Según datos de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), este año 5 periodistas han sido asesinados. En el marco del Día del Periodista, ¿cuál es la situación del oficio en el país?
Por Mauricio Mendoza y Rafael Ortega Alva
El pasado sábado 19 de septiembre, en un mercado de Ancash, Susy Ysabel Aponte Polo –más conocida como la China Polo–, fue asesinada luego de que un hombre se acercara por detrás y le disparara en la cabeza. El acto no pasó desapercibido, pues no se trataba únicamente de candidata a gobernadora de la región, también era una periodista con un dominical donde denunciaba casos de la zona.
Lejos del expediente que llevaba Susy Aponte –que incluye una investigación por el delito de organización criminal y dos sentencias firmas por falsedad ideológica y falsificación de documentos— es el primer caso de asesinato a un periodista en lo que va de 2026. Sin embargo, en los últimos dos años, sería la quinta muerte de un colega, según informes de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP). Ello no puede ser tratado como un hecho aislado, sino como un problema que tiene raíces y cuyas consecuencias se han agravado. En el marco del Día del Periodista, ¿está el oficio en un punto de quiebre?
Entre amenazas
“Yo diferenciaría los 4 casos de 2025 con el ocurrido en Áncash (…) Ellos fueron asesinados por las investigaciones que hacían. En el caso de Susy, no sabemos bien si el tratamiento informativo que ella realizaba en su programa se ajustaba a criterios periodísticos éticos por el expediente que tenía”, señala Rodrigo Salazar, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Si bien indicó que el asesinato de reciente no deja de ser condenable, los casos anteriores sí son un reflejo del peligro que corre la libertad de información y el periodismo en general.
Dejando por un momento el caso de la “China Polo”, los 4 casos de 2025 fueron: Fernando Núñez (La Libertad) , Mitzar Castillejos (Ucayali), Gastón Medina (Ica) y Raúl Celis (Iquitos). Además, de acuerdo con ANP, hasta septiembre de dicho año se registraron más de 250 ataques. Si bien la capital es el principal foco de agresiones registradas, los casos donde la violencia ha escalado a un punto de no regreso ha sido en las regiones.
La vinculación con actos de corrupción o actividades ilícitas en el ejercicio de la prensa ha llevado a casos como el de Manuel Calloquispe Flores en Madre de Dios. El periodista que investigaba la minería ilegal de su región ha sido víctima de amenazas y denuncias para perjudicar su labor. En conversación con el medio Convoca, declaró que vive refugiado y protegido por cámaras de seguridad, sin poder salir a realizar su trabajo. “Han logrado su cometido, no puedo trabajar. Necesito salir de aquí”, añadió.
“Hay un patrón sobre las amenazas donde los periodistas independientes que tratan la información relacionada con casos de actos corruptos de las autoridades públicas son el principal foco”, indicó Carlos Caldas, representante de la Asociación Regional de Periodistas del Perú. Sobre el caso de Gastón Medina, por ejemplo, recordó su presencia en diferentes plataformas, donde denunciaba diariamente concretamente a dos gobernadores regionales. Después de uno de sus programas, Medina fue acribillado con 11 tiros mientras conversaba con un amigo fuera de su casa.
La persecución desde el poder
Según datos registrados por la ANP, la tasa de impunidad ante el asesinato de periodistas desde 1980 es de 95%. Desde el año pasado, donde se registraron 4 muertes a colegas del oficio, la entidad ha reiterado su exigencia de justicia y protección efectiva ante un contexto que se ha vuelto sumamente hostil para la prensa.
Salazar comentó que por momentos la fiscalía toma decisiones que perjudican a los periodistas, incluso los incluye dentro de organizaciones criminales solo por investigar a estas mismas. Para explicar su punto, toma de ejemplo el caso de Paolo Benza, quien recientemente ha enfrentado una investigación preparatoria por parte de un fiscal, porque un anónimo presentó una denuncia contra él utilizando lo que aparentemente, según Benza, son chats falsos.
“La fiscalía no tiene ninguna prueba ácida de los chats que presentan terceros contra un periodista, pero igual abren una investigación. Creo que el caso de Benza refleja bien como periodistas son incluidos en organizaciones criminales con total ligereza y sin ningún tipo de protocolo para determinar si las pruebas que se presentan son o no son verdaderas”, declaró el periodista.
Por otro lado, Caldas afirma que esta serie de muertes reafirma la inestabilidad a la que estamos ligados desde hace muchos años. Asimismo, asegura que este tipo de casos no son simple sicariato, porque atentar contra un periodista es también atentar contra la democracia.
“La vigencia del ejercicio periodístico es que es parte de una democracia y si tú atentas contra un periodista, estás desestabilizando el sistema. Eso significa que tú no puedes decir lo que quieres, no puedes anunciar lo que te parezca, porque te encuentras con una bala”, explicó el representante regional.
Por otro lado, los fallos que dan algunos órganos del Estado —como en el caso de Paolo Benza— confirman que, de una u otra manera, quedamos expuestos ante el trabajo que se realiza. En febrero de este año, el Tribunal Constitucional ordenó la liberación de Daniel Urresti, quién había sido condenado a 12 años de prisión por el asesinato del corresponsal de guerra Hugo Bustíos Saavedra en 1988.
Ante situaciones como esta, donde el mismo aparato estatal falla en contra del afectado o asesinado, lo que termina generando es desconfianza y una falta de transparencia en lo que a su labor respecta. Salazar propone “conversar con todos los actores políticos y los funcionarios públicos y decirles que hay algo que no está funcionando, y son ustedes los agresores”.
Protección que no llega
Como se ha dicho, el rol del gobierno dentro de este tema es controvertido, debido a la ligereza que, aparentemente, existe por su lado sobre el asesinato a periodistas. Aunque es importante aclarar que el país está sufriendo una ola de inseguridad y sicariato altos, rebajar la importancia sobre las muertes a periodistas sería irresponsable debido a la magnitud de estos.
Sobre la constante de estos ataques, la duda es si hay soluciones de parte de las autoridades para frenar esta situación. Una posible solución que plantea Caldas no involucra a aquellos responsables en salvaguardar nuestra seguridad. En sus palabras, “el periodista tiene que establecer un propio sistema de protección” debido a que “el poder está cooptado por controvertidos personajes, semidelincuentes o fiscales corruptos que forman parte de Cuellos Blancos o mafias”.
Del mismo modo, Caldas identifica que el patrón viene del mismo trabajo periodístico. Al ser una labor que fastidia, incómoda y pone en evidencia a muchas personas con cargos públicos, a estas no les beneficia que se realice el ejercicio de fiscalizar a aquellos que incumplen las normas.
“Las autoridades públicas tienen un control sobre cómo se manejan recursos. Entonces, con esos criterios, lo que hace el periodista es tratar la información según su estilo, en un proceso de lucha frontal contra la corrupción, y evidentemente los beneficiarios de desaparecer a los periodistas son los que infringen la ley”, afirmó.
En este punto, Salazar explica que la inoperancia del Estado afecta a los periodistas, pero también a la ciudadanía, quienes son expuestos al sicariato y extorsión. Junto a esto, el director ejecutivo señaló que “el 80% de las querellas que llegan contra periodistas son de funcionarios públicos y el 80% se cae”. En ese sentido, para él “lo que debería haber es una apertura a entender que el trabajo de la prensa es un trabajo fiscalizador e incómodo por naturaleza”.
Cuando la libertad de expresión y prensa es comprometida, la labor periodística se dificulta, y en casos, llega a extremos como jugarse la integridad física y hasta la vida. Sin embargo, mientras exista el periodismo, el trabajo de exponer a aquellos que perjudican a la ciudadanía seguirá con vida.
