Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) registran un contexto desfavorecedor para el campesino peruano. No hay Estado que los proteja. Son dejados a su suerte dentro de una crisis estructural que parece no tener fin.
Por Luis Fernando Estuco Calamullo
Pico y palas listas: cada 24 de junio los niños suben al estrado con ojotas y camisas cuadradas de lino, listos para la presentación escolar que el colegio obliga a conmemorar por el Día del Campesino, entre panfletos y afiches festivos. Cada 24 de junio, cuando la inocencia infantil aún no puede reconocer que el campesino es ahora, en realidad, una cifra ignorada del presupuesto nacional.
Lo que hoy conocemos como el Día del Campesino nació en 1969, cuando Juan Velasco Alvarado promulgó la Ley de Reforma Agraria mediante el Decreto Ley N.° 17716. Aquel acto dejó de lado la antigua denominación de «Día del Indio», impuesta en 1930. Con este cambio, el Estado pretendía revalorar el trabajo de los hombres y mujeres de la tierra y reconstruir una comunidad agraria marcada históricamente por la desigualdad. Desde entonces, las presentaciones escolares se convirtieron en ritos anuales junto a una gran distancia frente a la realidad del campo.
La Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2024 muestra una radiografía preocupante que desmiente cualquier discurso triunfalista. Actualmente, el 95,4% de las unidades agropecuarias del país pertenecen a la agricultura familiar, pequeños agricultores que se abastecen y venden en mercados cercanos a sus propias chacras. Pero la mayoría vive en condiciones de vulnerabilidad extrema: el 79,3% se encuentra en un nivel de subsistencia.
El tamaño de la propiedad es otra prejudicialidad. El número de hectáreas de un agricultor pequeño a menudo no llega ni a una unidad (1 ha), y esto lo imposibilita para acceder a las facilidades o bonos que el Estado ofrece bajo criterios de mayor escala. ¿Su situación económica? El 39,2% vive bajo una “subsistencia crítica”, lo que significa producir sin acceso a riego tecnificado ni semillas certificadas.
Eduardo Zegarra, economista agrario e investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), registró las vulnerabilidades de este sector entre 2012 y 2022 utilizando datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Su retrato es el de un panorama deficiente y contextos casi imposibles, que nos obligan a preguntar si de verdad los campesinos tienen motivos para celebrar su propia festividad.
Lección de vida
El 2021 no fue del pueblo. No solo por la debilidad política del gobierno de turno, sino porque su equipo ministerial develó una alarmante ineficiencia. Según el Observatorio Nacional de Prospectiva, una gran crisis agraria nacional coincidió, irónicamente, con el bicentenario de la independencia. En agosto de ese mismo año, Víctor Maita asumió el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI). Dos meses después, se oficializaron los Lineamientos de la Segunda Reforma Agraria.
“De los once o nueve lineamientos que se tenían, se redujeron en cinco ejes centrales, que son: reformar el MIDAGRI, la seguridad hídrica, garantizar el mercado para los productores y agricultores, la innovación tecnológica, y la industrialización y la tecnificación de la agricultura. Nosotros priorizamos la seguridad hídrica y avanzamos con este proyecto en concreto, que tenía un presupuesto de más de 500 millones. Y eso, hasta el momento, se viene ejecutando en varias regiones de nuestro país.”, explica Maita.
Sin embargo, lo que buscaba ser una reforma de cariz benevolente hacia el pequeño agricultor, terminó siendo una propuesta con falta de coherencia en su ejecución. Hoy, la Segunda Reforma Agraria es recordada como una anécdota amarga, incluso por quienes confiaron en ella.
Salvador Merma, Gerente General de la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco (FDCC), recuerda el entusiasmo inicial en Sacsayhuamán, donde se reunieron representantes de 13 provincias, incluyendo Apurímac, Puno y Madre de Dios. «Pensábamos que se iba a implementar. Se propusieron varias mesas técnicas. Hemos hecho un trabajo de cuatro meses en vano», sentencia.
Mientras se discutían reformas, un evento externo despuntó la crisis en 2021: el precio internacional de la urea. Los costos comenzaron a escalar drásticamente en mayo, pasando de 300 dólares por tonelada a 550 dólares en diciembre de ese mismo año, impulsados por el alza global de los precios de la energía.
Para mitigar el golpe, el Estado dispuso el Padrón de Productores Agrarios (PPA) como filtro para bonos como SEFEAgro y Wanuchay. No obstante, el remedio trajo su propia contrariedad. Para registrarse, el Estado exige documentos que avalen la tenencia: título de propiedad, contrato de arrendamiento o certificado de posesión. Dado el déficit histórico de titulación, especialmente en comunidades campesinas y nativas, miles de agricultores que poseen la tierra por herencia o tradición quedaron fuera por no tener «papeles».
En 2024, el 74% de los productores carece de título de propiedad según la ENA. En el periodo crítico de 2021-2022, la falta de titulación afectaba al 93% de los agricultores familiares. Sin títulos, no hay crédito. Salvador Merma denuncia la barrera burocrática de Agrobanco en Cusco:
«Te piden muchos requisitos, donde tú debes tener tu título de propiedad, o en todo caso certificado de posesión, y debes tener también garantizado con un área de parcelas, 3 o 4 hectáreas o más. Agrobanco no nos da facilidades. Es mucho trámite. La gente del campo se cansa y lo deja ahí. Son pocas las personas que acceden a ese crédito, más que todo los que tienen más de 8 o 10 hectáreas de terreno. Pero los pequeños agricultores (de 1 a 0.66 hectáreas) no tenemos ese acceso».
Las estadísticas le dan la razón. Según el ENA, solo el 9,1% de los productores agropecuarios solicitaron algún tipo de crédito.
Otras plagas burocráticas
«Vivo en carne propia esa situación. Yo asumo todas las responsabilidades en mi periodo… En fin, al menos nosotros sí teníamos una propuesta, un proyecto ambicioso de cambiar la agricultura en nuestro país; pero lamentablemente no se ejecutó», reflexiona Maita sobre su paso por el ministerio.
Pero el problema es institucional y no recae en una persona. El informe de Zegarra señala que la pobreza agraria saltó del 42% al 48% en el año 2020 debido a la pandemia. Durante ese periodo, el acceso al transporte se desplomó. En 2019, el 46,8% de los productores podía trasladarse a mercados regionales; para 2024, esa cifra bajó al 45,7%. Muchos se vieron obligados a vender en sus propias parcelas, aceptando precios de remate de S/ 0.30, cuando producir les costaba S/ 0.70.
Alberto Julca, docente de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, apunta a la desigualdad de infraestructura como un mal endémico: «Vas por la Panamericana Norte y a ambos costados están los fundos… Es una zona interconectada con el resto del país. Eso no ocurre en todos los lugares donde se hace agricultura en el Perú » reflexiona.
Los agricultores han optado por la autogestión. Salvador Merma, para eludir los precios ínfimos de las grandes empresas que pagan apenas S/ 1.30 por litro de leche, ha transformado su producción: ahora elabora yogur y queso para venderlos directamente en la ciudad del Cusco.
Sin el Estado, el apoyo real proviene de ONGs, como el Instituto para una Alternativa Agraria o el Instituto del Bien Común, que brindan capacitación tecnológica. Sin embargo, incluso este último refugio corre peligro. La modificación de la Ley 27692, que rige a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), busca aumentar el control estatal sobre los fondos que reciben estas organizaciones. Los gremios denuncian que esto es un intento de asfixiar a las organizaciones campesinas y de derechos humanos.
Desde que Pedro Castillo asumió la presidencia hasta el presente mes, han desfilado 12 ministros de Agricultura, deformando cualquier sentido de continuidad jurídica o política.
Picos y palas tiradas: finaliza el día, las rendiciones escolares ya cumplieron el calendario festivo. Sin embargo, el campesino termina su jornada en una chacra sin agua, sin títulos y sin crédito.
Trabajo realizado en el curso de Técnicas para Reportajes 2026-1
