El presupuesto aprobado por el gobierno de transición despierta dudas debido a su distribución y capacidad de gestión para trasladarse a mejoras en el país.
Por Rafael Ortega y Daniela Ramos
El pasado 30 de noviembre, el Congreso aprobó el Presupuesto Público para el año fiscal 2026, cuyo monto asciende a 257,562 millones de soles, un 2,3% más que su antecesor. Aunque la actual ministra de Economía, Denisse Miralles, resalta un compromiso dirigido a que “cada sol se utilice de manera responsable y llegue a quienes más lo necesitan”, datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), demuestran lo contrario.
A pesar de que los gobiernos locales y regionales recibieron mucho más dinero del que se les asignó inicialmente, no lograron gastarlo bien: en 5 años, solo se efectuó en promedio el 84%, siendo los municipios el sector más crítico con alrededor del 69% ejecutado. Esto muestra que la administración de los recursos públicos —dinero del bolsillo de 35 millones de peruanos— sigue siendo limitada y que la inversión pública enfrenta serios obstáculos.
¿Qué sectores se están priorizando y por qué?
El presupuesto 2026 busca priorizar demandas sociales esenciales como la educación, salud y seguridad. Uno de los sectores más beneficiados es el sector de educación, el cual estaría recibiendo cerca de 17 mil millones de soles. Sin embargo, esto generó controversias debido a que el monto resulta insuficiente para sostener el total de becas otorgadas por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).
Como solución, el MEF presentó una prerrogativa en la Ley del Presupuesto mediante la cual podría reformular sus fondos internos. La ex directora de Pronabec, Alexandra Ames, cuestionó la medida en otros medios de comunicación, alegando que actualmente el ministerio mantiene compromisos en gastos corrientes debido al aumento en las retribuciones del personal docente.
Por otro lado, con un 9,1% del gasto nacional, en el sector salud el presupuesto está mayormente designado para cubrir el Seguro Integral de Salud (SIS) y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Esto último ha sido motivo de debate en las últimas semanas pues, a finales de noviembre, varios especialistas señalaron que el monto previsto para la lucha contra el cáncer era menor al que se dio este año.
Por otro lado, el 2025 fue un año crítico en materia de seguridad ciudadana. La percepción pública de inseguridad se mantuvo persistentemente alta durante todo el año, con encuestas que indicaban que un gran porcentaje de la población se sentía vulnerable. En ese sentido, se designaron cerca de 15 mil millones de soles al Ministerio del Interior enfocados en fortalecer las operaciones policiales, la investigación criminal, la lucha contra el narcotráfico y el combate a la minería ilegal.
El 2025 puso en evidencia que el reto principal no residía en el monto de la inversión, sino en la eficacia de la ejecución del gasto y en la urgencia de una reforma estructural que permitiera una mejor articulación entre los niveles de gobierno y resultados. ¿El 2026 está en la capacidad de hacerlo?
Ejecución del presupuesto ineficiente
Al igual que el año pasado, el presupuesto 2026 mantiene un enfoque descentralizado, asignando desde el inicio más recursos y autonomía a los gobiernos locales y regionales para que gestionen su agenda con mayor eficacia y menos burocracia.
Sin embargo, a un mes de culminar el año, la Cámara del Comercio de Lima registró que el gobierno nacional (78%), los gobiernos locales (71%) y regionales (60%) no han gastado la totalidad de los recursos asignados desde un inicio. Lo que debería ser un indicio de cambiar la estructuración y distribución del presupuesto, termina por ser ignorado, generando un patrón de baja ejecución que deriva en obras sin terminar o mal ejecutadas.
Para el economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), Miguel Alzamora, este problema viene desde el diseño del presupuesto: “Se incluyen obras que no estaban en la programación multianual, obras que no cuentan con expedientes técnicos adecuados, obras que, si bien pueden tener algún mínimo avance, un avance muy acotado, luego no se continúan por gestiones posteriores”, observó.
Según la Contraloría, hasta el segundo semestre del año se registraron 2 215 obras paralizadas a nivel nacional. Las causas más frecuentes son el incumplimiento de contratos, la falta de recursos y fallas en los expedientes técnicos. De cara a las Elecciones de 2026, un año de cambio de autoridades, muchas de estas obras corren el riesgo de sufrir la misma suerte si no se abordan de inmediato los problemas estructurales y no se garantiza la continuidad de los proyectos en las próximas gestiones.
“Se necesitan líneas de carrera en las alcaldías. No puede ser que las municipalidades cambien totalmente de personal con cada alcalde”, sugiere la economista y miembro del actual directorio del Banco Nacional de Reserva (BCR), Roxana Barrantes. Para la especialista, esta rotación constante no solo interrumpe proyectos en ejecución, sino que también impide que las instituciones acumulen experiencia, mejoren procesos y desarrollen capacidades duraderas para gestionar obras y presupuesto de manera eficiente.
El camino del dinero
Uno de los puntos más criticados por los especialistas es que este presupuesto concentra la mayor parte de sus recursos en gastos corrientes, que representan 64.70% del total, muy por encima de los gastos de capital, que alcanzan solo 22.59%, mientras que el servicio de la deuda ocupa el 12.71% restante.
En los últimos meses, el presupuesto para la burocracia ha seguido creciendo. Un ejemplo claro se dio en el sector Salud, cuando a inicios de diciembre el Congreso aprobó que el personal bajo el Contrato Administrativo de Servicios a plazo indeterminado (CAS) pase al régimen laboral. Este cambio eleva el gasto estatal, pues obliga a asumir remuneraciones y beneficios más altos de manera permanente.
“Descentralizar el presupuesto sin garantizar que los funcionarios estén la capacidad de administrarlo es un engaño que va a tener muy poco impacto sobre la calidad de vida de la población”, indicó Barrantes. En ese sentido, casi dos tercios del dinero destinado por el Estado termina en la remuneración del aparato público, mientras que menos de un cuarto está dirigido a la inversión.
Otro ejemplo reciente ocurrió a inicios de noviembre, cuando el MEF aprobó una nueva escala remunerativa para los servidores de apoyo a la función fiscal y administrativa del Ministerio Público. Aunque estos ajustes puedan parecer medidas aisladas, lo cierto es que solo avanzan en una dirección. El presupuesto asignado solo puede aumentar, nunca retroceder. Esto proyecta que el gasto público aumente de manera permanente. Sin embargo, ¿aumentar el sueldo significa mejor rendimiento?
“No necesariamente hay el mejor capital humano para gestionar tantos recursos”, señaló Barrantes. Sin embargo, la economista indicó que esta responsabilidad no solo recae en las aptitudes del personal, sino también en la forma en la que el Estado no invierte en una buena capacitación para sus trabajadores. Al final, y con todo junto, es imposible ejecutar los proyectos ante la insuficiencia de quienes lo manejan.
Mientras el gasto en remuneraciones crece de forma sostenida y permanente, la ejecución de obras sigue enfrentando serias limitaciones técnicas y de gestión, especialmente en los niveles subnacionales. De cara a un año electoral y al cambio de autoridades, el desafío no pasa solo por cuánto dinero se asigna, sino por quiénes lo administran y con qué capacidades, en un Estado que aún no logra convertir el presupuesto en resultados concretos para la ciudadanía.
