A pesar de tener un país con varios problemas respecto a la seguridad en la movilización, la educación vial sigue siendo una deuda pendiente para poder dar con una solución progresiva.
Por Mauricio Mendoza
Se sabe que, popularmente, los peruanos son malos conductores. Según el estudio realizado por Compare the Market en 2024, el Perú se posiciona como el segundo país con peores conductores del mundo, siendo superado únicamente por Tailandia. Además, de acuerdo con la misma fuente, estamos ubicados en el puesto 220 del índice de tráfico mundial.
Estos datos se reflejan en los registros sobre seguridad vial. Hasta julio de este año, los accidentes de tránsito han cobrado la vida de 1.785 personas en todo el país, superando a las muertes por homicidio para la fecha antes dicha, según reportes de la PNP. Con todos estos antecedentes, ¿qué se hace en el Perú para aliviar esta problemática?
¿Cúal es la situación de la educación vial?
En 2024, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) consolidó alrededor de 87 mil siniestros, junto a 56 mil lesionados y 3 mil muertes. De cara al año pasado, las cifras siguen siendo igual de sólidas, reduciendo un poco las muertes a 2.700. Por otro lado, las causas de los accidentes son múltiples. Según la PNP, se menciona que el exceso de velocidad, la conducción bajo efectos del alcohol y los adelantamientos en curvas ciegas, son algunas de las razones.
Sin embargo, el carácter del problema tiene también una dimensión urbana y de territorio. Según el último informe de Lima Cómo Vamos, la calidad del transporte público es el segundo problema principal que afecta principalmente a los limeños, con un 40%. Alex Sigüenza, especialista técnico en movilidad urbana de la fundación Transitemos, coincide con este punto.
“Tú puedes en una escuela enseñar el funcionamiento del semáforo, de cómo se debe cruzar por un crucero peatonal, las diversas señales, pero sales del colegio y ves una carencia en la infraestructura”, señaló Sigüenza.
Existen iniciativas como la ya mencionada Transitemos o la ONG Luz Ámbar, que hacen esfuerzos para poder cubrir una cuota vial, debido a que desde el gobierno han escaseado las propuestas de este tipo. Mayormente, los proyectos de ley presentados por congresistas que buscan que el Ministerio de Educación (Minedu) meta a la educación vial de forma integral en la currícula escolar, suelen quedar encarpetados o archivados por años.
En entrevista para Nexos, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González Chávez, comentó que “todo se puede ordenar a partir de la modernidad del sistema de transporte”, no obstante “si no va acompañado de eso, va a ser como los parques donde los niños ven cómo se respetan las normas de tránsito, pero luego cuando salen a la calle y se encuentran con bocinazos y un sistema que no funciona”.
Propuestas insuficientes
La educación vial está estrechamente ligada a la seguridad, porque las elevadas cifras alrededor de los accidentes automovilísticos se relacionan directamente a las infracciones que cometen los responsables de los siniestros. Pese a ello, ni el Estado ni el gobierno han logrado convertir esa relación en una política sostenida.
Lo más cercano a concretar un esfuerzo recientemente son los «Lineamientos para la promoción de la educación vial y el uso de la bicicleta en las instituciones educativas», aprobados por el Minedu en mayo de este año mediante una Resolución Viceministerial. Estos son lineamientos, más no una asignatura obligatoria del currículo.
En el ámbito de los conductores, existió un Decreto Supremo que modificó el sistema de licencias por puntos, ampliando el descuento de puntos para quienes aprueben el Curso de Seguridad Vial. A pesar de eso, la medida solo alcanzó a quienes ya habían cometido infracciones y acumularon puntos en contra, no a los conductores nuevos.
Al respecto, Sigüenza explicó que “si enseñamos educación vial, podríamos de alguna forma influir en que cuando estos alumnos tengan alguna forma de injerencia sobre cómo se va diseñando la ciudad y estas personas puedan tener cierta responsabilidad sobre su entorno”.
Además, la fiscalización tiene un problema adicional, porque la Defensoría del Pueblo calificó de obsoleto el sistema de supervisión del transporte. Asimismo, en marzo de este año hubo un conflicto entre la Municipalidad de Magdalena del Mar y la Municipalidad de Lima por fotopapeletas, que dejó a vecinos con avisos de infracciones notificados meses después de cometidas.
En esta situación, con deudas acumuladas de más de 6 mil soles cada una, ninguna de las dos comunas asumió responsabilidad clara sobre los equipos ni sobre el cobro. Ante ejemplos así, González Chávez explicó que “todo puede hacerse, pero tiene que incorporarse a la norma para que esta tenga un fin reeducativo”. Adicionalmente, se refirió a la norma de las multas como una medida que incentiva la corrupción y que debería replantearse.
Un progreso lejano
Las respuestas no son nuevas, debido a que la “gran medida” ya está escrita en la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Vial 2023-2030, que plantea reducir a la mitad los fallecidos y lesionados hacia el final de la década bajo un enfoque de «sistema seguro». Ese enfoque combina cinco frentes: vías, velocidades, vehículos, usuarios y atención tras el siniestro. Esta premisa parte desde que la educación vial por sí sola no basta si no se corrige, al mismo tiempo, la infraestructura y la fiscalización.
El problema es que, más de tres años después de su aprobación, la política no genera algo visible para quien camina o maneja por la ciudad todos los días, y las cifras de siniestros no muestran el descenso que la meta oficial prometía. Esa distancia entre el documento y la calle es la razón de fondo por la que la seguridad vial no se siente como una prioridad real del Estado.
“No puede ser que la Municipalidad de Lima compita por su lado y no coordine. La ATU tiene que ponerse las pilas y concertar con todas las municipalidades distintas y las de Lima y de Callao para que haya formas de reeducación única, junto a un planteamiento integral de transporte”, declaró el ex MTC.
Para los conductores ya formados, el mecanismo vigente es el Curso de Seguridad Vial ligado al sistema de licencias por puntos, pero, como se señaló, solo llega a quienes ya cometieron una infracción. Eso lo vuelve una medida correctiva, no preventiva, cuando el objetivo de la educación vial debería ser subsanar. Dentro de las propuestas de educación vial en el país, Sigüenza opina que todavía hay una variedad sin explotar y que es una oportunidad para ser aún más incisivos en un tema que no llega a todos los peruanos.
“La educación en la escuela y también en las universidades, son lugares para hacer llegar toda la información referente a cómo compartimos el espacio vial o el espacio público en general. Porque el espacio público no solamente es el espacio en donde nos transportamos, este es también el espacio donde se pueden realizar actividades, siendo el transporte una de ellas”, explicó el experto.
La educación vial no es la causa ni la única solución. Es una pieza que podría solucionar un problema más grande, donde conviven una infraestructura que no acompaña a quien aprendió las normas, una fiscalización que llega tarde o de forma desigual, y un Congreso que ha tenido, desde hace años, la posibilidad de convertir esa formación en un derecho garantizado para cada escolar o estudiante, sin hacerlo de manera eficiente y certera.
