La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calcula que la Fiscalía peruana solo conoce el 15% de los casos de violación sexual. Una de cada cinco mujeres menores de edad ha sido víctima de este crimen.
Por Ana Cueto y Thiago Castañeda
Entre enero y agosto de 2026, el programa Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró 5 491 reportes de violencia sexual contra menores en el Perú. Este crimen acumula más de 40 000 casos en cinco años y representa la segunda población penitenciaria del país, afectando de forma abrumadora a las niñas con 5,089 denuncias registradas frente a 402 casos en niños.
Estas alarmantes cifras confirman que la violencia sexual contra la niñez no obedece a sucesos aislados, sino a una profunda problemática estructural e histórica. Entre la precariedad logística de las comisarías, la derogación de lineamientos alrededor de la educación sexual y un sistema judicial que favorece a los agresores, la infancia en el Perú se enfrenta a una estructura estatal que revictimiza, silencia y afecta gravemente su posibilidad de adquirir justicia.
Una ineficiencia arraigada
Las niñas y adolescentes que acuden a sentar una denuncia suelen enfrentarse a cuestionamientos revictimizantes por parte de la sociedad y las autoridades. “‘¿Por qué saliste a esa hora?’ o ‘¿cómo ibas vestida?’”, ejemplifica Mayte Ciriaco, periodista de investigación, advirtiendo que a pesar de que la Ley N°30364 exige la presencia de personal sensibilizado en comisarías. Esto no ocurre debido a la alta rotación del personal y la falta de capacitación de las autoridades públicas.
Asimismo, existe un grave incumplimiento de esta ley al haber la capacidad de atención por parte de personal femenino. Según el MININTER, solo el 11% del personal policial en comisarías son mujeres. De igual manera, este año la Defensoría del Pueblo reveló que el 80% de comisarías no tiene efectivos suficientes para brindar una atención adecuada y procesar correctamente a las víctimas.
La Defensoría del Pueblo también expuso que el 30% del equipo informático de las comisarías está inoperativo, lo que dificulta la recepción y el procesamiento oportuno de los expedientes. Estas barreras técnicas e informáticas en las dependencias policiales generan embotellamientos que paralizan el flujo de la denuncia. La falta de conectividad y equipos en distritos alejados demora el registro oficial durante meses, imposibilitando un seguimiento en tiempo real.
Además, la abogada especializada en Estudios de Género, Cristina Valega, señala que el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA) no llegó a ejecutarse ya que “a nivel de sistemas operativos las instituciones no se podían poner de acuerdo”. Este retraso burocrático no sólo desanima a las familias a continuar el proceso, sino que distorsiona las estadísticas oficiales sobre los casos delictivos.
Debido a estas deficiencias policiales, las víctimas suelen preferir los Centros Emergencia Mujer (CEM), donde el personal muestra mayor sensibilidad. Sin embargo, los CEM enfrentan severas limitaciones de cobertura e infraestructura. La mayoría no cuenta con equipos multidisciplinarios completos de abogados, psicólogos y trabajadores sociales, quienes también se ven sobrepasados por la carga procesal de la zona.
Obstáculos a la prevención
El reconocimiento temprano de cualquier tipo de abuso es crucial, las violaciones sexuales suelen ser precedidas por otras faltas. Sin embargo, rara vez las menores de edad logran identificar estos sucesos como violencia sexual. “Es como si el abusador empezara a probar. Y prueba con decirte palabras obscenas. Cuando ve que no reaccionas, tocamientos indebidos. Y así se va acercando hasta que ocurre la primera violación”, explica Ciriaco.
Frente a esto, La Educación Sexual Integral (ESI) pretendía ayudar a este reconocimiento, además de enseñar cómo defender la autonomía corporal y denunciar situaciones de riesgo ante adultos o autoridades. “La ESI no implica solo reproducción, anticoncepción, ITS, sino derechos, igualdad, prevención de violencia y capacidad de acción”, añade Valega. “En nuestra sociedad todavía hay desigualdades, las mujeres en general experimentan más casos de violencia sexual. La estadística lo muestra”.
No obstante, en mayo de este año se derogaron los lineamientos nacionales de la ESI para cambiarlos por un enfoque más restrictivo, eliminando por ejemplo el enfoque de género. Valega enfatiza que sin enfoque de género se invisibilizan los patrones de poder y las dinámicas sociales de desigualdad que explican por qué las niñas sufren agresiones sexuales en una proporción abrumadoramente mayor a los niños. Al mismo tiempo, Ciriaco señala que la desarticulación entre el MINEDU y el MINSA dificultó implementar la ESI.
En el ámbito escolar, no hay herramientas de prevención ni procesos institucionales adecuados. La negativa de los padres ante el ESI y los pocos esfuerzos de los colegios para llevar a cabo talleres enfocados alrededor del programa. Asimismo, las normativas del MINEDU impiden sancionar o retirar a los alumnos agresores con la excusa de priorizar su derecho a la educación. Esto genera situaciones complejas en colegios a nivel nacional que carecen de la infraestructura adecuada.
Por otro lado, en zonas rurales y comunidades indígenas, el centralismo, las barreras lingüísticas y la distancia hacia un CEM o comisaría incrementan la desprotección. Es entonces que las denuncias terminan en manos de los Apus, las autoridades de estas comunidades, quienes no están capacitados y le quitan la decisión final de formalizar la denuncia a las víctimas. “Entonces no se da la denuncia. […] Ese es el flujo que tienen en las comunidades”, comenta Ciriaco.
En las comunidades rurales de la Amazonía, el Estado funciona en total abandono. En los internados se albergan estudiantes que no hablan la lengua local y no reciben asistencia, quedando incomunicados. Esta vulnerabilidad favorece casos de violencia cometidos por docentes, los cuales no son denunciados ante el temor comunitario de que el MINEDU demore meses o años en enviar a un maestro de reemplazo. A pesar de estas brechas, el trabajo conjunto de mujeres indígenas ha logrado grandes avances como la primera sentencia bilingüe, en awajún y español, en Condorcanqui.
Sesgos del sistema
Superar los impedimentos iniciales para denunciar tampoco garantiza justicia. En el Perú, los procesos judiciales por violación sexual contra menores de edad se extienden en promedio entre 5 y 6 años. Un análisis de El Comercio sobre 20 000 expedientes procesados por la Fiscalía reveló que solo el 3,4% obtuvo sentencia con condena, y más de 4 000 casos llevaban más de un año estancados.
En 2018, el Congreso modificó el Código Penal fijando cadena perpetua para agresores de menores de 14 años. Pero este endurecimiento punitivo no es realizable, debido a carencias de infraestructura y cárceles sobrecargadas. “Está demostrado científicamente hace décadas que aumentar las penas no soluciona los problemas de violencia”, afirma Valega. De igual modo, cuestiona que se omitan recursos indispensables para la prevención, la salud mental, el apoyo psicológico y el fortalecimiento de la atención integral.
Estas penas priorizan sanciones severas pero poco eficaces, puesto que no generan un costo presupuestal y proyectan una falsa sensación de acción estatal. En zonas donde las instituciones estatales no llegan, se crean Juzgados de Paz quienes para gestionar las sentencias. No obstante, en sus reportes, Ciriaco identificó pactos entre familias y agresores, donde se entregan sumas de dinero o se obliga a las niñas a convivir con sus victimarios, perpetuando ciclos generacionales de abuso e impunidad.
De llegarse a denunciar, el acompañamiento estatal físico y psicológico es precario. En zonas alejadas, los centros de salud quedan inoperativos por falta de médicos y las áreas de obstetricia cuentan con presupuestos limitados. Esta falta de atención obliga a niñas y jóvenes embarazadas por violación a viajes de alto riesgo para dar a luz; mientras que casos relacionados al aborto terminan siendo criminalizados.
La problemática de la violación sexual amerita una atención integral. Con un enfoque en las sentencias punitivas se dejan de lado otros factores como la prevención del delito y el acompañamiento de las víctimas. Sumado a ello, el Perú sigue sin contar con un sistema articulado y capacitado para la atención de casos de violencia y violación sexual. Es entonces que el Estado debe tomar medidas urgentes para que estos obstáculos no impidan la obtención de justicia.
