Frente a la entrada de un nuevo gobierno, los problemas medioambientales serán parte importante de la agenda de los próximos 5 años, ¿cuáles son los retos?
Por Rafael Ortega y Thiago Castañeda
Tras haberse realizado la segunda vuelta electoral, el camino a la presidencia empieza a encaminar un nuevo escenario para lo que será el próximo quinquenio. Sin embargo, fuera de las preocupaciones relacionadas a la inseguridad ciudadana, transporte o corrupción —que han sido los tópicos más tocados durante estas semanas de intensa política— existe un tema que afecta a la nación por igual: el medioambiente.
De acuerdo con el Environmental Performance Index (EPI), el Perú se encuentra en el puesto 90 de 180 países en desempeño ambiental, lo que revela una clara distancia frente a un problema que en otros países está siendo atendido con velocidad. Teniendo en cuenta que, para 2030, la nación va a tener que mostrar sus resultados frente al Acuerdo de París, ¿cuáles son los principales conflictos medioambientales que tendrá que afrontar el próximo gobierno?
Un problema en la Amazonía
La selva nacional merece un capítulo entero, y su razón se encuentra principalmente en la actividad minera ilegal. Lo cierto es que, producto de esta práctica, como señalan datos del Ministerio del Ambiente y el informe de Conservación Amazónica, son casi 119,313 hectáreas de bosques perdidos solo en Madre de Dios entre 2001 y 2024. Además, en Loreto y Amazonas, hay 14 ríos invadidos y son más de 200 donde se han encontrado dragas listas para la explotación.
“Uno de los principales problemas medioambientales que va a tener que enfrentar el próximo gobierno es, en realidad, la lucha contra las economías ilícitas y el crimen organizado que van de la mano”, señaló Pierina Amayo, jefa del área de Responsabilidad Ambiental de la Universidad de Lima.
La especialista indicó también que el mes de diciembre de este año será un momento clave para el Estado, dado que se cumple el vencimiento del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). “Van a tener que diseñar toda una estrategia de formalización de este sector minero para evitar la impunidad”, añadió.
Sin embargo, no es la primera vez que el REINFO termina por ser ampliado. El 26 de diciembre de 2025, a días del vencimiento del mecanismo que ha sido criticado por facilitar las actividades ilegales, el gobierno de José Jerí promulgó una nueva normativa para ampliar el plazo del proceso hasta finales del 2026.
Según medios nacionales, las economías ilícitas y la política muchas veces van de la mano. De acuerdo con un informe previo a la primera vuelta electoral, eran al menos 10 los candidatos que tenían el Registro Integral de Formalización todavía vigente.
Otro punto importante está relacionado con la deforestación. Hasta septiembre de 2025, el Estado registró 475 incendios dentro de la Amazonía. El dato, en los últimos 12 años, indicaba que han sido afectadas 2.3 millones de hectáreas de cobertura natural y agropecuaria. Por su parte, el Congreso aprobó en 2024 la controvertida “Ley Antiforestal”, la cual permitía legalizar actividades agrarias sin el sustento técnico necesario.
“Nosotros vivimos de los beneficios que nos da la naturaleza (…) Sea aire limpio, paisajes, agua, alimentos (…) Sin embargo, ¿qué pasa si empezamos a consumir directamente la fuente de estos suministros? Eso estamos haciendo”, indicó Javier Quino, doctor en ingeniería ambiental. Sin embargo, al comentar sobre si el Perú se encuentra en un punto de no retorno, mencionó que esa es una tendencia a nivel mundial.
El cambio climático
El 28 de julio, cuando el nuevo presidente de la República juramente frente a la nación, su compromiso también tendrá que ser con los acuerdos establecidos a nivel internacional. Entre ellos, aquellos vinculados a problemas mundiales como el cambio climático y el calentamiento global.
“La preocupación más grande es la adaptación que tenemos que hacer para el cambio climático (…) Los patrones de clima se están agudizando y el Perú es un país vulnerable frente a estos cambios”, destacó Quino. El ingeniero ambiental añadió que las reservas de agua en el país provienen, principalmente, del hielo de los glaciares y ello ya está desapareciendo. “En el país ocurren una serie de fenómenos relacionados directamente a la crisis climática”, recalcó.
A esto se suma la advertencia de la ONU respecto al próximo fenómeno del Niño. Si bien este conflicto no es consecuencia directa del cambio climático, sí se puede ver fuertemente agravado por este escenario. “Estos casos cada vez van a ser más calurosos (…) Si antes podíamos tener anomalías positivas de dos grados, ahora el próximo Niño que venga dentro de treinta años podrían ser casos de cinco”, señaló Ian Vásquez, especialista en ingeniería ambiental.
De acuerdo con las Naciones Unidas, un episodio de este tipo puede tener como resultado sequías, incendios y daños económicos globales que pueden extenderse hasta 2027, lo que representa un golpe importante para el próximo gobierno.
El problema climático ha llevado a que instituciones como la Defensoría del Pueblo tome acción y llame a que otros organismos empiecen a ejecutar medidas en busca de una solución. De acuerdo con un informe realizado esta semana, se le solicitó al ministerio del Ambiente, de Energía y Minas, a la Fiscalía y a los gobiernos regionales, implementar y fortalecer iniciativas que logren la conservación y restauración de las áreas naturales.
El manejo del agua
Debido a diversos factores globales, el acceso al agua potable se podría convertir en un grave problema para todos, y esto no excluye al Perú. “Necesitamos mejorar nuestra infraestructura hídrica y adaptarnos a un nuevo contexto donde el agua va a ser más preciada que lo que es en la actualidad», afirmó Vázquez. Y la situación no es únicamente la cantidad de agua que esté disponible, sino la capacidad del Estado para gestionarla.
El Perú carece de una política integral alrededor del recurso hídrico. Amayo señaló que el nuevo gobierno tendrá que fortalecer instituciones como la Autoridad Nacional del Agua para «establecer una política que garantice el recurso hídrico tanto para consumo humano como para la agricultura», un sector que concentra entre el 60% y el 70% del consumo de agua a nivel nacional. Sin esa estructura, cualquier esfuerzo por mitigar sequías o inundaciones llegará tarde.
La escasez no afecta a todos por igual. Vázquez identificó al sur del país como la zona de mayor riesgo: Arequipa, Moquegua y Tacna son las regiones donde los modelos climáticos e hidrográficos coinciden en proyectar una mayor escasez en los próximos años. El problema se agrava porque esas mismas regiones dependen de glaciares tropicales que ya están en proceso de desaparición, lo que hará que los periodos de estiaje sean más largos y los momentos de abastecimiento más cortos e impredecibles.
Lo preocupante, según Vázquez, es que esta situación no es un escenario futuro con margen de incertidumbre. «Esto va a pasar a lo largo del siglo XXI y lamentablemente hay muy poco que podamos hacer a nivel Perú para prevenirlo», enfatizó.
Lo que sí está en manos del gobierno entrante es anticiparse con infraestructura, planificación territorial y políticas diferenciadas por región, antes de que la escasez se convierta en una crisis de abastecimiento que el Estado ya no pueda administrar.
Gestionar bien nuestro medioambiente es una decisión política. El país tiene los recursos, los estudios y las instituciones necesarias para hacerlo, pero le ha faltado voluntad para articularlos. El gobierno que asuma el 28 de julio tendrá que decidir si el medioambiente sigue siendo un asunto de segundo orden o si, finalmente, se convierte en la base sobre la que se construye cualquier otro tipo de desarrollo. Con la situación actual, esta decisión no se puede seguir postergando.
