Desde 2020, son más de 30 casos de asesinatos a líderes indígenas y, hasta la fecha, no hay indicios de que se busque una condena para los victimarios.
Por Rafael Ortega Alva
En 2015, el Apu del territorio de Santa Rosillo de Yanayacu —San Martín—, Quinto Inuma, presenció un hecho que lo marcaría profundamente para los siguientes años: un árbol de 40 metros de largo y más de 200 años de historia se encontraba caído en medio del bosque de su comunidad. Unos taladores ilegales habían irrumpido en aquel regalo de la naturaleza y su presencia amenazaba con seguir acabando con la zona.
A partir de aquel entonces, Quinto Inuma inició una campaña repetida denunciando ante las autoridades la extracción ilegal de madera en las hectáreas que le competían a su comunidad, mientras que seguía reclamando con los suyos la titulación de su territorio ancestral. Sin embargo, pese a las más de 20 denuncias por actividades ilícitas, 8 de ellas fueron archivadas y las demás siguen pendientes de investigación.
Las autoridades —como si se tratara de su trabajo—, le pidieron que, para continuar con sus denuncias, debían incluir fotografías, videos y coordenadas geográficas de los hechos denunciados.
Fue entonces cuando el Apu, en su labor como defensor ambiental e indígena, empezó a recibir amenazas de muerte y, aunque fue incorporado al Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, dichos procedimientos no bastaban para una figura que era la cara de toda una comunidad que reclamaba justicia.
El 29 de noviembre de 2023, mientras que Apu se trasladaba en una embarcación, unos hombres encapuchados lo emboscaron. Lo siguiente es sabido.
Quinto Inuma fue asesinado a 9 balazos.
Un día después del crimen, a una velocidad que se hubiese deseado con las más de 20 denuncias hechas, una delegación integrada por altos funcionarios del Estado llegó en helicóptero y sostuvieron que, de ahora en adelante, su comunidad sería protegida. Según Kevin Inuma, hijo del Apu Quinto, siguen esperando dicha promesa.
Este año, luego de múltiples esperas y recibiendo todavía amenazas, finalmente el caso ha entrado a su etapa de juicio oral donde participan 22 testigos, 8 peritos y 5 acusados. Sin embargo, la comunidad de Santa Rosillo de Yanayacu sigue sin obtener la titulación definitiva de su territorio.
«La culpa la tiene el Estado por no haber escuchado. Si ellos hubieran actuado ante las tantas denuncias que hizo mi papá, él no estaría muerto”, indicó Kevin.
Según el informe “Raíces de Resistencia” de Global Witness realizado el año pasado, América Latina concentra el 82% de los asesinatos de defensores ambientales en el mundo y Perú es uno de los países que lideran dicha tabla.
Quinto Inuma, pese a todo, es parte de una lista aún más grande de tragedias que, como señalan cercanos suyos, solo la indiferencia puede hacer, ¿cuál es la realidad que viven los líderes indígenas y cuáles son las principales complicaciones para su justicia?
Un registro de toda la selva
Si bien en 2024 se denunciaba que, en la última década, se habían registrado poco más de 30 asesinatos de líderes indígenas, lo cierto es que, de acuerdo con los registros oficiales, desde el año 2020 se ha vuelto a superar esa cifra. Además, desde 2019, se han registrado casi 600 personas que han enfrentado situaciones de riesgo.
Estos hechos, según el Ministerio de Justicia, están relacionados en un 70% a casos de economías delictivas como la minería ilegal, la tala indiscriminada y el narcotráfico. Pero todo ello no ocurre por igual. Las regiones que han sido más afectadas son Ucayali (18.6%), Loreto (11.4%), San Martín (11%) y Madre de Dios (9.3%).
“En la pandemia, la ola de asesinatos a líderes indígenas era muy alta, pero solo se cuentan esos casos. Si habláramos de todos los casos que hemos tenido, muchas de esas personas ni siquiera lo denuncian (…) Me atrevería a decir, incluso, que en la mayoría de casos es así”, señaló la lideresa indígena y presidenta de la Red de Mujeres Defensoras de la Vida, Marisol García Apagueño.
De acuerdo con ella, entre las razones que vuelven más difíciles las denuncias están los tramos para encontrar un ápice de justicia porque, por donde viven, la policía no existe. Se estima que son entre 12 y 16 horas de viaje entre bote, carretera y caminata. Y, en caso se haga el esfuerzo, los problemas no se quedan allí.
“Nosotros que tenemos comisaría en Chazuta podemos decir que la misma policía es el enemigo. Cuando uno denuncia, te tratan mal, te discriminan y son agresivos (…) Se supone que uno va a buscar refugio, y lo que encuentra es mucha más violencia”, declaró.
De acuerdo con dirigentes de las comunidades amazónicas, la policía misma no es suficientemente confiable por su relación con el crimen. Esta denuncia no es meramente emocional, como algunos quizá puedan pensar. El vínculo de las economías ilegales con las fuerzas del orden es un caso para revisar.
Entre 2019 y 2024, el Tribunal de Disciplina Policial evaluó al menos 37 expedientes vinculados a actividades de minería ilegal, en los que estuvieron involucrados 96 efectivos policiales en diversas regiones del país.
“Al Estado no le importan los pueblos originarios; al contrario, nos ven como una amenaza (…) Lo único que queremos es resguardo para seguir protegiendo nuestros bosques, nuestro territorio”, señaló Kevin Inuma.
A la espera de justicia
Luego de 11 años de larga espera, el Poder Judicial dictaminó 28 años y 3 meses de prisión contra Hugo Soria Flores, José Carlos Estrada Huayta, Josimar Atachi Félix y Segundo Euclides Atachi Félix por el delito de homicidio calificado a los líderes asháninkas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima. Caso más conocido como Saweto.
Sin embargo, a la fecha, únicamente el empresario José Carlos Estrada Huayta ha sido capturado por un delito que cometió en 2014. Los demás implicados siguen prófugos de la justicia. Exigir respeto para las comunidades amazónicas resulta un proceso sumamente largo y, a veces, ni siquiera pueden comenzarlo.
“Una vez fuimos a la policía para denunciar que nos estaban amenazando de muerte, y ellos señalaron que hablarían con el juez para que los agresores firmen un acta donde se comprometan a no seguir amenazándonos”, indicó García Apagueño. Para ella, la distancia que da únicamente el idioma es suficiente para que sean marcados con distancia y, sin mucho problema, olvido.
Según la ONG CooperAcción, en promedio, de cada 30 crímenes registrados contra defensores ambientales, solo uno llega a ser judicializado. Mientras tanto, como critican los investigadores, la cantidad de leyes aprobadas por la legislación en beneficio de la protección de líderes indígenas no tiene mínima comparación con la cantidad de normas que promueven actividades extractivas.
El resultado es inevitable. De acuerdo con un informe elaborado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible que recoge datos desde 2001 hasta 2023, el Perú ha perdido más de 3 millones de hectáreas de bosque. Solo para tener una idea lo que ello significa, dicha extensión equivale a once veces el tamaño de la capital.
“El espíritu de la naturaleza corre por nuestras venas, en nuestros hijos, mujeres y abuelos (…) Y, aunque nos vayan extinguiendo, vendrán otros defensores porque, si nosotros no nos protegemos, algún día no tendremos nada”, concluyó finalmente Kevin Inuma.
Pese a ser el primer caso de un líder ambiental que contaba formalmente con todas las medidas de protección estatales disponibles para defensores de derechos humanos en el Perú, el Apu Quinto terminó siendo parte del registro de decesos, cada día más grande.
