La ilusión verde

La política ambiental peruana oscila entre un discurso de progreso y una gestión pública aún incompleta.

Por Maximiana Alarcón Carbajal

En el Perú, la crisis ambiental parece avanzar al mismo ritmo que su postergación dentro de las prioridades nacionales. Mientras el discurso ecológico se expande en la esfera pública, las brechas ambientales continúan atravesando la vida cotidiana. Así, el Día Mundial del Medio Ambiente de este 5 de junio, instaurado hace más de cinco décadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, vuelve a colocar en debate una problemática que muchas veces solo adquiere centralidad durante fechas conmemorativas.

El impacto simbólico de esta fecha y sus efectos reales conviven en una discusión que trasciende lo institucional y la visión abstracta de lo “verde”, dejando en evidencia profundas contradicciones.

Datos proyectados por el Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM) hacia 2030 indican que el Índice de Comportamiento Ambiental de la Ciudadanía registró un avance positivo del 78% en los últimos cinco años, especialmente por prácticas impulsadas desde hogares urbanos. Sin embargo, estos indicadores contrastan con una percepción ciudadana que no siempre identifica avances concretos en los programas ambientales.

Raúl Marcos, especialista en educación ambiental del MINAM, señala que más del 50% de las municipalidades del país aplica programas medioambientales. No obstante, el contraste reaparece en el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu), donde 1,829 de las 1,891 comunas requieren capacitación o asistencia técnica para cumplir adecuadamente sus funciones.

Además, la gestión municipal muestra señales de retroceso. Mientras en 2019 los municipios solicitaron apoyo para poco más de 11 funciones, en 2025 el promedio subió a 17 de las 24 evaluadas. La tendencia evidencia un deterioro en la gestión local, marcado por limitaciones técnicas y escasa articulación institucional. Pese a ser actores clave dentro de la gestión ambiental, muchas municipalidades aún no cuentan con condiciones técnicas ni operativas.

Desigualdad territorial

Hablar de sostenibilidad ambiental también implica reconocer las desigualdades territoriales del país. Si Lima, pese a concentrar mayores recursos y atención estatal, enfrenta problemas de contaminación, desorden urbano y escasa planificación ambiental, muchas regiones del Perú lidian con escenarios todavía más precarios.

El acceso a programas ambientales, educación ecológica e infraestructura básica varía según el territorio. En distintas zonas del país persisten problemas vinculados a la limitada fiscalización ambiental y a una débil presencia institucional.

Estas diferencias también se reflejan en la capacidad de gestión de los gobiernos locales. De acuerdo con un estudio del Banco Central de Reserva del Perú publicado en 2023 por Luis Eduardo Castillo, jefe del Departamento de Políticas Sociales y Regionales de dicha institución, las municipalidades de la costa presentan, en promedio, mejores niveles de gestión que las de la sierra y la selva. Distritos limeños como Lince, Miraflores y San Borja figuran entre los mejor evaluados, mientras distritos rurales y alejados ocupan los últimos lugares del ranking.

En ese contexto, los avances ambientales no pueden entenderse únicamente desde estadísticas generales. La crisis ecológica también posee un componente humano y territorial que evidencia cómo ciertos sectores del país continúan enfrentando mayores niveles de abandono y vulnerabilidad.

El ingeniero ambiental Dante Aldon, funcionario del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, afirmó que muchas municipalidades enfrentan limitaciones económicas para sostener servicios básicos de limpieza pública y gestión de residuos.

A ello se suma que, según Eduardo del Campo, presidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias, solo 6 o 7 de las 43 municipalidades de Lima segregan correctamente los residuos. Así, incluso cuando existen iniciativas ciudadanas de reciclaje, el propio sistema termina mezclando nuevamente los desechos en un mismo camión recolector.

Las contradicciones ambientales también se reflejan en la forma en que se administra el presupuesto público. Aunque el Ministerio del Ambiente sostiene que busca fortalecer la institucionalidad ambiental y acompañar a los gobiernos locales, los datos presupuestales y las dificultades de gestión evidencian un escenario más complejo.

De acuerdo con el MINAM, el presupuesto institucional para 2026 asciende a S/987 millones. A su vez, el sector sostiene que busca fortalecer la institucionalidad ambiental y acompañar a los gobiernos regionales y locales en la implementación de políticas sostenibles que contribuyan a la calidad de vida de la población.

Sin embargo, pese a que ya culminó el primer trimestre del año, es posible identificar indicadores sobre la distribución de estos recursos. Según el portal de Transparencia Económica, en la categoría presupuestal “Gestión Integral de Residuos Sólidos” correspondiente al gasto de gobiernos locales para 2026, Lima concentra más de S/327 millones de presupuesto modificado (PIM). Muy por detrás aparecen regiones como Loreto, con S/40 millones, mientras el resto recibe montos progresivamente menores.

Bajo esa lógica, la “Gestión Integral de Residuos Sólidos” no debería limitarse únicamente a desechos domésticos. El problema también se conecta con una de las actividades de mayor impacto ambiental en el país: la minería ilegal.

Aunque el Perú registra un incremento en ingresos mineros y exportaciones, ese crecimiento no necesariamente se traduce en una mejor gestión ambiental. En regiones extractivas, el crecimiento económico alrededor de la actividad minera viene acompañado de una carga ambiental mucho más agresiva, que incrementa la presión sobre botaderos, rellenos sanitarios y sistemas locales de limpieza pública.

La diferencia adquiere otra dimensión al considerar que muchas de las regiones más afectadas por actividades extractivas e impactos ambientales reciben presupuestos reducidos. Cajamarca cuenta con S/24 millones; Áncash, S/17 millones; Cusco, S/14 millones; Apurímac, S/8 millones; y Huancavelica, S/7 millones.

La contradicción también se refleja en Lima. En 2024, la Sociedad Nacional de Industrias señaló que casi el 40 % de los residuos de la capital termina en botaderos y no en rellenos sanitarios, generando contaminación del suelo, aire y agua, además de emisiones tóxicas y afectaciones a poblaciones cercanas.

De esta manera, mientras el gobierno resalta el crecimiento histórico de la producción minera y los beneficios económicos del sector, los datos presupuestales muestran que Lima continúa absorbiendo gran parte de los recursos nacionales, pese a que muchas de las externalidades ambientales de la actividad minera ocurren fuera de la capital. El resultado es un país donde las regiones más expuestas a contaminación, degradación territorial y presión sobre sus servicios públicos terminan recibiendo menos recursos para enfrentar estos impactos.

Ahí aparece una lectura todavía más profunda. El problema no solo expone una posible desigualdad territorial en la distribución del presupuesto, sino también abre interrogantes sobre la concentración del gasto en Lima y el verdadero paradero de esos recursos, especialmente cuando la ciudad continúa enfrentando problemas ambientales persistentes. Porque, al final, una alta asignación presupuestal no necesariamente garantiza una gestión eficiente.

La paradoja ambiental peruana va más allá de las prácticas individualistas o de una conciencia ambiental interiorizada. También deja en evidencia problemas institucionales que muchas veces son presentados como mínimos tambaleos del poder, pero que reflejan profundas deficiencias en las prioridades políticas y en la gestión medioambiental.

Mientras el discurso ambiental gana presencia cada 5 de junio, muchas problemáticas estructurales continúan esperando respuestas concretas fuera del terreno simbólico. En ese sentido, la crisis ambiental no solo expone déficits de gestión, sino también un modelo de prioridades donde este aspecto sigue ocupando un lugar secundario frente a decisiones económicas y territoriales que profundizan las desigualdades existentes.

Trabajo del curso Técnicas para Reportajes 2026-1