La politización de la Junta Nacional de Justicia revela una amenaza mayor que un simple “conflicto entre bandos”: el debilitamiento de las instituciones que deberían garantizar un sistema judicial autónomo.
Por Cynthia Carmen
La reciente disputa entre la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, no es un hecho aislado, sino parte de un conflicto mayor: la creciente politización de un organismo creado para garantizar la independencia del sistema judicial. Desde fines de 2022, Benavides estuvo en el ojo público por impulsar investigaciones contra congresistas, mientras surgían filtraciones que buscaban vincularla con una red criminal. En medio de este escenario, la JNJ la suspendió preventivamente y la Junta de Fiscales Supremos nombró a Delia Espinoza como fiscal interina.
El 9 de junio de 2025, dicha junta cambió la sanción de destitución a una suspensión de 60 días. Sin embargo, Benavides no fue restituida en el cargo y, al intentar regresar, fue bloqueada. Espinoza respondió con una denuncia constitucional. Finalmente, el 20 de junio la JNJ exigió acatar la reposición de Patricia Benavides. A esto, se suma el intento constante del Congreso por remover a los miembros, confirmando que la entidad encargada de defender la justicia hoy también está en la mira del poder político. Todo esto ha convertido a la JNJ no solo en un actor del conflicto, sino en el blanco directo de presiones y disputas de poder.
Meritocracia en entredicho
Tras la disolución de los miembros que permanecieron en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) hasta 2018 —debido a negociaciones indebidas y tráfico de influencias revelados por los medios—, en diciembre de ese año se aprobó vía referéndum la creación de un nuevo organismo en su reemplazo: la Junta Nacional de Justicia.
Aunque esta fue diseñada para ser un organismo autónomo y conformado por miembros seleccionados por meritocracia, el analista político José Carlos Requena señaló que esto ha terminado siendo cuestionado. “Si se observa el pasado de cada uno de los integrantes actuales de la Junta Nacional de Justicia, no solo ha habido inclinación o simpatía política, sino, en algunos casos, militancia”, indicó.
La JNJ tiene la responsabilidad de nombrar, evaluar y sancionar a jueces y fiscales. Debido a la importancia de su labor, el jurista José Ugaz advirtió la falta de una verdadera meritocracia entre quienes integran esta institución. “No puede ser que en la JNJ haya integrantes, como una excongresista, con antecedentes de falta de capacidad profesional y cuestionamientos a su integridad, incluido el presidente. El único con trayectoria reconocida es Francisco Távara, a quien han aislado y atacado por no alinearse. La meritocracia es la primera vacuna contra la mediocridad y el control político; la segunda, la transparencia”, resaltó.
La existencia de una entidad como la JNJ es clave para garantizar la independencia del sistema de justicia en una democracia. Si quienes evalúan y designan a jueces y fiscales no actúan con transparencia, imparcialidad y mérito, se pone en riesgo la confianza ciudadana y el equilibrio de poderes. Por eso, su integridad institucional no solo es un asunto técnico, sino un pilar esencial para el Estado de derecho.
Blanco del poder político
A pesar de haber sido creada para reforzar la independencia del sistema de imparcialidad, la Junta Nacional de Justicia se ha convertido en blanco de presiones políticas. Desde el Congreso se han impulsado intentos para destituir a sus integrantes. Además, decisiones como la suspensión de Patricia Benavides han encendido críticas desde ciertos sectores que buscan desacreditar a la institución y condicionar sus resoluciones. Si ya teníamos sumado como una problemática la deficiencia de sus integrantes, que los intereses políticos terminen interfiriendo en este organismo empeora su situación.
Miguel Torres Morales, excongresista y actual subsecretario general de Fuerza Popular, reconoció un clima de disputa política por el control de la institución, aunque también se mostró de acuerdo con que Patricia Benavides regrese a la Fiscalía. “Lo que sí me queda claro es que de ambos lados existe un interés sumamente elevado por tomar control del Ministerio Público”, comentó.
Por el contrario, Ugaz declaró que Benavides no debería regresar a la Fiscalía. “Es vergonzoso que en el Perú pretendamos apoyar como fiscal de la Nación a una persona que ha sido destituida por evidencia suficiente de haber incurrido en actos de corrupción”, mencionó. Finalmente, este tipo de pugnas evidencian que el conflicto no se reduce a nombres propios, sino a un enfrentamiento profundo por el dominio de las instituciones clave del país. Esta politización no solo debilita las acciones de la JNJ, pues también mina la confianza ciudadana en el sistema democrático y judicial.
Un sistema en riesgo
La situación de la JNJ no es un caso aislado, sino el síntoma de algo más peligroso: el debilitamiento de las instituciones del país. En torno de disputas políticas, intentos de control y falta de méritos para puestos vitales, la pregunta inevitable es qué se debería hacer frente a esto.
Ugaz definió que lo primero que debe suceder es tener un Congreso y un Ejecutivo decentes, cosa que hoy no ocurre, y que ambos saquen sus manos del sistema de justicia. “El valor fundamental de una justicia en un país democrático es que sea independiente del poder político. Y eso es aún más urgente cuando ese poder, como en el caso del Perú, está vinculado al crimen organizado y la corrupción”, declaró.
En la misma línea, Requena destacó el desinterés del gobierno por garantizar una justicia independiente. “No creo que este gobierno tenga el menor interés en que tengamos una justicia absolutamente autónoma porque, para empezar, la presidenta está siendo procesada por distintos delitos. Quizás, de hecho, ella tenga interés en una justicia maniatada”, señaló.
Además, el abogado Miguel Torres añadió que la cantidad de miembros de la JNJ es insuficiente para prevenir intereses personales. “Cuando el poder se concentra en un grupo muy pequeño, el ser humano tiende a corromperse, ya sea por ambición o porque deja de ver la realidad como corresponde. No deberían ser seis los fiscales supremos que eligen al fiscal de la Nación. Deberían ser cualquier número que impida que se forme una collera”.
La Junta Nacional de Justicia fue concebida como un pilar para asegurar la independencia judicial en el Perú, pero hoy enfrenta cuestionamientos que van más allá de su propia estructura. Lo que está en juego no es solo el futuro de sus integrantes, sino la posibilidad de contar con un sistema de justicia realmente autónomo en un contexto donde el poder político intenta extender su alcance a todas las instituciones.
“Yo dudo que de acá a julio del próximo año se pueda hacer algo, creo que lo que hay que aspirar es que la situación no se deteriore más, pero sí pensaría que es uno de los temas fundamentales del siguiente gobierno o del siguiente poder político”, concluyó Requena, reconociendo el panorama como desalentador.
Respaldar la meritocracia y blindar los organismos autónomos del juego político no debería ser opcional para el gobierno de turno, sino una prioridad urgente si queremos preservar lo que queda del Estado de derecho. Porque cuando la justicia se politiza, la democracia tambalea.