¿Qué puede pasar con la curul de López Aliaga y su postulación a la Alcaldía?

El excandidato presidencial ha dicho que desistirá del cargo de senador, mientras que ha sido incluido en la lista de Renovación Popular para la alcaldía de Lima.

Por Mauricio Mendoza y Matias Illescas

Rafael López Aliaga ha sido elegido senador para el periodo 2026 – 2031 de acuerdo con los resultados de las elecciones de este año. El líder de Renovación Popular obtuvo 290.782 votos y fue el candidato preferido de su partido y el tercero en general. Pero aún así, ha anunciado que no aceptará el cargo porque, según él, el proceso electoral ha estado lleno de irregularidades y lo cataloga como «fraudulento». 

Además, Renovación Popular lo ha incorporado como parte de la lista de postulantes a la Alcaldía de Lima, pero como teniente alcalde. La situación ha generado dudas tanto por qué pasará con su curul en el Parlamento como por su posibilidad de postular a algún otro cargo. ¿Qué pasará con estos dos casos?

El escaño en el Senado

Tanto la Constitución como el reglamento del Congreso indican que «el mandato legislativo de senador o diputado es irrenunciable». Sin embargo, el líder de Renovación Popular presentó una carta notarial al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para informar su desistimiento irrevocable del cargo de senador. A partir de esto, han surgido dudas sobre la validez de los actos del excandidato presidencial.

El problema está en la interpretación de a partir de cuándo rige la irrenunciabilidad. Para algunos es desde el momento en el que se asume el cargo. En ese sentido, la renuncia de López Aliaga sería válida y le tocaría asumir el cargo al siguiente en la lista de los más votados de Renovación Popular. De acuerdo con el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el accesitario sería Absalón Vásquez, quien obtuvo alrededor de 79 mil votos. 

Sin embargo, la situación no está del todo clara. Si se aceptara el desistimiento de López Aliaga y se permitiera la entrada de Vásquez, podría generarse un problema de representación. Los electores votaron por un candidato que finalmente no ocupó el escaño, por lo que su voluntad no se vería reflejada directamente. Por otro lado, esta decisión podría sentar un precedente delicado respecto a la negociación de curules, sobre todo si no se establecen límites o parámetros claros para desistir de asumir el cargo.

Para José Manuel Villalobos, experto en derecho electoral, «se debe revisar si los puestos son irrenunciables. No se le puede obligar a una persona a ocupar o mantener un puesto por más que haya postulado a él. El cargo es irrenunciable desde que tú lo asumes, no desde que te eligen. Por lo tanto, en el plazo desde la proclamación hasta la juramentación, la persona puede desistir tranquilamente de asumir el cargo y nadie lo puede obligar a hacerlo».

Sin embargo, existe otra corriente que cree que el escaño debería quedar vacío. En ese sentido, la irrenunciabilidad aplicaría desde que se proclama al ganador. Así lo cree el abogado constitucionalista Natal Amprimo, quien afirmó para nexos que «lo que no puede ocurrir es que, desde mi punto de vista y con todo respeto, se formalice la estafa electoral, porque yo no puedo postular, generar el voto popular, ser una suerte de locomotora de arrastre, y después simplemente decir ‘me quito’. Eso no es correcto constitucional ni políticamente».

Sin embargo el reglamento del Senado dice que después de la entrega de las credenciales, los senadores electos deberán llenar una serie de documentos que deben ser devueltos bajo juramento de veracidad. En caso de no cumplir con esos requisitos, el reglamento dice que «no pueden jurar el cargo de senador ni ejercerlo». Sin embargo, Amprimo considera que eso no puede primar por sobre la elección.

«La constitución distingue entre el mandato y la función. Es tan absurdo ese criterio que entonces mañana una norma de menor jerarquía le exige a usted una serie de formularios que no puede suscribir y entonces no asume el cargo parlamentario. Es ver las cosas con una visión bastante chata. En materia constitucional lo que prima son los principios y los valores», afirmó el experto.

El JNE ha declarado que la responsabilidad de resolver este problema está en manos de la Junta Preparatoria del Senado, ya que la labor del organismo electoral era proclamar a los ganadores y entregarles sus credenciales. Esta junta estará encabezada por el senador electo con el mayor número de votos –Miguel Ángel Torres en este caso–, el de mayor edad –Fernando Rospigliosi– y el más joven –Alejandro Muñante–. Su labor, por lo tanto, incluirá determinar qué sucederá con el exalcalde de Lima, aunque el Congreso ya ha respondido diciendo que la responsabilidad es del organismo electoral. 

La postulación a la Alcaldía 

La reacción de López Aliaga no se hizo esperar, debido que, después de haber dicho públicamente que no iba a asumir como senador, expresó su intención de postular nuevamente al puesto de teniente alcalde de Lima. Toda esta situación se desarrolló a menos de un año de haber renunciado al mismo puesto, mientras su curul en el congreso sigue abierta.

A pesar de la voluntad del líder de Renovación Popular, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro declaró improcedente su candidatura: «El candidato Rafael Bernardo López Aliaga Cazorla adquirió la condición de senador electo proclamado como consecuencia de un acto formal emitido por el órgano competente, cuya validez y eficacia se presumen mientras no sea revocado, dejado sin efecto o modificado mediante el procedimiento y por la autoridad expresamente prevista por el ordenamiento jurídico (…) Por ello, dicha condición jurídica no puede entenderse alterada por la sola manifestación de voluntad del referido candidato».

Pese al rechazo, Renovación Popular podría, según las reglas del Jurado Nacional de Elecciones, apelar la resolución del JEE al ser de primera instancia.

Cuando este paso se cumpla, se levantará la solicitud al pleno del JNE, que es la segunda instancia y la definitiva para definir si el exmandatario es elegible para candidatear en la capital. Al respecto, Villalobos comentó que “todavía estamos en una etapa preliminar para llegar al rechazo total de su postulación”, además aclaró que mientras López Aliaga desista del cargo de senador, debería estar habilitado para sumarse a la lista de Lima.

Los documentos presentados por el partido de RLA en su intento de subsanación no acreditan la modificación de la situación jurídica del candidato. Esto se debe a que no se incluyó ninguna resolución o acuerdo con el JNE o el Congreso que haya dispuesto dejar sin efecto la elección, proclamación o expedición de la credencial con la que cuenta el exalcalde.

A pesar de esto, Amprimo advierte y rechaza la actitud de los entes responsables ante esta situación, catalogando como que “el jurado está dándose un baño de constitucionalidad, que debe simplemente cumplir con aquello que se dispone, el mandato es irrenunciable y que es incompatible con otro cargo público”.

El experto también menciona que, al intentar postular a otro cargo público, no se está respetando la voluntad popular, explicando que si se hace una lista en la cual se colocan una serie de personas de arrastre electoral para que después los que asumen sean otros, simplemente “se está haciendo una estafa al elector”.

Aunque la situación de Rafael López Aliaga aún no se resuelve —al menos por la parte de la candidatura a la alcaldía de Lima—, existen indicadores que apuntan a que las entidades responsables no estaban preparadas para un escenario de este tipo  y, sea cual sea la decisión final, el precedente deja la lección que cuando el respaldo en las urnas se convierte en una herramienta de negociación, el que pierde no es el candidato, sino la confianza del elector.