uno de los sectores más afectados fue el turismo. Por ello, el Gobierno socialista, ya bajo el mando de Pedro Sánchez, aprobó un rescate económico de un total de 839 millones de euros (unos 3.4 mil millones de soles) para varias compañías aéreas como Air Europa, Air Nostrum y Volotea. Asimismo, se aprobó la medida para Plus Ultra, mucho más pequeña que las otras, por 53 millones de euros (casi 215 millones de soles), a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Este último rescate fue ampliamente cuestionado, sobre todo por figuras de la derecha y la extrema derecha, por tratarse de una aerolínea con una cuota de mercado mínima. Sin embargo, el Gobierno defendió que se trataba de una compañía estratégica para la conectividad de España con Latinoamérica y la competencia de los vuelos de larga distancia. 

La justicia archivó la causa en 2023 por falta de pruebas, pero se reactivó al año siguiente cuando la Fiscalía Anticorrupción recibió solicitudes de cooperación internacional de Francia y Suiza para desmantelar una presunta organización sospechosa de usar el financiamiento del rescate de Plus Ultra para lavar dinero en Venezuela. 

Investigaciones posteriores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) implicaron a Zapatero en el caso, gracias a la evidencia de mensajes interceptados a la cúpula de la aerolínea que se refieren a él como el vínculo o forma de acceso al Gobierno con frases como «acaba de hacerse el puente con ZP». Además, se vincula al exmandatario con el ministro de Inclusión y Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y José Luis Ábalos, exministro de Transportes y Koldo García, asesor de este último, como intermediarios para comunicarse con los representantes de Plus Ultra.

Por otro lado, la justicia sostiene que se usaron empresas pantalla para movilizar pagos irregulares, como la consultora Análisis Relevante, propiedad de Julio Martínez Martínez, un amigo de Zapatero, que le habría transferido cerca de 491,000 euros (S/ 1.99 millones de soles) al expresidente; o la empresa de sus hijas, What The Fav. Además, se investiga la creación de una empresa offshore en Dubái para cobrar una comisión de 1% del importe del rescate.

La hipótesis de los jueces afirma que la operación para obtener el rescate financiero se orquestó desde Caracas, bajo el liderazgo del régimen venezolano, ya que el dinero del Estado español habría sido usado para blanquear los flujos irregulares de dinero provenientes de fondos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) —el programa estatal de alimentos subsidiados del Gobierno de Nicolás Maduro— y de la venta ilícita de reservas de oro del Banco Central de Venezuela en Emiratos Árabes Unidos.

No obstante, una de las cosas que más ha llamado la atención del caso es lo que se encontró al revisar las oficinas personales de Zapatero. Dentro de una caja fuerte había múltiples relojes y joyas que provenían de la vivienda del expresidente y su esposa. Collares, pulseras, aretes y anillos con un valor de 30,000 a 50,000 euros (120,000 a 200,000 soles), que, según la secretaría del imputado, eran «herencia» de la esposa de Zapatero y «regalos de viajes».

El expresidente, que está citado a declarar el próximo 2 de junio, ha negado todas las acusaciones clasificándolas de «enormes falsedades», afirmó que «jamás realizó gestiones» ante ninguna administración pública y manifestó que siempre ha actuado con «absoluto respeto por la legalidad». 

Además, Zapatero ha recibido el respaldo del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez y del PSOE. Sánchez expresó su apoyo absoluto y llamó a defender su «buen nombre», mientras que el partido emitió un comunicado en el que reivindicó la presunción de inocencia del investigado.

El caso llega al partido en un momento de fragilidad, con varios resultados negativos en las últimas elecciones autonómicas, como las de Andalucía, y con una serie de cuestionamientos hacia el presidente del Gobierno y su entorno familiar y laboral cercano, que está siendo investigado también por corrupción.