Tras el cierre temporal de las fiscalías y unidades médico-legales que atendían casos de abusos sexuales en la provincia de Condorcanqui, se reabre la pregunta sobre la magnitud de los abusos hacia menores en la selva peruana.
Por Rafael Ortega Alva
En la verde y calurosa Amazonía peruana, Lorena* vive con una herida que nunca terminó de cerrar. Ella tuvo, alguna vez, seis años, pero, a diferencia de las historias luminosas de la infancia, la suya quedó marcada por la violencia.
A esa edad en la que algunos niños empiezan el colegio y otros conocen a sus primeros amigos, su padrastro la violó. Ensangrentada, casi moribunda, fue trasladada en bote por su abuelo hasta la capital de la provincia para que la atendieran. En su comunidad no había posta médica ni medicamentos. No había nada. Mientras tanto, la hemorragia no se detenía.
Ocho horas después, tras un trayecto desesperado, Lorena sobrevivió.
Sin embargo, después de eso, el Estado desapareció de su vida. No hubo acompañamiento psicológico ni seguimiento médico. Y así creció Lorena: sin tratamiento, sin reparación, sin cerrar la herida.
Esta historia, por surreal que parezca, al menos puede contarse. Casos como el de Lorena —y otros incluso más crueles— llegan diariamente desde hace años a Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, con quien conversamos para este reportaje.
A pesar de las 800 denuncias por abusos hacia menores registradas únicamente en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, el 6 de febrero de este año, el Ministerio Público —bajo la gestión de Tomás Aladino Gálvez— decidió cerrar las fiscalías y las unidades médico-legales que atendían estos casos.
El hecho generó múltiples comentarios y críticas por la decisión que dejaba, una vez más, a la Amazonía en manos de la impunidad. Pero la Fiscalía de la Nación argumentó que el presupuesto para estas dependencias venció el 31 de diciembre de 2025 y que no se habilitaron recursos para su continuidad.
Ante la indignación por tal justificación, organizaciones indígenas al mando de mujeres awajún y wampis salieron el 13 de febrero a las calles en protesta por el abandono de sus derechos. Ese mismo día, luego de la presión de diferentes actores, el Ministerio Público anunció la reactivación de las fiscalías que una semana antes había dicho no poder pagar.
Sin embargo, según Pioc, hasta la fecha siguen a la espera del acta resolutiva que materialice el anuncio de la Fiscalía.
¿Cuál es la realidad de los casos?
“En 2025, la UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) registró 87 casos, pero cuando hablas con el Consejo de Mujeres Awajun, mencionan que semanalmente hay entre 21 y 35 abusos. O sea, mensualmente hay entre 90 y 150, y al año más de 1000”, indicó Mayté Ciriaco, periodista y autora del libro “Niñas sin infancia. La normalización del abuso en la selva peruana”.
De acuerdo con investigaciones de Ojo Público, en el pueblo awajún, denunciar a un integrante de la propia comunidad ante la justicia ordinaria —llámese Fiscalía o Policía Nacional— no está permitido. Primero, debe pasar por el apu.
“Las autoridades, en su mayoría, defienden a los agresores. Si violan a una niña, de cualquier edad, el abusador tiene que abrir una chacra de plátano, de yuca, de maíz o lo que sea para evitar ser sancionado o enviado a la cárcel. También puede ser un pago de acuerdo a la gravedad. Si es virgen, pagan entre S/.3000 y S/.5000. Si es adolescente, S/.2500”
Rosmery Pioc – presidenta del Consejo de Mujeres Awajún
José Villalobos, antropólogo especialista en Amazonía, salud, conflictividad social y derechos sexuales y reproductivos, señaló que la figura del jefe de la comunidad, de hecho, no es tan antigua como parece.
Entre la década del 70 y 80 se estableció la Ley de comunidades nativas, lo que obligó a los pueblos a tener un jefe como representante. “No se trata de la forma histórica necesariamente de organización sino de una figura creada y reforzada por las lógicas del Estado”, añadió.
Las consecuencias de esta “justicia” se ven reflejadas en un estudio que realizó el abogado Roberto Guevara Aranda en base a los reglamentos internos de 28 comunidades indígenas en 2020. Según su informe, el 96,4% de estos pueblos denunciaron sus casos de violación.
En 2024, el problema de los abusos sexuales salió a la luz luego de que el Ministerio de Educación confirmara que existían al menos 524 denuncias contra profesores por violencia sexual a escolares en Condorcanqui. Los datos fueron recogidos desde el 2010 hasta aquel año, dando muestra que el Estado tenía pleno conocimiento de los hechos, pero se había mantenido al margen.
“Existe una tolerancia social a la violencia (…) Denunciar a un maestro implica que esa plaza se pierda y que el pueblo se vea perjudicado. También puede pasar con el personal de la policía o de salud. A veces, termina siendo más perjudicial para la comunidad el denunciar que no hacerlo”, señaló Villalobos.
Pero las trabas que impiden evidenciar la cifra negra de abusos no se queda allí. Según Ciriaco, muchos de los casos no se llegan a realizar porque no hay personal en capacidad de traducir. Las niñas no pueden denunciar porque primero tienen que aprender español.
La periodista añadió que, si bien más del 90% de denuncias registradas son de niñas, también hay un porcentaje de niños. Sin embargo, en la mayoría de casos, estos no se reportan por vergüenza.
Los resultados de la ausencia y silencio
Si nos remontamos nuevamente a esos más de 500 abusos de 2024, para aquella fecha únicamente 112 maestros fueron destituidos. Mientras tanto, 82 profesores habían sido absueltos de toda responsabilidad, 71 seguían pendientes y 194 salieron librados porque sus denuncias prescribieron.
El hecho no pasó desapercibido por las autoridades. En aquel año, el ministro de Educación, Morgan Quero, calificó las violaciones sexuales como “prácticas culturales”.
Por su parte, lejos de mejorar la imagen del Estado tras dichas declaraciones, la ministra de la Mujer, Ángela Teresa Hernández, añadió que “debemos informar a las niñas y a las adolescentes, sobre todo, que es importante postergar sus relaciones sexuales y, si lo van a hacer, que sea protegido”.
“¿Quiénes son los agresores? Usualmente son personas muy allegadas que la niña o niño pueden reconocer. Hay muchos profesores que están denunciados, pero también hay padres, hermanos, tíos, abuelos que embarazan a las menores y quedan totalmente impunes”
Mayté Ciriaco – periodista y autora del libro Niñas sin infancia
El resultado de este silencio se vive en carne y hueso. De acuerdo con Ojo Público, entre 2019 y 2023, el 40% de los casos del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) en menores de edad se registraron en Loreto, Amazonas, San Martín, Ucayali y Madre de Dios.
En 2024, según el Tablero de Control de Enfermedades Prevalentes y Problemas de Salud Pública Awajún, se registraron 605 diagnósticos de VIH en Bagua y Condorcanqui, donde el 77% correspondía a la población awajún. El director de la Red de Salud de Condorcanqui, Roberto Rivera Sánchez, advirtió que el 85% de los casos eran adolescentes y jóvenes.
De acuerdo con la normativa dada en 2019, cuando una persona —sin distinción de edad— es abusada sexualmente, debe recibir en las primeras 72 horas un kit de emergencia con pruebas y medicamentos para prevenir infecciones y embarazos. Sin embargo, el Estado, nuevamente pasó desapercibido.
Según Salud con Lupa, entre enero y agosto de 2024 en Amazonas, Ucayali y Loreto, 1985 mujeres denunciaron ser víctimas de violencia sexual, pero solo 95 de ellas recibieron el kit de emergencia. En otras palabras, únicamente el 5% fue atendido.
“No hay seguimiento para las víctimas de las comunidades. Las niñas, con todo ese sufrimiento, crecen con una herida profunda y abierta. Viven sin protección del Estado. Siguen agrediéndolas. Si la violaron una vez, lo harán dos, tres o cuatro veces, porque esa niña, para el pedófilo, ya está preparada”
Rosmery Pioc – presidenta del Consejo de Mujeres Awajún
A la fecha, Pioc no descarta volver a las calles de manera pacífica o emprender nuevas acciones para que la justicia llegue a su pueblo.
Su pedido, a pesar de la realidad, no es únicamente un acto de esperanza: el padrastro de Lorena, con el tiempo, recibió cadena perpetua.
Pero en Condorcanqui, donde cientos de denuncias siguen acumulándose, la herida permanece abierta.
*Nombre ficticio para proteger su identidad.
