Aunque la LSP fue reconocida como un idioma oficial hace 15 años, sus intérpretes se siguen enfrentando a la falta de políticas públicas que garanticen su formación profesional y regularización laboral.
Por Noelia Manrique
La comunicación es una de las principales habilidades que los seres humanos tenemos para poder interactuar entre nosotros. Sin embargo, sucede que muchas veces no tenemos un idioma en común y es allí donde los intérpretes se vuelven piezas clave. Lamentablemente, no todas las comunidades corren con la suerte de contar con ellos.
En Perú, más de 200 mil personas sordas se enfrentan a una gran dificultad: solo existen 100 intérpretes acreditados oficialmente en lengua de señas peruana (LSP). Aunque el idioma es reconocido como una lengua oficial desde el 2010, no figura dentro de la política lingüística nacional. En ese contexto, vale la pena preguntarse, ¿qué sucede cuándo no se desarrollan las condiciones necesarias para que los intérpretes puedan ejecutar su labor?
Con las manos atadas
Pese a que ya pasaron más de 15 años desde el reconocimiento de la LSP, la falta de acción por parte del Estado impide que su interpretación sea vista realmente como una profesión. Hasta ahora, el Gobierno todavía no establece una carrera universitaria para especializarse en la interpretación de LSP. Por si fuera poco, tampoco promueve la acreditación oficial de estas personas.
De acuerdo con Mariela Carrillo, intérprete de LSP que se desempeña en ámbitos educativos y brinda sus servicios al CONADIS, ya se está trabajando en un perfil de intérprete, pero aún no se establecen los parámetros para su profesionalización.
“Para dar esta enseñanza debe haber docentes calificados y una institución que la acoja. Aún faltan dar otros pasos, pues todos somos empíricos e incluso algunos se forman inscribiéndose de manera virtual en universidades de otros países que ya ofrecen la carrera. Sin embargo, sigue sin haber un marco común que guíe y acredite a todos de manera uniforme en LSP”, explicó Carrillo.
Como resultado, quienes se dedican a esta labor se enfrentan a diferentes retos. Esto impacta directamente sobre la calidad de servicio que ofrecen e impide que la comunidad sorda reciba información accesible y de calidad. Según Moises Piscoya, traductor de LSP desde hace más de 18 años, las principales limitaciones son la ausencia de un estándar de formación, pocas oportunidades de especialización en áreas técnicas o jurídicas, y escasa valoración social de su labor.
“Sin una formación universitaria para los intérpretes, el país queda rezagado en garantizar igualdad de oportunidades. Esto nos coloca en una situación de precariedad laboral y nos dificulta crecer profesionalmente, a pesar de la enorme responsabilidad que implica lo que hacemos”, manifestó Piscoya.
Desde lidiar con contratos informales, salarios bajos, lugares sin condiciones mínimas para una buena interpretación hasta la desconsideración hacia su presencia en espacios públicos, ambos expertos son conscientes de que aún falta que la gran mayoría de la sociedad comprenda cuán crucial es su trabajo. No obstante, para ello, el primer paso es que se conozca la verdadera complejidad que esconde la lengua de señas peruana.
Más que signos
Entre quienes no están familiarizados con este idioma, se tiene la percepción errónea de que simplemente se trata de un conjunto de gestos que, al combinarse de ciertas formas, simbolizan determinadas palabras. Pero esa idea no podría estar más alejada de la realidad.
Esta lengua, como cualquier otra, tiene su propia gramática, semántica y vocabulario especializado, incluso posee sus propios dialectos. Es decir, esta es más que un mero movimiento de manos. Por lo tanto, el significado de sus señas cuando se agrupan para formar palabras varía dependiendo de cada país. Según Carrillo, este idioma se basa en una estructura común de signos internacionales, pero no es universal y cada contexto se encarga de enriquecerlo y adaptarlo.
“Así como hay jergas locales que utilizamos en la lengua escrita, pasa lo mismo con la lengua de señas. Por ello, se tiene la lengua de señas argentina (LSA), la chilena (LSCh), la peruana (LSP), entre otras”, acotó la intérprete.
Asimismo, la experta reveló que existen distintos modos de comunicación entre las diferentes comunidades sordas. Por ejemplo, a diferencia de las personas solamente con sordera, los sordociegos requieren de un intérprete adecuadamente formado que sepa sobre LSP y señas táctiles, así como les brinde soporte en todo momento para movilizarse.
Desafortunadamente, ante la desinformación y la poca visibilidad histórica que ha tenido la profesión del intérprete, ellos quedan de lado. Frente a este contexto, Piscoya deja en claro lo necesaria que es una formación completa que facilite la interpretación correcta de LSP para cada escenario y necesidad de las comunidades no oyentes.
“Muchas veces se piensa que cualquiera que sepa señas puede interpretar, cuando en realidad la interpretación requiere competencias lingüísticas, éticas y técnicas muy específicas. Hoy, el intérprete es un puente indispensable entre la comunidad sorda y la sociedad oyente”, reflexionó Piscoya, quien recordó que, una vez, tuvo que interpretar en una emergencia médica donde la decisión del paciente dependía de asimilar el procedimiento. “En ese momento entendí la magnitud de nuestra labor: no se trata solo de transmitir palabras, sino de garantizar derechos y, muchas veces, la vida misma”, recalcó.
Ellos están cada vez más presentes en espacios educativos, judiciales, de salud y en medios de comunicación. Empero, esta presencia es insuficiente todavía y no cuenta ni con las condiciones adecuadas. La falta de preparación previa en contextos técnicos complejos y la ausencia de glosarios especializados les complica ejercer su labor. A ello se suma el nulo reconocimiento y regulación. Por fortuna, poco a poco se desarrollan iniciativas para hacerse más visibles y demostrar cuán necesarios son.
Camino a derribar barreras
Actualmente, más instituciones privadas y organizaciones sin fines de lucro están llevando a cabo diferentes proyectos para difundir la enseñanza e información de la LSP. Por ejemplo, la asociación Núcleo Somos imparte talleres de actualización y programas de formación en distintos niveles. Por su parte, el grupo Señas Gramaticales de la PUCP, compuesto por profesores y estudiantes de lingüística, investigan su gramática y cultura.
“Se están creando redes de investigación y espacios de capacitación especializada en temas como educación, salud y comunicación en medios. También hay mentoría para intérpretes que recién están empezando o para quienes ya tienen experiencia. Estas iniciativas están llenando un vacío y abriendo camino hacia una formación más estructurada. Pero se requiere voluntad política para convertir la accesibilidad en un derecho real, no en una excepción”, añadió Piscoya.
Por ahora, se siguen enfrentando a la incomprensión por parte de instituciones del Gobierno con respecto a la importancia de su rol. En consecuencia, se dificulta la coordinación sobre su contratación y la comunidad queda a la deriva cuando acude a estos espacios. Carrillo, quien interpreta en centros públicos de estudios superiores, asegura que el Estado debe designar un presupuesto para atender las necesidades de la población vulnerable.
“Por derecho a la comunidad sorda le corresponde parte de esta accesibilidad; sin embargo, no siempre sucede así. Por ejemplo, a veces llega el primer día de clase y a los profesores no se les ha comunicado que tienen alumnos con discapacidad auditiva. A la par, tampoco se cuenta con el dinero para contratar intérpretes. Entonces, terminan perdiendo ciclos académicos enteros, cuando en realidad todo debería ser equitativo”, finalizó la experta.
Por todas estas razones, para ambos especialistas las actividades que fomentan las asociaciones privadas no reemplazan una carrera universitaria. Es fundamental que el Estado la impulse, porque solo así será posible garantizar la presencia de traductores en todos los servicios públicos y hasta la mayoría de privados. Al final del día, la interpretación en lengua de señas no es un privilegio. Esta consiste en un servicio esencial para garantizar derechos y construir un país verdaderamente inclusivo.
