Tras ser aprobado el proyecto minero Tía María, repasamos la historia marcada por el conflicto de un trabajo que comenzó hace más de 30 años y que sigue siendo motivo de discusión.
Por Rafael Ortega Alva
Este 20 de abril, el Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sacó una resolución para que se pueda realizar la explotación en primera etapa del proyecto minero Tía María.
Esta decisión se da luego de que el mismo consejo, el pasado 9 de abril, anuló la autorización —aprobada en octubre de 2025— y ordenó que se vuelva a realizar una evaluación del expediente que daba paso al inicio del trabajo. La decisión se argumentó bajo la premisa de que no se contaba con la motivación legal, sobre todo en aspectos técnicos.
Cabe resaltar que, a diferencia de la anterior autorización que permitía la explotación general del plan, la nueva resolución solo contempla la primera etapa correspondiente al Tajo La Tapada. Si bien el permiso señala que los estudios de impacto ambiental —realizados en 2014— cumplen con la acreditación, no hay mención alguna sobre si las observaciones recientes que anularon el trabajo fueron levantadas.
El conocido proyecto, de hecho, lleva más de 30 años siendo un tema de conversación recurrente, sobre todo en periodo electoral. Bajo el clásico ¡Tía María sí va! o ¡Tía María no va!, cada quinquenio se abre una puerta de múltiples aristas.
Por un lado, están quienes abogan por un plan que traerá miles de millones de soles a la economía nacional, mientras que al otro lado de la orilla se mantienen aquellos escépticos que señalan que una ejecución así es un peligro para las comunidades aledañas y al medioambiente en general. Sin embargo, ¿cuál es su historia?
La promesa de los 90
El proyecto Tía María es propiedad de la Southern Perú Copper Corporation, filial del Grupo México. Ubicado en los distritos de Cocachacra, Mejía y Deán Valdivia, provincia de Islay, región Arequipa, comenzó en 1994 y, de allí en adelante, ha pasado por diferentes etapas. De acuerdo con la empresa, la línea de tiempo es la siguiente:
- 1994 – 2010: actividades de exploración
- 2011 – 2013: estudio de impacto ambiental
- 2014: aprobación del estudio
De allí en adelante, se han hecho más de 200 charlas informativas y ha habido más de 3,000 visitantes en la zona. En el mensaje por fiestas patrias de Dina Boluarte, en 2024, la expresidenta señaló que el proyecto habría de crear 9,000 puestos de trabajo durante la etapa de construcción y 4,800 puestos permanentes.
¿Qué es lo que lo hace atractivo? La extracción de cobre. De hecho, según el resumen ejecutivo del mismo en 2024, la producción de dicho mineral sería el equivalente a 120 mil toneladas métricas de cobre refinado al año.
Para inicios de este año, Germán Larrea, presidente del directorio de Southern Copper Corp., señaló que “con los precios actuales del cobre, Tía María podría generar US$20,200 millones en exportaciones y US$4,600 millones en impuestos y regalías durante sus primeros 20 años de funcionamiento”.
Para finales de 2025, Tía María ya estaba avanzado al 24% y había invertido US$800 millones de un presupuesto de capital estimado que asciende a US$1,800 millones. Hasta el momento, el proyecto ha creado 3,589 puestos de trabajo que, según la revista Energiminas, ha tenido un enfoque en la contratación local.
Con tal promesa en construcción, durante el gobierno de José Jerí, el 13 de octubre de 2025, el Minem sacó una resolución que daba la autorización del plan. Sin embargo, si era tan bueno, ¿qué lo llevó a esperar más de 30 años?
Críticas desde el comienzo
Desde finales del siglo pasado, el proyecto Tía María estuvo cargado de comentarios. De hecho, desde el primer estudio de impacto ambiental que presentó, se generaron múltiples dudas sobre los efectos que este podría causar en el entorno.
Según medios como Servindi, desde 2009, que fue el año en el que se intentó desarrollar Tía María, ni el Estado peruano ni la empresa fueron transparentes para compartir información sobre el impacto ambiental. En medio, la población de la zona fue sorprendida cuando, en ese mismo año, la Southern trasladó maquinaria, equipos y campamentos que habían sido aprobados por el gobierno central.
Para noviembre de 2010, el entonces ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, decidió lanzar su propio equipo de expertos internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para el estudio.
Poco tiempo después, cuando ya se estaban dando los resultados de la investigación, el Minem anunció la suspensión del convenio, alegando que el Ministerio de Economía y Finanzas no estaba en la capacidad de financiarlos. Lo cierto, a pesar de lo mencionado por el Estado, era que la UNOPS había entregado un informe con 138 observaciones referentes al proyecto.
El problema fue tal que, ante la amenaza de contaminación, la población dio el inicio a una protesta que, días previos a las elecciones presidenciales de 2011, terminó en tragedia. El resultado del movimiento ciudadano terminó con una represión policial que dejó una deuda de 3 fallecidos y 50 heridos.
Además, otra de las principales quejas gira en torno a que, además de Tía María, están otros proyectos mineros cuyas concesiones hacen que el 85% de la provincia de Islay se dedique únicamente a este trabajo. Mientras tanto, la agricultura y la ganadería —característicos de la zona y medio de supervivencia de varios ciudadanos—, quedaría relegado.
Con la aprobación de la nueva autorización, marcada por las promesas económicas y bajo la sombra sangrienta de una población reacia al plan, los siguientes días pueden ser decisivos para la continuación de Tía María, quedando pocos meses para el cambio de mando.
