Las últimas elecciones dejaron un mapa regional con el partido de gobierno casi ausente. ¿Se puede hacer una oposición efectiva frente al gobierno central?
Por Alvaro Urquizo
Las últimas Elecciones Regionales y Municipales dejaron un panorama tan fragmentado como incierto. Según el conteo de la ONPE, en 15 de las 25 circunscripciones administrativas —que incluye a las 24 regiones y a la Provincia Constitucional del Callao— ningún candidato alcanzó el 30% de los votos válidos necesarios para ganar en primera vuelta, llegando a una segunda elección el próximo 6 de diciembre. En las regiones restantes, los ganadores pertenecen a ocho organizaciones políticas distintas.
En ese mapa Fuerza Popular, partido principal del oficialismo, apenas aparece. La organización naranja no ganó ninguna región en primera vuelta y solo disputará la segunda en Lambayeque. En cambio, partidos que han mantenido con el tiempo un discurso crítico del Ejecutivo, ya se han impuesto en varias regiones del país.
Este patrón se repite especialmente en el sur. En Apurímac y Madre de Dios, Ahora Nación se habría impuesto en primera vuelta con más del 30 % de los votos válidos, mientras que en Tacna, Arequipa y Puno disputará la segunda vuelta. En esta última región, su rival será la alianza ASI-Juntos por el Perú, también de tendencia opositora. En Cusco, en cambio, Verónika Mendoza se perfila como gobernadora con la Alianza Electoral Venceremos. ¿Podrán estos futuros gobernantes jugar un rol opositor frente al poder Ejecutivo?
Autonomía a medias
La lógica regional es bastante distinta para votar si se compara a nivel nacional. Para José Luis Incio, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) especializado en política subnacional, la diferenciación es muy marcada. Mientras que en la elección presidencial predomina un cálculo sobre la continuidad del sistema económico y las relaciones de poder, en las regiones cada elección responde a su propia lógica, más cercana al elector.
“Hay una desconexión muy fuerte entre la política y la ciudadanía (…) Los partidos y los movimientos regionales en general hay mucha desconfianza entre estos, entonces hay veces también en los electores cierta lógica de votar por alguien que es totalmente nuevo porque no confía en ninguno de los anteriores”, declaró para Nexos.
Esto se debe a la propia coyuntura existente del Perú. Mathias Mackelmann, experto en comunicación política, explicó que en las regiones con mayor abandono del Estado se configura una especie de “voto protesta”, que apuesta por quien desafía al “Perú centralista de Lima”.
Para el especialista, figuras de la derecha como Rafael López Aliaga o la propia Keiko Fujimori tenían poco arrastre en el sur porque los electores “los ven como parte de esas represiones”. En ese escenario, pesa también un “tema emocional fuerte” de votar por alguien que no represente “lo que pueda haber sido el gobierno de Dina Boluarte”.
Sin embargo, que el voto regional siga su propia lógica no significa que las regiones gobiernen con autonomía. Según Incio, los gobiernos regionales dependen en buena medida de los proyectos que financian los ministerios con más presupuesto, y eso le permite al Ejecutivo aplicar una lógica de premio y castigo para alinear intereses.
A esto se le suma que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) todavía conserva la facultad de aprobar los proyectos a través del sistema de inversión pública, lo que le da al gobierno central margen para frenar algunas iniciativas de la región.
En ese contexto, Incio no prevé que los nuevos gobernadores entren en una confrontación abierta con el gobierno de Keiko Fujimori. Cada gestión regional tendrá que lidiar con sus propias divisiones internas, y abrir otro frente con el Ejecutivo le resultaría más complicado. Por ello, aunque en lo político pueda haber “un discurso más confrontacional”, sostiene que en lo práctico “no les conviene”. Más que sentarse a negociar, buscarán proteger lo que ya tienen y sacar adelante los proyectos que puedan.
Ese contraste entre el discurso y la práctica ya tiene antecedentes. En 2022, en plena crisis tras la caída de Pedro Castillo, Rohel Sánchez, entonces gobernador de Arequipa, anunció junto a otras autoridades regionales que pedirían la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. Meses después, ya como gobernador y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), agradeció a Boluarte y a sus ministros por los consensos que “permitirían la pacificación y reconciliación del país”. Con este panorama ¿pueden estos gobernadores electos presionar de verdad al poder central?
Mantenerse al margen
Hacer oposición desde las regiones sí es posible, pero con un matiz. Para Incio “Las oposiciones son de diferentes formas y tipos”. Un gobierno regional puede activar a la ciudadanía para protestar contra el gobierno nacional, detener proyectos de inversión y generar conmoción social. En la política pública, en cambio, considera que no hay mucho espacio, ya que a las regiones les conviene que siga llegando dinero de Lima. Donde sí ve margen es en el discurso, aunque con un costo que cada gobernador deberá medir.
“Los gobiernos regionales necesitan la plata que tiene el gobierno nacional. Entonces, ahí es donde (…) hay que, como se dice, tejer fino cuál es la oposición [que] te puede llevar a que te den más dinero o te pueden llevar a que no te den o te bloqueen”, explicó.
Más allá del discurso, la Constitución también reconoce a los gobiernos regionales algunas herramientas para hacer contrapeso. El artículo 203 faculta a los gobernadores, con acuerdo de su Consejo Regional, a presentar demandas de inconstitucionalidad contra normas con rango de ley en materias de su competencia, mientras que el artículo 107 les otorga iniciativa legislativa en las materias que les son propias. A ello se suma la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), un espacio desde el cual los gobernadores pueden fijar posiciones conjuntas frente al Ejecutivo.
Cusco podría ser el primer escenario donde se ponga a prueba ese equilibrio. Verónika Mendoza, excandidata presidencial y virtual gobernadora de la región, ha mantenido a lo largo del tiempo una postura crítica frente a Fuerza Popular. Para Incio, lo que más le conviene es hacer una buena gestión, pues es su oportunidad para recuperar el liderazgo de los grupos de izquierda. No obstante, advierte que al gobierno nacional “no le conviene que una figura como Verónika Mendoza siga avanzando”, por lo que posiblemente utilizará las herramientas que tiene “para bloquear algunas cosas que pueda hacer Cusco”.
En esa línea, Mackelmann plantea una lectura menos confrontacional. Para el especialista, una oposición real desde las regiones consiste en “trabajar por los intereses de cada región, de tal manera que el gobierno central tome nota de las necesidades”, es decir, coordinar y pedir lo necesario frente a temas como el fenómeno El Niño o la seguridad. A ello se suma la importancia de “hacer un buen gobierno regional”, sobre todo uno honesto, en alusión a las autoridades regionales que han terminado presas por corrupción.
Sin embargo, el mapa regional todavía no está cerrado. El 6 de diciembre, quince regiones elegirán a sus gobernadores en segunda vuelta, entre ellas Puno, Arequipa y Tacna, donde Ahora Nación sigue en carrera. Quienes resulten electos asumirán el 1 de enero de 2027, con cuatro años por delante frente al gobierno de Keiko Fujimori. Está por verse si el respaldo que los llevó al cargo les alcanzará para sostener ese contrapeso.
