¿Cómo las denuncias de fraude electoral afectan a la democracia?
Por Rafael Ortega Alva
A muy pocos votos de determinar al candidato que asumirá el cargo más alto de la República, Keiko Fujimori se perfila como la persona que se pondrá la banda presidencial el 28 de julio. Mientras tanto, simpatizantes de Juntos Por el Perú han empezado, en los últimos días, a denunciar que la segunda vuelta se ha visto corrompida —tal como hizo Fuerza Popular en 2021— por un fraude electoral. Sin embargo, denuncias de este tipo llevan más tiempo de lo que parece.
En las elecciones del 10 de junio de 1962, cuando para obtener la presidencia se requería del 33.3% de los votos, el acciopopulista Fernando Belaúnde Terry —que había quedado en segundo lugar detrás del líder aprista Haya de la Torre— viajó a Arequipa y denunció fraude electoral. Lo que siguió es una historia conocida: un golpe de Estado instauró a la Junta Militar liderada por Ricardo Pérez Godoy.
Entre un caso y otro, son más de 60 años de diferencia. Sin embargo, pese a todo, la narrativa fraudista sigue siendo un eje importante en las elecciones presidenciales, lo que deja a un lado la limpieza del sistema. ¿Cómo afecta a la democracia las denuncias de fraude?
El último caso
Lejos de las denuncias que han existido en el siglo XXI, la última vez que un verdadero fraude se realizó en el país fue en el año 2000. El 28 de mayo de aquel año, según El Lugar de la Memoria, el proceso electoral se vio marcado por acusaciones de manipulación, irregularidades y denuncias que buscaban la anulación de los comicios.
“Creo que nunca sabremos bien qué es lo que exactamente pasó (…) Habían encuestas antes del día de la elección que daban a Fujimori como ganador, pero también había una voluntad fraudulenta expresa que quería exagerar los datos”, señaló el politólogo Eduardo Dargent. Además, indicó que este suceso ha servido como un fantasma que, posteriormente, ha permitido ser más críticos frente a casos como los del boca de urna o los conteos rápidos.
Según el periodista Christian Capuñay, quien escribió para el diario El Peruano, en aquel año, todo aspirante a un cargo público que no pertenecía al oficialismo estaba siendo sometido a espionaje y seguimiento con el fin de tenerlos acosados y lograr desestabilizarlos. Además, mecanismos como la ONPE eran, básicamente, herramientas útiles para el servicio de inteligencia. Todo junto terminó con una sociedad a la cual no se le había ofrecido garantías de transparencia ni limpieza.
“Cuando cae el régimen de Fujimori y se recupera la democracia, lo que hubo es un proceso importante e interesante de profesionalización de los organismos electorales”, señaló Jorge Aragón Trelles, doctor en Ciencia Política e investigador. Además, destacó que los procesos electorales de los siguientes años estuvieron marcados por la confianza de la ciudadanía hasta las elecciones de 2021, donde el fujimorismo volvió a traer la narrativa. Sin embargo, añadió que las condiciones eran completamente diferentes y las denuncias que hizo el partido liderado por Keiko no tenían nada que pudiera justificar lo que señalaba.
Efectos en la ciudad
Luego de los retrasos en los comicios de 2026, Rafael López Aliaga, el líder de Renovación Popular, salió en distintas oportunidades para denunciar que le habían “robado” la elección. Según una encuesta realizada por IEP posterior a los hechos, el 45% de las personas indicaron que la primera vuelta se vio envuelta en un fraude. Además, el 32% comentó que hubo irregularidades que afectaron los resultados presidenciales.
“Si bien los reclamos de un supuesto fraude no han sido tan fuertes como en la primera vuelta con Renovación Popular, lo cierto es que mucha gente ya perdió la confianza en las instituciones”, afirmó Dargent. El politólogo añadió que, lejos de las tendencias ideológicas que pueden haber entre ambos bandos que han denunciado, lo que perjudica sustancialmente a la sociedad es el hecho de que creen que sí hubo un “robo” en la elección.
Mientras tanto, encuestas como CIT Perú muestran casos mucho más drásticos dentro de la capital. De acuerdo con los resultados, el 72.1% de los encuestados señaló que sí hubo fraude en la primera vuelta. En añadidura, el 73.6% respondió que no considera legítimos los procesos electorales. En menor medida, ya agudizada la confianza en las instituciones, 4 de cada 10 personas indicó que el Jurado Nacional de Elecciones debería anular los comicios.
“Uno de los principios fundamentales de cualquier democracia es el respeto a las instituciones electorales (…) Este tipo de denuncias —irresponsables porque no tienen ninguna evidencia— son un golpe directo al sistema”, señaló Aragón. Para el politólogo, haber desencadenado este tipo de cuestionamientos desde el 2021 ha tenido como consecuencia una recuperación cada vez más complicada. “Es una manera muy peligrosa de hacer que una democracia muera”, añadió.
Las denuncias de fraude se producen en medio de un momento donde los espacios democráticos se encuentran gravemente debilitados. De acuerdo con el Barómetro de las Américas en Perú, únicamente el 18% de los ciudadanos se encuentra satisfecho con la forma en la que funciona la democracia en el país.
Medidas
El problema del fraude y sus consecuencias en la institucionalidad pueden tener mayores repercusiones en los años posteriores. Según el Instituto de Estudios Políticos Andinos, este debilitamiento trae consigo muchos puntos importantes de la vida cotidiana en juego, desde el ordenamiento urbano hasta la eficiencia de los mismos gobiernos locales. Sin embargo, ¿qué medidas podrían ser eficientes para revertir un resultado como este?
De acuerdo con Dargent, ir hacia un mecanismo donde los resultados sean proclamados más rápido no necesariamente puede tener un efecto positivo en las personas. Como rescata el politólogo, el temor hacia un fraude electoral se mantendría de igual manera, pues la desconfianza proviene de la institución más que de la velocidad con la que estén los datos. “Hacer más corto el tiempo podría hacer incluso que más personas sientan el riesgo de que se están manipulando las cosas”, complementó.
Por su parte, Aragón explicó que, más allá de lo que pueden hacer los organismos electorales para recuperar su credibilidad, también hay una responsabilidad grande que recae en otros actores. En ese sentido, el politólogo indicó que los medios de comunicación tienen una tarea importante en la forma en la que se presentan las noticias, pues el direccionamiento de la información tiene como efecto una parcialidad que puede resultar peligrosa para la democracia.
El escenario actual sigue mostrando, por ahora, a un Juntos Por el Perú que destaca graves irregularidades en el proceso de la segunda vuelta. Sin embargo, Fuerza Popular, el partido contrincante, sigue criticando que las elecciones de 2021 fueron afectadas directamente por un fraude. Hasta el momento, ninguno de los casos ha tenido una sola prueba, pero sí ha logrado calar en más de un ciudadano.
