En base a los altos índices de criminalidad en el país, la próxima visita de la mandataria se considera como una oportunidad para auxiliar el problema.
Por Fabiana Silva
El próximo 28 de Octubre la presidenta Keiko Fujimori viajará a El Salvador ante la invitación del presidente Nayib Bukele. En ella, entablará una reunión privada con el mandatario y diversos ministros de Estado para ver sus politicas contra la criminalidad y visitar el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Dicho encuentro entre ambas naciones genera cierta especulación sobre lo que se puede esperar en términos de seguridad. ¿Será que Keiko Fujimori busca aplicar el régimen de seguridad de El Salvador en el territorio peruano?
El pasado 7 de octubre se aprobó mediante el pleno del senado la autorización del viaje con 38 votos a favor, 11 en contra y una abstención, para que Fujimori llegue a la ciudad de San Salvador y al municipio de Tecoluca del 28 al 31 de Octubre. Este encuentro se vio beneficioso para poder recoger ideas útiles para el país, dado los resultados destacados en seguridad y a las normas vinculadas a la lucha contra la criminalidad organizada de El Salvador.
Según el politólogo Eduardo Dargent, la seguridad es una cuestión muy fuerte en nuestra nación. Recalca que la misma presidenta prometió en su campaña electoral un cambio en dicho aspecto y en la gestión de la criminalidad por lo que esta visita muestra un gobierno que está intentando hacer del crimen algo que podría fortalecer su gestión. Sin embargo, esto deja una interrogante sobre qué tanto puede influir el régimen salvadoreño en el Perú y si es posible poder replicarlo con la misma efectividad.
El régimen de seguridad salvadoreño es clasificado actualmente como uno de los más eficientes a nivel mundial debido a sus grandes bajas en criminalidad. El Salvador pasó de ser el país con el mayor índice de homicidios en 2015, a ser uno de los países más seguros desde la nueva presidencia de Nayib Bukele en 2019. Esto fue gracias al Plan de Control Territorial, el cual tiene como objetivo principal poder combatir a las pandillas, reducir los índices de homicidios y extorsiones y recuperar el control del Estado en zonas dominadas por la criminalidad.
Asimismo, se empleó la creación del CECOT, la prisión de máxima seguridad ubicada en Tecoluca, destinada a encarcelar a los líderes y miembros de las bandas criminales de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Dicho centro contiene una capacidad para albergar alrededor de 40 mil reclusos bajo máxima seguridad, quedando en condiciones mínimas y completamente incomunicados con el mundo exterior. De esta manera, El CECOT se considera como una pieza clave dentro del plan de seguridad de Bukele, reafirmando la posición de mano dura del gobierno respecto a la seguridad.
Sin embargo, dicho régimen ha recibido diversas críticas debido a faltas contra los derechos humanos y a la suspensión de garantías legales. Se sabe que las medidas de seguridad de este régimen, aplicadas en esta prisión, son consideradas como actos de un régimen extremo de mano dura, el cual a pesar de sus críticas ha obtenido un gran nivel de efectividad.
Actualmente en el Perú, la crisis de la criminalidad e inseguridad están consolidadas como los problemas principales, destacando la expansión del crimen organizado, el sicariato y las extorsiones. En los últimos años la tasa de homicidios ha alcanzado los 10,7 por cada 100 mil habitantes, generando un estado de alerta en el país y dejando a la espera la palabra del gobierno sobre un plan de acción.
Bajo este contexto, el politólogo Alberto Vergara no cree posible la replicación del régimen salvadoreño en el Perú. “La violencia y la inseguridad salvadoreña tiene un nivel de concentración que no tiene nada que ver con el peruano, que está dividido en decenas de microbandas que controlan apenas dos o tres manzanas”, indicó. Acorde a esto, Dargent menciona que para lograr un resultado similar se tendría que tener una policía desprestigiada, somos un territorio mucho más grande, con actividades criminales y extorsivas que hacen difícil un resultado similar, aún si se aplicara como en El Salvador.
Asimismo, ambos politólogos concuerdan que imitar dicho régimen requiere de una disposición por parte del gobierno que no creen capaz de aportar. Para Dargent sería necesario reformar a la policía y darle capacidades al Estado que permitan investigar en mayor profundidad a los políticos. Eso además de fortalecer unidades de investigación, algo que no ve que el gobierno esté dispuesto a hacer. “El Salvador consiguió hacer lo que hizo porque destruyó a la democracia salvadoreña primero. Keiko Fujimori no tiene ninguna posibilidad de hacer eso”, concluye Vergara.
En el caso se aplique alguna característica de dicho régimen, la medición de su efectividad quedará en manos de la recepción de la sociedad peruana. “Hay razones por las cuales se podría aceptar medidas de este tipo, pero me parece que el problema es que, incluso si aplicas esa mano dura y lo haces vulnerando los derechos humanos se ve como inefectivo. El resultado puede ser no de apoyo, sino más bien de crítica”, indica Dargent.
Esta visita puede llegar a ser una oportunidad beneficiosa para restablecer la seguridad en el país. Ante esto, solo quedará ante la espera evidenciar si es que ambas naciones establecerán relaciones bilaterales y si Fujimori buscará asesoramiento para poder cambiar la seguridad en el Perú de maneras significativas.
