¿En qué consistirá la auditoría anunciada por el JNE?

El organismo electoral anunció que se hará una revisión de lo ocurrido durante las elecciones del 12 de abril, pero no ha dado más detalles al respecto.

Por Alexandra Jave y Matias Illescas

Casi un mes después de los comicios, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció que se hará una auditoría informática integral y exhaustiva al proceso de la primera vuelta. La medida se da en medio de una serie de cuestionamientos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por los problemas registrados el día de la elección.

El JNE declaró que la revisión busca elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos de cara a los próximos procesos. Sin embargo, ¿qué implica una auditoría de este calibre?

Dos  auditorías

A menos de un mes de la segunda vuelta presidencial, el JNE ha anunciado la ejecución de una auditoría a los resultados de la primera ronda, debido a las irregularidades presentadas durante las elecciones del 12 de abril y a las fallas que evidenció el sistema Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).

Hasta el momento, la entidad no ha brindado los detalles sobre el procedimiento. Por ejemplo, qué empresa estará a cargo de la fiscalización, cuál será el alcance de la inspección y quiénes integrarían el Comité Académico de Expertos que acompañará el proceso.

En ese sentido, también ha surgido la interrogante sobre el tiempo que llevaría realizar esta auditoría, tomando en cuenta que los Jurados Electorales Especiales de Lima Centro 1 y 2 ya iniciaron con la proclamación de los resultados de la primera vuelta.

Al respecto, el abogado experto en derecho digital, Erick Iriarte, advirtió que esta auditoría se tenía que haber hecho antes del 12 de abril. “El no hacerla ha generado todos estos cuestionamientos posteriores (…) estamos moviéndonos sobre la leche derramada y es bastante complicado moverse sobre eso”, destacó.

De hecho, a diferencia del proceso electoral peruano, la Registraduría Colombia -que llevará a cabo las elecciones presidenciales de este año el 31 de mayo- informó que realizó una auditoría a los softwares de preconteo, escrutinio, digitalización del acta E-14 y consolidación de resultados.

Por lo mismo, el politólogo y miembro de la Asociación de Derecho Electoral y Constitucional, Jean Carlos Rodríguez, señaló que “el proceso de auditoría del JNE evaluaría los sistemas informáticos y también un poco el proceso de contratación, porque en gran parte los problemas que ha tenido la ONPE han sido porque han contratado a malos proveedores para el traslado de material electoral, para el tema de la seguridad informática y para otros servicios más que al final fallaron. Entonces, el proceso de auditoría hubiera demandado mucho más de un mes”.

Sin embargo, a la par del desarrollo de esta discusión que involucra al JNE, la ONPE ha realizado su propia auditoría con la ayuda y contratación de M&T International. En esa línea, formalizó la entrega de toda la información técnica de las elecciones 2026, compuesta por la base de datos de las actas electorales, el informe de auditoría del STAE, el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema Web de Presentación de Resultados.

Sobre esta firma recaen ciertos cuestionamientos, en especial uno que reveló Cuarto Poder, ya que fue sancionada en 2016 con 11 meses de inhabilitación por el tribunal del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OSCE) por «haber presentado información inexacta» durante un proceso de contratación con el Estado. No obstante, Yuvitza Aguilar, subgerenta de Logística de la ONPE, recalcó que, pese a la sanción recibida por la OSCE, la empresa no quedaba inhabilitada para contratar con el Estado.

“De alguna u otra manera, la ONPE ha decidido controlar su proceso de auditoría, ha contratado al auditor y ha tenido su propio proceso para poder validar todo ello. Lo que ha generado es mucha incertidumbre adicional a la que ya tenemos, porque se ha cuestionado la naturaleza del auditor. Entonces, hay varias cosas que, al final, en vez de ayudar a mejorar la reputación de la ONPE -que ya está de más deteriorada-, ha generado mucha mayor zozobra respecto a si esta auditoría es real o no”, observó Rodríguez.

¿Podría determinar un fraude?

Según lo indicado por el JNE, la auditoría «responde a la necesidad de elevar los estándares de control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos». En ese sentido, la medida solo resolverá cuestiones técnicas que responden a la revisión del software y del código, la forma en la que se digitó la información, la infraestructura y la seguridad. Sin embargo, algunos candidatos cuestionan la legitimidad del proceso y solicitan que la auditoría determine la existencia de un presunto fraude.

Uno de ellos es el candidato del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que declaró que se ha utilizado una estrategia de retraso del material electoral y un «anforazo» con el fin de favorecer al candidato Roberto Sánchez. Además, cuestionó la instalación de las mesas de la serie 900 y los resultados obtenidos en ellas, alegando nuevamente la existencia de un presunto fraude, pese a que los organismos correspondientes han desmentido esas teorías. 

Al respecto, Iriarte explicó que la auditoría puede concluir que el sistema o los sistemas hicieron A, B o C. “La determinación de un ilícito le corresponde a la autoría penal y eso es absolutamente claro. Sin duda puede ser un insumo para esa decisión o esa acción, pero por lo menos tienes que terminar la auditoría”, subrayó.

Este proceso de revisión, por lo tanto, solo concluye cuestiones técnicas, la existencia de fallos en el sistema o el tipo de problemas que ocurrieron, pero no tiene las competencias para afirmar si existió o no un fraude. El informe de la auditoría será entregado al JNE y ahí la entidad decidirá las medidas que tomará en función a los resultados del documento. 

En concordancia con Iriarte, Rodríguez mencionó que la auditoría serviría principalmente para hacer un diagnóstico operativo y técnico de la jornada electoral del 12 de abril y determinar si las irregularidades de ese día fueron «problemas circunstanciales» o si se debieron a una mala gestión del proceso.

«A nivel legal, no hay un efecto real. Lo que en realidad va a ocurrir es que el servicio de auditoría que se ha contratado hará un informe público, pero finalmente el problema de fondo aquí es que la credibilidad de la ONPE sigue deteriorada», indicó el politólogo.

A pocas semanas del balotaje que enfrentará a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez, el anuncio de la auditoría sigue generando dudas por la falta de información de las autoridades correspondientes, pero, de todas formas, la medida buscará identificar las fallas de la gestión y recuperar la confianza ciudadana de cara a los próximos procesos.