Organismos electorales bajo presión

En medio de un clima electoral cada vez más resquebrajado, los retos que los organismos electorales enfrentarán para la segunda vuelta no serán menores.

Por Daniela Ramos y Alexandra Jave

A casi un mes de definir el futuro político del país en las urnas, el sistema electoral peruano atraviesa, nuevamente, una crisis de legitimidad. El periodo de preparación técnica se ve afectado por un escenario de incertidumbre, marcado por un conteo de votos que se extiende por más de 24 días y una estructura directiva bajo sospecha judicial.

Ante un escenario donde el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) enfrenta un impedimento de salida del país por 18 meses, la confianza ciudadana en el sistema atraviesa uno de sus momentos más frágiles. La situación no solo expone serias deficiencias en la capacidad de organización y fiscalización de la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sino que deja el camino libre para narrativas de fraude que amenazan con debilitar la democracia. Así, la segunda vuelta no representa únicamente un trámite administrativo, sino una de las mayores pruebas para las instituciones encargadas de custodiar la voluntad popular.

Caos electoral 

Si bien la narrativa de fraude y la prolongación en el conteo de votos son situaciones ya vistas en las elecciones pasadas, el escenario del 2026 presenta un nuevo factor: la evidente desorganización logística de los organismos electorales. Los casos anteriores cargaban consigo supuestas fallas en el algoritmo o en las actas impugnadas, hoy la crisis tiene fundamento en la incapacidad operativa de las entidades para garantizar el acto más básico como es el inicio de la votación.

El pasado 12 de abril, la vulnerabilidad del sistema quedó expuesta debido a cifras concretas. De acuerdo con la ONPE, más de 50 mil peruanos no pudieron ejercer su derecho al voto aquel día. Este hecho, atribuido a retrasos en la entrega de materiales, convirtió la jornada en un calvario de colas interminables y miembros de mesas exhaustos tras más de 24 horas de labor.

En esta ocasión, las irregularidades no fueron eventos aislados, sino fallas sistemáticas que sirvieron como catalizadores de discursos de deslegitimación que se pensaba habían quedado atrás.

En un intento por frenar estas narrativas, la asociación civil Transparencia presentó un segundo informe validando los resultados preliminares y asegurando que no hubo fraude electoral tras haber hecho un seguimiento de los eventos ocurridos luego del gran día.

Sin embargo, aunque el organismo buscó separar el caos administrativo de la posibilidad de un engaño premeditado, para el abogado constitucional Erick Urbina, este informe no cierra el capítulo jurídico.

«Transparencia es un observador, no un ente que decida si hubo o no fraude. Para catalogarlo, debemos probar que hubo intención, un beneficiario y dolo; es decir, que se configuró todo para perjudicar a un candidato. Eso no se ha comprobado, pero es algo que el Poder Judicial deberá investigar ante las denuncias presentadas», explicó el especialista.

Lo que comenzó como una serie de errores logísticos ha escalado a una dimensión mucho más peligrosa. Dejando de lado las tardanzas administrativas, la persistencia de estas irregularidades ha forzado la intervención de la justicia, desplazando el debate de las urnas a los tribunales.

¿Faltas legales?

Con las denuncias en manos de la Fiscalía, las autoridades electorales son hoy principales protagonistas de una trama de investigaciones que podría poner en jaque la transparencia de la segunda vuelta. Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, enfrenta actualmente una denuncia penal presentada por el propio Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debido a presuntos delitos contra el derecho al sufragio y omisión de funciones.

Frente a este hecho, el abogado electoral José Naupari remarcó que es importante diferenciar entre errores de gestión y una intención deliberada de alterar un proceso electoral. “Una cosa es que tú puedas tener dolo para cometer un acto de corrupción y otra que tú tengas dolo para afectar el proceso electoral. Puede que el jurado no haya terminado de dimensionar todo ello cuando plantearon la denuncia contra el jefe de la ONPE”, advirtió.

En ese sentido, Urbina señaló que esto se trata de una omisión de funciones grave, la cual también puede incurrir en una denuncia constitucional. “Esto es debido a un mandato constitucional expreso que la carta magna le otorga al Jurado Nacional de Elecciones y también a la ONPE”, complementó

Sin embargo, las críticas también alcanzan al JNE. Desde una mirada constitucional, Urbina sostuvo que el organismo incumplió su labor de fiscalización preventiva. De hecho, contaba con fiscalizadores desplegados durante el proceso y, por ello, debió advertir con anticipación que no existían las condiciones adecuadas para llevar a cabo la jornada electoral. 

“Como ente responsable del calendario electoral, el JNE pudo haber determinado —incluso dos días antes de la jornada— que las condiciones no estaban garantizadas. Suspender y postergar la primera vuelta por una semana habría sido una salida institucional válida para evitar la crisis que enfrentamos hoy”, añadió.

Esta situación se agrava porque el expresidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, también enfrenta investigaciones penales aprobadas por el Congreso, lo que debilita aún más la confianza ciudadana en la imparcialidad del sistema electoral.

A todo ello se suma el problema presupuestal que las entidades electorales venían denunciando meses antes. El JNE reportó un déficit cercano a los 289 millones de soles, afectando el funcionamiento de los Jurados Electorales Especiales y la capacitación de fiscalizadores.

Por su parte, la ONPE advirtió que la falta de recursos comprometía el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y la Policía para trasladar material electoral, especialmente en zonas alejadas. Aunque se solicitó al Ejecutivo transferir los fondos pendientes, la respuesta nunca llegó. Así, la falta de presupuesto terminó debilitando la capacidad operativa del sistema y dejó expuestas las mismas irregularidades que hoy son investigadas como posibles delitos.

La cabeza de la ONPE 

A raíz de la apertura de la investigación, el proceso disciplinario y la salida de Corvetto, la institución decidió que el responsable a asumir la jefatura interina sería el gerente general en ese entonces, Bernardo Pachas Serrano. Sin embargo, esta medida solo estará vigente hasta el próximo 3 de julio, fecha en la que juramentará el nuevo titular.

En esa línea, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) será la encargada de realizar la convocatoria al concurso público de méritos para el proceso de selección y nombramiento del nuevo jefe de la ONPE.

Conforme a ley, el sucesor de Pachas asumirá la dirección del organismo rector de los comicios por un periodo renovable de cuatro años, tal y como se realizó con Corvetto. No obstante, el cronograma refleja que no estará al mando en la segunda vuelta presidencial y que, por ende, el balotaje será dirigido por Pachas.

En este escenario y con la crisis institucional por la que transita especialmente la ONPE, surge la duda si es que estás medidas y los plazos responderán a la exigencia de un proceso electoral como el que se ha convocado.

“Hay que tener en cuenta que son dos meses (para llevar a cabo el concurso) y la norma dice que se tiene que convocar en un proceso de 45 días y se están respetando, entonces se está actuando dentro de los plazos que establece la ley”, señaló Naupuri. Pero mayor plazo no significa automáticamente mayor eficacia, a pesar de que los plazos te ayudan a tener más tiempo para transparentar, como detalló el experto.

Para asegurar esa efectividad, la observación electoral regulada por la Ley Orgánica de Elecciones exige que observadores, nacionales o extranjeros, vigilen el proceso. En ese sentido, no deben mantener vínculos con partidos políticos ni organismos electorales peruanos, posteriormente su acreditación se otorga luego de la evaluación y aprobación formal por parte del JNE.

Entre ellos se encuentran, aparte de Transparencia, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, Clínica de Derechos Humanos de Sevilla, la Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, la Alianza Global de Jóvenes Guatemaltecos, el Center for Economic and Policy Research, Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe y la Fundación Disenso.

Por ello, Urbina advirtió que “encargarle a una persona distinta la organización de la segunda vuelta hubiera sido totalmente contraproducente, porque organizar un proceso electoral es bastante complejo”. Por lo tanto, según el abogado constitucional, sí era lo prudente que el segundo al mando asumiera, a menos que se probara que ello fue negligente y tal vez cómplice de lo que sucedió en la primera vuelta.

Sin duda, la segunda vuelta presidencial se ha consolidado como uno de los desafíos mayúsculos que la ONPE y el JNE tendrán que enfrentar. No solo se deberá mejorar la gestión, lo cual ya representa un reto importante debido a lo sucedido en la primera jornada, sino que también deberá ganar la confianza de la ciudadanía.