Con la posibilidad del ingreso de capital privado a la petrolera, se ha abierto nuevamente el debate sobre el futuro de la empresa.
Por Rafael Ortega Alva
A pocas horas del inicio de 2026, en la noche víspera del año nuevo, el Gobierno de José Jerí publicó un decreto supremo que, hasta la fecha, ha generado múltiples controversias. Se trata de una norma que habilita la reorganización patrimonial de Petroperú y la incorpora al régimen de promoción de la inversión privada, en medio de una de las mayores crisis económicas que ha atravesado la empresa estatal.
La medida ha sido objeto de debate y su futuro vuelve a situarse bajo el escrutinio público. Durante las últimas semanas, sindicatos del personal administrativo de Petroperú han expresado en distintos medios de comunicación su rechazo al decreto, al señalar que este buscaría una privatización total de la empresa de manera encubierta.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) han descartado dicha intención, aunque mantienen una posición firme respecto a la necesidad de una reorganización urgente. Sin embargo, considerando que el gigante estatal acumula, actualmente, deudas que superan los USD 5,000 millones, ¿qué posiciones existen respecto a su mantenimiento?
¿Cómo se explica la crisis?
Existe una serie de puntos que los críticos consideran como fundamentales al momento de referirse a la petrolera. El Instituto Peruano de Economía (IPE), por ejemplo, ha señalado en una reciente nota de prensa que, desde el 2013, el apoyo financiero estatal a PetroPerú asciende a S/24,600 millones. No obstante, dichos aportes han sido insuficientes para revertir la situación financiera. Además, desde 2021, la empresa del Estado ha tenido once gerentes generales, lo que supone una notoria inestabilidad en los últimos años.
Una de las principales causas de la actual crisis financiera apunta al proyecto energético más importante del Perú, ubicado en Piura, la Nueva Refinería de Talara. En el 2007, la consultora internacional Arthur D. Little indicó en un estudio que el presupuesto de dicho trabajo era de US$1,334 millones.
Sin embargo, para 2023, cuando empezó finalmente su verdadero funcionamiento, este habría terminado costando más de US$6,500 millones. En otras palabras, 4 veces más de lo que se pensó. Según IPE, el resultado de estos problemas tuvo como resultado una menor producción de combustibles. Entre 2019 y 2025, la producción presentó una caída del 44%.
“Petroperú cada vez cubre menos la demanda nacional. Hay lotes petroleros de la selva que prefieren sacar sus refinados a través de Brasil en vez de pasarlos hacia Talara. En líneas generales, lo que se tiene son pérdidas”, señaló Martín Valencia, economista y jefe de Estudios Económicos del IPE.
Además, añadió que, en medio de este contexto, el decreto que abre la posibilidad de inversión privada es bien recibido y lo comparó con otras empresas estatales de la región que ya optaron por un camino parecido, como Petrobras en Brasil o Ecopetrol en Colombia.
Para sumar el sentido de la crisis, el 9 de enero del presente año, la agencia internacional Fitch Ratings, que evalúa y asigna calificaciones crediticias a gobiernos, empresas y productos financieros, retiró su cualificación crediticia a Petroperú. “Fitch carece de información suficiente para tomar una decisión de calificación para el emisor o sus instrumentos de deuda, por lo que retiró las mismas sin emitir una acción de calificación”, indicó en un comunicado.
“Petroperú está en cuidados intensivos. Para empezar, el Estado, para hacer la Nueva Refinería de Talara, no tenía el capital con el que contaba en los 90, cuando se vendieron o remataron los activos más valiosos de la empresa. La construcción ha sido por orden política y eso los ha puesto en la situación en la que se encuentran”, señaló el exviceministro de Energía y exdirector de Petroperú, Pedro Gamio.
A diferencia de otras opiniones que existen sobre la petrolera, para el exmiembro de la empresa, el camino no está por darlo en quiebra, pues gran parte de su deuda está en bonos internacionales que generarían demandas, mayor riesgo país y posibles arbitrajes.
Opiniones en contra
Luego de que se oficializara el decreto, la ministra de Economía, Denisse Miralles, ha salido en algunos medios de comunicación indicando que la petrolera tiene una notoria falta de eficiencia operativa, una mala gestión de la refinería de Talara y una serie de beneficios laborales elevados que han contribuido a la situación crítica de la empresa. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) se presentó crítico frente a esta resolución y, durante el 19 y 21 de enero, realizó un paro de sus funciones, solicitando la nulidad de la resolución.
“Nosotros tenemos la posición de que se trata de un decreto inconstitucional que estaría atentando contra Petroperú al descuartizarlo, ponerlo en bloques patrimoniales y dárselo al privado”, indicó José Luis Saavedra, secretario general del STAPP. Además, señaló que una posible privatización de la empresa tendría un profundo impacto social, sobre todo en aquellas regiones donde el negocio energético no es rentable y donde la responsabilidad recae en las funciones del Estado. “Aquí se cumple un rol estratégico. La petrolera tiene 56 años; no se puede medir el problema por 4 años que ha tenido en rojo”, añadió.
Actualmente, la empresa cuenta con más de 2,500 trabajadores. Según Gamio, las condiciones de la petrolera ya no requieren de tanta capacidad burocrática, pues la Nueva Refinería ya se encuentra automatizada. “El número, que en su momento se avaluó, indicaba que había aproximadamente 900 personas de más, de las cuales ya han salido alrededor de 300 con un programa de incentivos”, destacó. Si bien la ministra de Economía no precisó el número de despidos pensados a partir de la “reorganización”, el objetivo es reducir el 40% del gasto de planilla.
“El personal no representa una carga para el Estado. No hay un monto por parte del MEF que esté destinado, de manera anual, a la empresa en ese sentido. No es como ProInversión, el Congreso de la República, Sunat, Registros Públicos… Petroperú paga sus propios ingresos”, indicó Saavedra.
Según el secretario general del sindicato, por la petrolera han pasado al menos 2 consultoras que han indicado que el personal existente es el óptimo. “El presupuesto destinado a los empleados representa menos del 4 % del total. En todo caso, significativo no es”, añadió.
Pasos para el cambio
Todo indica que el decreto presentado por el Gobierno no tiene vuelta atrás. En el Congreso de la República, hasta la fecha, se han presentado 11 proyectos de ley en busca de frenar su aplicación, mientras que Josué Gutiérrez, el defensor del pueblo, cuestionó las facultades del Ejecutivo —que es de transición— para ejecutar reformas de tal magnitud. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, respaldó la medida y enfatizó la “pésima gestión” de los últimos años.
Para el ingreso de nuevo capital, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) será quien lidere la reestructuración integral de Petroperú para garantizar su sostenibilidad financiera y operativa. Según el organismo técnico, la Nueva Refinería será el primer bloque patrimonial que pasará a manos del sector privado en junio. Además, señalaron que la petrolera asumirá nueva deuda internacional sin aval del Estado, con el fin de evitar un mayor endeudamiento.
“Todo depende de que se materialicen los objetivos de este decreto de urgencia y de que el próximo gobierno tenga una postura de continuar con este. La mejor opción es tener un proceso de reorganización y ver la posibilidad de entradas de operadores privados”, señaló Valencia. Por su parte, Gamio indicó que el éxito de la resolución recaerá en la habilidad que tengan los puestos del directorio, con personas técnicamente calificadas que puedan garantizar que las operaciones de la refinería funcionen al 100%.
“Si se han hecho cosas malas, deben ser investigadas por los organismos correspondientes. Pero tenemos que ver el panorama completo, como la cantidad de directores que hemos tenido desde hace 10 años, las anulaciones en algunas contrataciones o el mismo Covid 19”, señaló Saavedra. En su opinión, el camino de Petroperú es volver a ganarse la confianza del Ejecutivo y, para eso, se deben transparentar los procesos, que comienzan en la alta dirección. “Si logramos eso, podemos pedirle un capital a la Junta General bajo ciertos requisitos para sanear nuestra economía y ser autosostenibles”, añadió.
En vísperas de los 60 años desde que Juan Velazco Alvarado nacionalizó la International Petroleum Company, la empresa actualmente se encuentra en un escenario donde su continuidad netamente estatal queda como una pieza más dentro del tablero que ya empieza a jugar. Ahora, Petroperú está en un punto de inflexión donde la pregunta ya no es solo cómo salvar a la empresa, sino qué modelo de país se está dispuesto a sostener a partir de sus decisiones.