Redadas masivas, presencia militar en las calles y banderas mexicanas ondeando en pleno corazón de las protestas: la nueva ofensiva migratoria de Trump no solo endurece políticas, sino que revela una lucha mucho más profunda por el derecho a pertenecer.
Por Ana Paula Arellano y Daniela Ramos
Mientras centenas de militares con chalecos antibalas irrumpen en hogares, iglesias y fábricas, miles de manifestantes se despliegan en las calles de Los Ángeles, alzando no solo sus voces, sino también banderas.
El regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca trajo consigo una nueva ola de temor para miles de familias migrantes.
Desde el 6 de junio, Los Ángeles vive intensas protestas tras los allanamientos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Lo que inició como movilizaciones pacíficas, derivó en arrestos y enfrentamientos con la policía. En respuesta, Trump desplegó tropas de la Guardia Nacional y la Marina. Ante esto, el gobernador Gavin Newsom, denunció una “toma ilegal del estado”. En ciudades como Nueva York, Chicago, Washington y Filadelfia, también se han registrado movilizaciones en solidaridad. Activistas, migrantes y aliados, más allá de sus diferencias, comparten una misma preocupación: el rumbo que está tomando la política migratoria del país.
Un trato de enemigo
Un total de 4,000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 infantes de Marina fueron desplegados en Los Ángeles por orden de Donald Trump. El mandatario justificó la medida alegando que la ciudad está siendo “invadida y ocupada” por inmigrantes indocumentados y criminales. En un comunicado, el Departamento de Defensa indicó que las tropas brindarían “cobertura continua” en apoyo a las operaciones federales.
Este tipo de despliegue militar con fines de control interno es inusual en Estados Unidos y ha generado fuertes críticas desde la oposición. Newsom, mediante un mensaje en X, escribió que esas no son las condiciones en las que deberían trabajar los marines. “No deberían ser desplegados en suelo estadounidense para enfrentar a sus propios compatriotas y cumplir la fantasía dictatorial de un presidente. Esto es antiestadounidense”, detalló.
Frente a las manifestaciones, Trump reforzó su narrativa de insurrección, intentando justificar una movilización militar que solo tendría sentido frente a una amenaza extranjera. Aseguró que, de no haber convocado a las tropas, la ciudad se habría “incendiado por completo”, y advirtió que aumentará la presencia militar para hacer posible el “programa de deportaciones más grande de la historia”. Al emplear frases como “Liberemos Los Ángeles” y llamar a usar todos los recursos disponibles para “sofocar la violencia y restablecer la ley y el orden”, Trump presenta a los manifestantes como si fueran un enemigo externo hostil.
Sin embargo, este discurso contrasta con los datos oficiales. Las autoridades locales han informado que las protestas están concentradas en apenas 2.5 kilómetros cuadrados, lo que representa tan solo el 0.2% del territorio de Los Ángeles, una ciudad que abarca más de 1,300 kilómetros cuadrados. Lejos de ser una situación fuera de control, se trata de una movilización localizada y contenida que pone en duda la proporcionalidad de la respuesta federal.
Fabián Vallas, internacionalista y docente de la Universidad de Lima, comentó que el presidente estadounidense ignoró la toma de decisión del gobernador de California frente a las protestas. “Trump está saltándose la propia constitución política y él considera que como presidente se congratula de esta decisión, porque dice que ha salvado a la ciudad de ser quemada”, explicó.
La estrategia de desplegar miles de soldados y marines revela un enfoque punitivo y autoritario, donde la fuerza se impone sobre el diálogo, la justicia y los derechos humanos. Al utilizar el Ejército para funciones de orden público, el Estado diluye los límites entre seguridad nacional y control social, tratando a las protestas como actos de guerra. Así, consolidan una narrativa xenófoba en la que los migrantes no son vistos como ilegales, sino como sucios intrusos que deben ser repelidos a la fuerza.
El derecho en entredicho
Cada mañana, en la estación de buses, al abrir la puerta de su casa, o incluso la del juzgado, miles de migrantes viven con el mismo temor de ser detenidos. Las redadas migratorias bajo la nueva administración de Trump han tomado un giro inquietante, pero no inesperado. Detrás de las cifras y los operativos migratorios, existen historias marcadas por el miedo, la separación familiar y la pérdida de derechos humanos.
“En estos momentos, si tú no eres ciudadano americano, te expones a que te puedan detener y simplemente expulsar. ¿Qué derecho puedes tener?”, advirtió Vallas. Esa incertidumbre es la que está marcando el pulso de las comunidades migrantes, donde ya no basta con “no tener antecedentes”, pues muchas de las personas detenidas hoy son trabajadores con años de residencia, padres de familia, solicitantes de asilo, e incluso estudiantes con visas aprobadas.
El problema no es nuevo, pero está alcanzando un nivel crítico. Para junio de 2025, casi el 44% de los migrantes detenidos por ICE no presentaban antecedentes penales, y muchos otros fueron arrestados por faltas menores, como infracciones de tránsito, según datos de la Universidad de Syracuse. A esto se suman denuncias de organismos como Amnistía Internacional que documentan condiciones crueles, tratos inhumanos y detenciones prolongadas en centros como el de El Paso, donde incluso se ha aplicado la controvertida Ley de Enemigos Extranjeros —una norma pensada para tiempos de guerra— contra migrantes venezolanos que buscaban refugio.
Para algunos, estas cifras son frías estadísticas. No obstante, para quienes viven en carne propia las redadas, son decisiones que desintegran familias: los padres deben enfrentar la desgarradora decisión de separarse de sus hijos o regresar con ellos a un país desconocido para sus descendientes. El internacionalista subrayó que “Trump quiere cambiar incluso el derecho a la ciudadanía por nacimiento, algo que contradice la propia Constitución de Estados Unidos”. Esta transición no solo vulneraría derechos legales establecidos, sino que abriría la puerta a una política de exclusión más agresiva.
En paralelo, las redes consulares y organizaciones legales como el Immigrant Legal Resource Center intentan hacer frente al vacío institucional, activando equipos de defensa legal y difundiendo tarjetas que informan sobre los derechos de los migrantes dentro de un posible encuentro con el ICE.
Para el investigador Jaime Bailón, esta crisis no es un accidente, sino parte de una narrativa histórica. “Lo que vivió la población afroamericana en los años 50 y 60, la violencia, la exclusión sistemática, hoy lo viven los migrantes. Solo que ahora se hace con el respaldo del Estado y con una retórica abiertamente racista”, recalcó. Cuando los derechos se ven reducidos y la dignidad es puesta en duda, la calle se convierte en escenario y los símbolos, en lenguaje de resistencia.
Entre la identidad y la pertenencia
En el corazón de las protestas migrantes que recorren las calles de Los Ángeles, la bandera mexicana flameó como símbolo de resistencia, memoria y pertenencia. Esta imagen, tan poderosa como polémica, revela una tensión profunda entre la reivindicación cultural de los migrantes y la mirada nacionalista que domina el discurso oficial.
Los Ángeles, considerada hogar de muchos migrantes en Estados Unidos, ha sido durante décadas escenario de manifestaciones donde la bandera mexicana no solo evoca raíces, sino también el derecho a no olvidar. Para muchos manifestantes, ondearla no implica rechazar su vida en el territorio americano, sino afirmar una identidad híbrida. Bailon planteó que “muchos de estos migrantes ya han hecho su vida en los Estados Unidos y se reconocen como estadounidenses, pero eso no significa que puedan olvidar o vayan a olvidar sus raíces también”.
Sin embargo, esa expresión también ha sido interpretada como una provocación. Figuras como el estratega republicano Mike Madrid sostuvieron que puede desviar la atención del debate legal hacia uno sobre lealtad extranjera, alimentando el discurso de invasión, promovido por sectores conservadores. El especialista Vallas, por su parte, advirtió que “llevar una bandera mexicana calza con la narrativa de Trump de que el país está siendo invadido por otro país. Para propósitos propagandísticos y de imagen, no ayuda”.
El uso de símbolos —ya sea para reafirmar raíces o confrontar políticas— pone en jaque las ideas dominantes sobre quién pertenece y quién no. Lo que ocurre no es solo una crisis migratoria. Es el reflejo de cómo una nación enfrenta la diferencia: con temor, con fuerza, con exclusión. Las redadas masivas, la militarización de las protestas y el cuestionamiento de los símbolos usados por los manifestantes evidencian que, cuando el miedo se antepone a los derechos, pertenecer se vuelve una lucha diaria. Entonces, cabe preguntarse: ¿quién tiene derecho a quedarse y bajo qué condiciones se les permitirá existir?
