El ministro de Economía, Elmer Cuba. Fuente: Andina.
En anticipación a lo que será el Fenómeno de El Niño, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una serie de medidas y acciones para poder solventar de manera viable la problemática.
Por Mauricio Mendoza
El pasado 22 de octubre, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) junto a la presidenta Keiko Fujimori anunciaron un paquete de S/ 18 mil millones adicionales para 2027, con el que buscan enfrentar el impacto del Fenómeno El Niño, el alza del petróleo y las mayores tasas de interés internacionales.
De acuerdo al aviso, del monto total, S/ 2.500 millones se destinarán a bonos para familias vulnerables al fenómeno natural. Para financiarlo, el Ejecutivo propone modificar las reglas fiscales y elevar el déficit fiscal a 2,4% del PBI en 2027, con una reducción gradual hasta 1% en 2031, ¿qué tan viable es la medida en términos fiscales y de ejecución para solventar el Fenómeno El Niño?
Acciones concretas
Las medidas se organizan en cuatro grupos, cada uno dirigido a un destinatario distinto. Los hogares vulnerables, mediante bonos; el empleo y los servicios públicos, mediante el mantenimiento de infraestructura; la inversión, mediante la culminación de obras; y las empresas, mediante alivio tributario y liquidez.
El ministro Elmer Cuba explicó que el mantenimiento permitirá preservar la infraestructura y generar empleo rápidamente y que el alivio a las empresas busca aliviar sectores como la pesca y la industria textil. Con esta distribución, el paquete combina la respuesta a la emergencia climática con el sostenimiento de la actividad económica.
La medida de mayor peso es la inversión en infraestructura. La presidenta Keiko Fujimori mencionó en el anuncio que S/. 13 mil millones serían para este componente, además que Cuba precisó que el MEF identificó 250 obras con más de 50% de ejecución y que se buscará aprovechar el mecanismo de Obras por Impuestos.
Para Miguel Alzamora, economista senior del Instituto Peruano de Economía, uno de los grandes retos que ya viene atravesando la obra pública es el hecho de que muchos de los trabajos terminan en situación de paralización o abandono.
“Desde el IPE encontramos que en las autoridades subnacionales y las municipalidades distritales han acumulado cerca o más de 50.000 obras en situación de paralización o abandono. Son S/. 20 mil millones en cosas que están paralizadas y que no han tenido continuidad”, confirmó Alzamora.
Los otros componentes son de menor magnitud, pero de naturaleza distinta. En el caso de los bonos temporales para hogares afectados o colegios, centros de salud, comisarías y carreteras se suman casi S/. 5 mil millones. Mientras que, S/. 500 millones serán para subsidios a combustibles.
Un márgen económico
La viabilidad financiera tiene un respaldo parcial. Cuba sostuvo que el país cuenta con margen fiscal y mencionó una deuda pública equivalente al 30% del PBI. Con ese nivel de endeudamiento, la ampliación del déficit a 2,4% no compromete por sí sola la sostenibilidad. Alzamora explica que habilitar nuevos recursos implica que el desbalance entre ingresos y gastos va a ser mayor, y ese desbalance que ya se anuncia como mayor, hay que financiarlo. Sobre eso, comentó que “aún existe un espacio para lo que es emisión de deuda, porque la deuda de Perú es casi la mitad del promedio de América Latina”.
A pesar de esto, existen advertencias institucionales, como la del Consejo Fiscal, quienes calificaron de exigentes las proyecciones de crecimiento del Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030. Advirtieron que persisten riesgos por el impacto de El Niño, además, observaron que las proyecciones se elaboraron bajo la senda vigente del déficit, no bajo la que el Gobierno ahora propone. Esto implica que las cifras de crecimiento e ingresos con que se evaluará el paquete aún no incorporan el cambio de reglas.
El segundo factor es la capacidad de ejecución. Culminar obras paralizadas y mantener infraestructura en pocos meses exige procesos de contratación, supervisión y desembolso que, históricamente, han limitado el gasto de inversión pública. Respecto a esto, Paola Herrera, economista senior del IPE, comentó que las medidas están bien enfocadas, sin embargo, “la prueba de fuego va a ser la ejecución”.
“Este paquete está atacando justamente obras que ya tienen cierto porcentaje de avance, entonces creo que lo que están buscando es aquello que se pueda completar más fácilmente. Pero sí, el presente no es tan favorable en realidad para eso”, declaró la economista.
El tercer factor es el calendario político. El dinero adicional se sumaría a un crédito suplementario de más de S/ 8.200 millones que el Congreso aún debe facilitar al Ejecutivo. A ello se suman los desacuerdos entre el MEF y el Congreso sobre el Presupuesto 2027, que según el mismo MEF, mencionan que la modificación de las reglas fiscales y la aprobación presupuestal determinan cuándo llegarán realmente los recursos frente a un fenómeno climático cuyos efectos se anticipan en los próximos meses.
Por otro lado, para Herrara “este es un primer anuncio que está atendiendo principalmente infraestructura, pero en caso de que haya una emergencia mucho mayor de la esperada a las familias, me parece que se tiene todavía espacio para de repente anunciar otro más. Creo que hay espacio para reasignar presupuesto dentro de lo que ya se tiene para poder justamente terminar este tipo de gastos”
Viejos conocidos
Los bonos temporales alcanzarían a familias del sur andino que podrían perder ganado o cosechas, hogares afectados por las lluvias en las regiones, junto a personas vulnerables, incluidos jubilados de la ONP, durante tres a cinco meses. Su peso en el paquete, aunque menor, concentra a un antecedente cercano, los subsidios de 2020 por la pandemia.
Durante esta, el Estado no aplicó un solo bono, sino varios con patrones distintos. Los subsidios se dieron en cuatro grupos y se identificaron 6 millones de hogares para los primeros bonos y, el Familiar Universal, buscaba completar 8,5 millones de familias. La fragmentación respondió a que, como señala UNICEF, la reacción inicial estuvo condicionada por la incertidumbre sobre la duración de la pandemia y no hubiera una estrategia a largo plazo.
Para Herrera, esta vez la situación es diferente, porque “los espacios de mejora ya seguramente los tienen anotados porque El Niño va a ser la primera prueba real de juego para este gobierno, que va a determinar luego cuánto rédito político le queda para el resto de la gestión”.
También hubo cuestionamientos al monto y a la distribución. La forma de repartición de los bonos de S/760 fue criticada, además, el Banco de la Nación informó que el Bono Familiar Universal había llegado al 86 % de los beneficiarios urbanos y al 81,5 % de los rurales al 30 de diciembre de 2020. En palabras simples, el cobro se completó con rezagos de meses y no alcanzó a todos.
Alzamora le da peso a la focalización de los bonos, debido a que esta podría ser la diferenciación de cara a este dinero que irá a los más necesitados. “Cuentas con toda esta evolución que ha tenido el sistema de focalización dentro del país e incluso cuentas con diversos mecanismos, ya no solo pagos mediante el Banco de la Nación, sino también billeteras digitales que te permite tener otras opciones”, comentó el economista.
Las medidas del MEF ponen una gran prueba para este Gobierno para responder a una emergencia grande que se anticipa con algunos meses de margen. El financiamiento está en gran parte resuelto, ya que el país tiene un nivel de deuda moderado y se propone ampliar temporalmente el déficit. Lo que aún no está resuelto es si el dinero llegará a tiempo a quienes corresponde y si el balance de este paquete se hará con la rapidez y precisión, más allá que con la cifra anunciada.
