Mientras la oferta presidencial alcanza un récord de postulantes, las propuestas vinculadas a los derechos individuales enfrentan un escenario incierto.
Por Rafael Ortega y Daniela Ramos
A muy pocos meses de las elecciones 2026, el Perú se encuentra frente a una bandeja de posibilidades presidenciales de 36 candidatos. Sin embargo —y pese a esa cantidad récord—, un sector empieza a mostrar vacíos de representación. El progresismo, vinculado a políticas como los derechos sexuales, ecológicos y la justicia social, ha comenzado a quedarse sin una candidatura clara que encarne esas demandas.
En medio de la aprobación de una serie de leyes cuestionadas por movimientos sociales y organizaciones internacionales, las propuestas de los nuevos candidatos evidencian que temas como el aborto legal, el matrimonio igualitario, la educación sexual, el lenguaje inclusivo, el cuidado medioambiental y los derechos humanos han pasado a un segundo —o incluso tercer— plano. Pero, ¿estamos ante una ausencia real de demandas sociales o ante una desconexión entre la ciudadanía y la agenda política?
Una agenda invisible
En un país donde la inseguridad ciudadana y la violencia afectan a 8 de cada 10 familias, la agenda progresista puede llegar a percibirse como una narrativa ajena a la urgencia nacional. Según una encuesta de Ipsos, el electorado ha abrazado un pragmatismo extremo, donde la demanda de orden y estabilidad económica han desplazado al diálogo y a las reformas ideológicas, cuyo respaldo tuvo una caída histórica del 8% al 4% en enero del 2026.
Más que una falta de demandas, los especialistas explican este hecho como una desconexión en la que prevalece el “voto de supervivencia”. Para el magíster en Estudios Sociales y Políticos, Juan Carlos Vela, “el triunfo electoral no pasa por una propuesta de las libertades individuales, sino por el tema de los derechos básicos”. En este escenario, temáticas como el enfoque de género son percibidos por amplios sectores como lujos intelectuales frente al miedo de no llegar a casa a salvo.
Pero el apoyo ante estas demandas existe, solo que no consolidado. Datos como los que se encuentran en encuestas recientes de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer) e Ipsos revelan que existe un apoyo pasivo a causas sociales. Aunque el 78% de las mujeres respalden el aborto terapéutico y el 55% de los ciudadanos urbanos apoyan el reconocimiento legal para parejas del mismo sexo, este apoyo pierde fuerza al pasar de los sondeos a políticas concretas.
Según un reporte de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el 46.2% de las protestas del 2024 fueron protagonizadas por ciudadanos que exigen servicios básicos u orden, mientras que los colectivos LGBT o de derechos humanos representan menos del 3% de la movilización social.
“No es que no haya demandas, claro que las hay, pero es bien difícil de canalizar y de precisar, tanto por la demanda como por lo que te van a ofrecer, entonces terminas viendo campañas muy pobres. (…) Hacer políticas sociales es bien costoso porque tienes que hacerlo de una manera que no se convierta en clientelismo. Toma tiempo desarrollarlo, prepararlo y que se vea el impacto”, explicó el politólogo Eduardo Dargent.
Esta brecha se ve, además, profundizada por las diferencias generacionales y regionales. Si bien datos de Ipsos y la organización Más Igualdad Perú revelan que la población más joven —18 a 25 años— impulsa un apoyo del 49% al matrimonio civil igualitario, las resistencias aún las encontramos en los sectores de mayor edad y en áreas donde la influencia de culturas conservadoras ha sido determinante.
Desde 2016, grupos conservadores han logrado posicionar el rechazo al enfoque de género como eje de su agenda, apoyados en alianzas como la llamada “bancada evangélica». Esta articulación les ha permitido influir en políticas públicas, a diferencia de los movimientos progresistas que, pese a tener apoyo en temas puntuales, hoy aparecen fragmentados y sin la fuerza necesaria para convertirse en cambios tangibles.
La izquierda y el progresismo
Lo cierto es que la oferta del “progresismo” fue cubierta, en la mayoría de los casos electorales, por los partidos denominados de izquierda. Sin embargo, hoy la ciudadanía ha cambiado sus preferencias en relación a los representantes para asumir al mando. Basta con ver quiénes están liderando las encuestas —Renovación Popular, Fuerza Popular y País para Todos— para notar que, como señaló el politólogo Carlos Meléndez en su mapa “ideológico”, se tratan de los partidos ubicados en la derecha más conservadora.
“Algunos candidatos se han atrevido a tener una postura de un liberalismo progresista y no les ha ido bien en las elecciones. Es un grupo minoritario el que apuesta por eso (…) electoralmente hablando, un partido político pierde votos si empieza a operar en nichos. Estratégicamente hablando, es más rentable tener un discurso masivo”, destacó Vela. El docente añadió que, a día de hoy, otro punto que ha tenido un éxito innegable es el de la “cavirarización”, donde la calificación está por encima de los argumentos y, al final, termina por opacar el debate.
El avance de los movimientos de derecha en el país es una realidad. Según IEP, actualmente la ciudadanía se identifica más con esta inclinación política, con un 41% de respaldo. Durante el escenario de las elecciones de 2021, esa cifra era de 29%. En esas mismas épocas, el margen con la izquierda no era muy distinto, pues se encontraba con un 31%; sin embargo, hoy ese porcentaje se encuentra únicamente en 22%.
Durante el periodo 2021-2026, se han aprobado una serie de normas que han sido duramente cuestionadas por diferentes movimientos sociales. Pese a ratificarse posteriormente, en 2024, por ejemplo, el Minsa declaró las identidades de género como «enfermedades mentales». Además, a finales del año pasado, el Congreso eliminó el enfoque de género y la Educación Sexual Integral (ESI) de las mallas escolares, lo que significó un retroceso por parte de múltiples colectivos.
En otros puntos, como el ecológico, se promovieron iniciativas como la denominada por grupos ambientalistas “Ley Antiforestal”, la cual fue denunciada por la posibilidad de la deforestación de la Amazonía. Por otro lado, la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), hasta diciembre de 2027, también ha sido motivo de rechazo por organizaciones que resaltan su impacto en el ecosistema.
“Más que un fracaso (de la izquierda), lo que siento es la reacción a la acción. En el Perú no existiría Con mis hijos no te metas si no fuese como respuesta al movimiento Ni una menos. El conservadurismo reacciona”, declaró Vela.
La ausencia y sus consecuencias
“Yo creo que el Perú es un país profundamente informal donde la demanda ciudadana no agrega hacia ciertos bienes públicos que la gente valora en abstracto, pero que es muy difícil de concretar (…) Es sumamente complicado realizar una política pública en esas condiciones”, indicó Dargent. Para el politólogo, a diferencia de otros países donde los partidos tienen una agenda bien marcada y que comparte con la ciudadanía, en el Perú, esa separación entre la población y sus representantes ha terminado por opacar todo tipo de cambio.
Este “retroceso” de las políticas que eran impulsadas por diferentes movimientos sociales ha tenido, finalmente, un impacto directo en el sistema democrático, según señalan diferentes organismos internacionales. Entre aquellos más importantes, se encuentra la muy comentada “Ley de Amnistía”, que da pase libre a la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno. A día de hoy, Perú se encuentra en el ranking de los países con más desacatos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según Andrea Pochak, comisionada de la institución.
“Perú es un país con pocos puentes de comunicación, con poco diálogo, con poca interacción (…) La democracia no es solamente el gobierno de las mayorías, también es el respeto de las minorías”, indicó Vela. Habría que recordar por ejemplo, en este plano, que el Sexto Juzgado Constitucional declaró recientemente inaplicable la “Ley Anti ONG” para el IDL, por vulnerar la libertad de asociación y el acceso a la justicia de manera gratuita.
Para ambos especialistas, lo que hace falta es un liderazgo que unifique las demandas. Para Dargent, un líder auténtico debe combinar “coherencia, practicidad, ideología”, y ser capaz de defender públicamente los derechos en los que cree. Sin embargo, esta campaña electoral parece carecer de liderazgos democráticos; y en su lugar, vemos partidos que reproducen prácticas de caudillaje y paternalismo, donde las decisiones responden más a voluntades personales que a proyectos institucionales.
La incapacidad y ausencia de partidos con agendas claras y conectadas de forma transversal con la ciudadanía ha llevado a que percibamos las libertades individuales como meros adornos más que como derechos. Una táctica más del gobierno que termina por debilitar la democracia. Sin un diálogo real que articule necesidades materiales y derechos civiles, el Perú seguirá postergando una discusión clave que puede nunca llegar.
