¿Es viable eliminar la ATU?

En los procesos electorales de este año muchos candidatos han manifestado su intención de derogar la norma que creó la Autoridad de Transporte Urbano.

Por Matias Illescas

Desde hace algunas décadas, Lima sufre una crisis en el transporte público, en medio de la sobrepoblación que vive la ciudad y la informalidad que domina el sector. En este contexto, en 2018, el Gobierno decidió crear la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), como un organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones con el fin de unificar y resolver el caos existente.

Sin embargo, en los últimos años la institución ha sido objeto de críticas por no mostrar muchos resultados, demorar procesos como el de la Línea 2 del Metro y un presunto exceso de procesos burocráticos. Ante esto, muchos candidatos y autoridades públicas han propuesto la eliminación de la ATU. Pero ¿qué implicaría una medida de este estilo?

La «guerra del centavo»

Desde finales de los años 70 hasta el comienzo de los 90s la compañía que se encargaba principalmente del transporte público en el país era la Empresa Nacional del Transporte Urbano del Perú (ENATRU). Operaba en Lima pero también en provincias como Arequipa, Cusco y Juliaca. Esta empresa transportaba diariamente alrededor de 80 mil limeños, pero durante la década de 1980, en medio de la crisis social y económica que atravesaba el país, acumuló una gran cantidad de deudas.

En 1992, el Estado decidió liquidar ENATRU debido a la crisis de la empresa que la dejó en la quiebra y aprovechó la oportunidad para abrir el mercado. Esta situación generó que cualquier persona o empresa, con un requisito mínimo, pudiera ofrecer rutas de transporte, dando origen a las combis y cústers que dominaron la ciudad durante los años siguientes. 

La situación derivó en un caos con muchas empresas -formales e informales- compitiendo por cada pasajero y generando congestión vehícular, accidentes de tránsito y contaminación ambiental en la denominada «guerra del centavo». Además, el problema no se podía gestionar bien debido a un conflicto administrativo constante entre las municipalidades de Lima y Callao debido a autorizaciones que invadían mutuamente sus jurisdicciones.

Una autoridad única

Como solución, en diciembre de 2018 el Estado creó la ATU, como un organismo técnico especializado con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, aunque está adscrito al MTC. La idea de esta institución era planificar y ejecutar un Sistema Integrado de Transporte en Lima y Callao ajeno a las municipalidades para evitar problemas administrativos en la implementación de las medidas. 

Pero a lo largo de estos siete años de funcionamiento algunas autoridades han propuesto su eliminación a través de la derogación de la ley que la creó. Una de ellas fue la excongresista Patricia Chirinos, que indicó que la ATU «revela un modelo institucional técnicamente ineficiente, políticamente deslegitimado y operativamente desconectado de las realidades territoriales».

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, también ha cuestionado a la institución por no presentar resultados, ya que la informalidad y la congestión vehicular siguen siendo un problema en la ciudad. En ese sentido, explicó que la ATU debería estar controlada por el gobierno local porque es ella la que tiene el manejo de las vías metropolitanas o los semáforos.

Para el abogado Lino de la Barrera, especialista en gestión pública, «el problema es que la situación de guerra, si bien ya no hay una pelea entre autoridades, en la práctica el ciudadano la siente exactamente igual. Es decir, la ‘guerra del centavo’ continúa. Al contrario, se ha acentuado el problema. De repente ya institucionalmente lo solucionamos, pero ese no era el fondo del tema, sino la calidad del servicio que recibe el usuario y eso no ha cambiado».

Sin embargo, la eliminación de la autoridad tampoco es una opción. Esto solo regresaría la situación al conflicto entre las municipalidades por la jurisdicción y organización de las rutas de los transportes, se perderían los subsidios del Gobierno Central y los informales tendrían más libertad para operar. 

«Ya nos ha demostrado la historia que en más de 20 años las municipalidades no están en capacidad de gestionar. Es más, cada una a nivel provincial se está encargando de velar por el transporte de sus propias provincias. El transporte de Lima, por ejemplo, cuando le aplicaban una infracción en el Callao, no valía porque este vehículo era de Lima, estaba supeditado bajo el régimen de Lima y lo mismo para Callao», explicó Carmen Quispe, presidenta de la asociación Luz Ámbar.

Además, la ATU ya ha elaborado un Plan Maestro de Transporte Público para Lima y Callao al 2045, en colaboración con la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, que tiene como objetivo la implementación del Sistema Integrado de Transporte. La idea es que para ese año Lima cuente con nueve líneas de Metro, 11 sistemas BRT (Autobús de Tránsito Rápido, por sus siglas en inglés), ocho teleféricos y alrededor de 800 kilómetros de carriles bus.

Por lo tanto, en caso de disolver la ATU, la ejecución del plan maestro se pondría en riesgo, entonces, organizaciones como Transitemos explican que lo más adecuado es una reorganización de la institución, dotarla de un mayor peso político y de los recursos financieros necesarios para llevar a cabo lo planeado. El problema, en ese sentido, está en garantizar que se cumplan las propuestas.

«La idea es que haya una autoridad que pueda buscar y garantizar el transporte como un servicio público de verdad», explicó Quispe. «El servicio público que garantiza que las personas puedan viajar de forma segura y efectiva de un destino a otro. Y para ello, lo que se requiere es que haya una autoridad autónoma», añadió.

Además, la ley indica que no puede haber dos municipios contiguos gestionando el transporte urbano, como sucedería con Lima, el Callao y Huarochirí. Por otro lado, de acuerdo con la plataforma de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en 2025 se ejecutó el 98% del presupuesto de la institución, y en 2022, 2023 y 2024 se registraron cifras similares, lo que evidencia que el problema no está en ese aspecto.

Para De la Barrera, una de las soluciones tendría que abarcar la implementación de nuevas rutas que conecten las ya existentes. «Antes el ciudadano viajaba en una combi, de repente apretado, pero viajaba de punta a punta o por lo menos hacía un solo cambio. Hoy día es la combi hasta el corredor y después otra combi hasta el final. Entonces, hay que completar el esquema de alimentadores para integrar el pasaje a esa persona y reducir los costos aumentando la flota de aquellos servicios que quiero favorecer», indicó.

Pero también, el especialista explicó que es necesario modernizar los sistemas e integrarlos, ampliar las flotas de los corredores y no dejarse llevar por la coyuntura, en relación a propuestas como poner cámaras a cada vehículo para evitar robos.

Si bien no hay una mejora demasiado notoria del transporte público con la institución, la solución al problema pasa más por una reorganización de la ATU que su eliminación, ya que volvería a traer las dificultades que existían antes.