Lo que la minería no ve

Lejos de los beneficios que trae la actividad minera, existen varios sectores que se mantienen en la extrema pobreza, ¿cuál es la razón?

Por Rafael Ortega Alva

Pese a ser una actividad que representa, aproximadamente, el 10% del producto bruto interno del Perú y haber mostrado en los últimos años un aumento considerable en los precios de exportación, la actividad minera tiene dos caras de una misma moneda. Si bien se trata de uno de los procesos que más generan riqueza, las zonas donde se realizan estas acciones no siempre pueden probar la bonanza que se obtiene. 

Lugares como Cajamarca, Pasco y Puno se presentan como algunos de los espacios con mayor actividad minera —dentro de la formalidad—, pero también registran algunos de los índices de pobreza más altos del país. Uno de los casos más emblemáticos, por ejemplo, es la Alberga Yanacocha, una de las minas de oro más importantes del Perú y que, mientras ello ocurre, mantiene un 41% de precariedad económica. En medio de esta disonancia, ¿cómo y por qué ocurren casos como este?

Canon y desarrollo

Para comprender cómo operan estas regiones menos favorecidas, primero se debe entender por qué sí existe dinero que llega a estos puntos. Por ley, el 50% del impuesto a la renta que se recauda de las empresas mineras se transfiere a los gobiernos locales donde se explotan los recursos, con el fin de construir obras públicas.

Sin embargo, de acuerdo con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, entre 2005 y 2021, si bien las regiones recibieron más de S/66 mil millones, únicamente el promedio de ejecución fue de casi el 60%. “Hay una paradoja de la abundancia (…) Terrenos donde las personas no cuentan con los servicios básicos y que, sin embargo, suelen ser suelos muy ricos para el potencial minero”, señaló Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Minas.

Además, indicó que este problema se explica por diferentes razones: desde la mala gestión pública, pasando por el centralismo y la dependencia de afuera, hasta la falta de estándares sociales y ambientales. “Lo que se crean son grupos privilegiados que incrementan las diferencias y que son percibidos de mala manera por la población”, añadió.

En un estudio más reciente realizado por el medio Rumbo Minero, se estima que, entre 2023 y 2025, los municipios dejan sin ejecutar más de S/ 1,000 millones al año. De acuerdo con la investigación, para junio de este año, de los 20 gobiernos que han evaluado en el país, solo se había realizado el 32% de los S/ 3,437.9 millones destinados a proyectos de inversión. En otras palabras, aún queda pendiente la ejecución de más de S/ 2,300 millones durante la segunda mitad del año.

«Cuando tú miras estadísticas… la parte macro, una bonanza tremenda. Pero tú vas al poblador y le preguntas, el poblador te va a decir: ‘No me siento contento’. Hay un malestar microeconómico”, señaló el doctor en Economía, Elmer Sánchez.

En entrevista para Nexos, recalcó que, si bien hay un aporte más que importante gracias al canon minero, la capacidad de gasto del Estado es mínima. “No es que haya fracasado la política minera. Lo que ha fracasado o donde hay mucho espacio para mejorar es básicamente en políticas públicas”, recalcó.

Quizás uno de los ejemplos más claros es San Marcos, ubicado en Ancash. Este es, de hecho, el distrito con mayor nivel adquisitivo del Perú, el cual supera ampliamente a lo que se podría pensar de Miraflores, San Isidro y La Molina. En 2023, aunque recibió 690 millones de soles de canon minero, 3,000 viviendas no contaban con red de desagüe, el 99% de sus calles no estaban pavimentadas, 15% de los niños sufría de desnutrición crónica y existía la necesidad de construir al menos 10 colegios para cubrir la brecha educativa.

Conflictos sociales

Hasta mediados del año pasado, según la Defensoría del Pueblo, se registraron 199 conflictos sociales relacionados con la actividad minera, de los cuales 150 permanecen activos. En otras palabras, la minería no solo genera riqueza, sino que también produce altas tensiones, sobre todo cuando los pueblos no gozan de los beneficios económicos característicos de la minería. Entre los departamentos con mayor conflictividad están Loreto, Puno, Cusco y Apurímac. 

“Si no se siembran oportunidades, si se sigue reproduciendo el mismo modelo donde unos pocos lo tienen todo, lo único que se va a generar es aumentar las diferencias y el rechazo”, señaló Gamio. El exviceministro añadió que, como medida de mejora, se debería autorizar la competencia para la ejecución de obras en beneficio de las comunidades, lo cual permitiría que estas finalmente cuenten con los servicios necesarios y puedan tener mayor armonía. 

Uno de los conflictos recientes es el caso Morococha, el cual surge a raíz del proyecto minero Toromocho, operado por la empresa minera Chinalco en la región Junín. Con el fin de poder expandir la mina de cobre, la compañia hizo el desalojo de las familias que vivían en dicha ciudad e impulsó a los ciudadanos hacia un nuevo asentamiento construido en Carhuacoto, denominado Nueva Morococha. Esto pese a que las familias se negaron al indicar que el reasentamiento ofrecido no garantizaba condiciones adecuadas para vivir.

“La data muestra que, a partir del 2014, hay una relación entre precios de minerales y conflictos sociales”, indicó Sánchez. De acuerdo con el economista, la reacción de los pobladores resulta normal cuando se ve que hay grandes montos de dinero que llegan a otras personas. «No tenemos buenos proyectos de inversión, se priorizan obras que no generan un impacto social significativo y no solucionan el problema de fondo”, complementó.

Lejos de los grandes beneficios económicos que ofrecen las actividades extractivas, queda en claro que todavía hacen falta políticas en vías de desarrollo. Además, aunque la Ley de Consulta Previa fue aprobada en 2011, todavía sigue teniendo una limitada aplicación, lo que ha tenido como consecuencia la pérdida de legitimidad. Por ende, quedaría en manos del Estado revertir dicha situación.