Costos millonarios, problemas logísticos y dudas sobre su efectividad plantean la pregunta: ¿es una solución real ante la criminalidad o solo un gesto político?
Por Michelle Hemmerde y Sebastián Carcelén
Entre historia y controversia, la isla El Frontón vuelve a ser parte de la agenda del Ejecutivo. Lo que alguna vez fue uno de los penales más polémicos del país se presenta ahora como una supuesta solución al hacinamiento carcelario. No obstante, el debate no es algo nuevo. Tras el motín terrorista de 1986, que provocó una intervención militar, el establecimiento quedó inoperativo. A ello se sumaron los altos costos de operación y las dificultades logísticas para mantener una cárcel aislada de la ciudad.
El Gobierno comunicó que buscan aislar a los delincuentes más peligrosos. Frente a la inseguridad y el hacinamiento carcelario que afronta el país actualmente, se presenta como una buena oportunidad; sin embargo, existen algunos puntos que se deben tomar en cuenta al evaluar la propuesta.
Según el alcalde de La Punta, Ramón Garay, la construcción del centro penitenciario afectaría la paz de su distrito, conocido por ser uno de los más seguros. Asimismo, en cierta forma se pondría en riesgo la supervivencia del pingüino de Humboldt, puesto que la construcción invadiría su hábitat natural. Es así que el proyecto deja vacíos sobre la inversión que requiere. A la par, genera dudas sobre el impacto que podría tener en la fauna y la seguridad del país.
¿Gesto político o solución real?
El Frontón no se trata únicamente de una isla. Años atrás, en 1986, fue escenario de uno de los episodios más polémicos en la época del terrorismo, hecho por el cual fue clausurado. La insistencia del Gobierno en construir un penal de máxima seguridad allí apunta más a una respuesta política frente a la ola de inseguridad del país que a una solución estratégica y bien planificada. Asimismo, otra de las causas que se discutieron en su momento fueron los altos costos y el problema de traslado de alimentos y recursos desde tierra firme.
“Tenemos cárceles sobrepobladas y prisiones que no se han terminado de construir. Muchos proyectos quedaron a mitad de camino, plasmados solo en gráficos, sin que se haya definido claramente el problema”, mencionó Fernando Zambrano, analista político. Desde hace mucho tiempo, las prisiones del Perú superan el 150% de capacidad de aforo.
Según el INPE, 49 de las 68 cárceles operativas cuentan con un número de internos que excede su capacidad. El World Prison Brief indica que el Perú se encuentra en el puesto 19 a nivel mundial por su sobrepoblación penitenciaria y el segundo en el ránking de Sudamérica, lo que evidencia la grave crisis que enfrenta actualmente.
Aunque el Gobierno insiste en que reabrir El Frontón ayudaría a combatir el hacinamiento, la realidad es totalmente diferente. La inversión real podría llegar a ser diez veces mayor de lo anunciado, es un lugar de difícil acceso y no cuenta con servicios básicos. Tomando en cuenta todas las dificultades a las que se enfrenta, se podría decir que, más que una solución efectiva, se trata básicamente de un gesto político.
“Las cárceles ya no tienen capacidad. Hay un trato inhumano hacia la población penitenciaria”, destacó Gilmar Andía, abogado penalista. La historia del lugar demuestra que no es suficiente construir una cárcel; se necesita un plan de acción efectivo que garantice la seguridad dentro del recinto. En lugar de invertir en un proyecto de alto riesgo y poco eficaz, el Estado debería concentrarse en solucionar la crisis actual, creando políticas que permitan resolver el problema de fondo.
El costo de reabrir El Frontón
La reapertura del penal de El Frontón demandará una inversión aproximada de 500 millones de soles, según declaró el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez. Con esta cifra, el Ejecutivo busca demostrar que el proyecto es viable dentro del plan de ampliación de infraestructura carcelaria y, al mismo tiempo, presentar una respuesta concreta frente al hacinamiento penitenciario que supera el 150% en el país.
No obstante, esta cifra contrasta con las advertencias recogidas en el Oficio N° 681-2023 del Instituto Nacional Penitenciario, emitido en septiembre de 2023, y en el Informe N° D000751-2025, de septiembre de 2025. Ambos documentos concluyen que las condiciones físicas de la isla, como pendientes pronunciadas, ausencia de servicios básicos y accesibilidad limitada por vía marítima, hacen que los costos de construcción, mantenimiento y operación sean muy superiores a lo anunciado oficialmente.
El exjefe del INPE, Javier Llaque, también ha señalado que el presupuesto real podría llegar a 5 mil millones de soles, diez veces más de lo estimado por el Gobierno. Según sus cálculos, con esa cantidad de dinero se podrían financiar hasta diez megapenales modernos en tierra firme, cada uno con capacidad de 4 mil internos. Un proyecto así representaría un impacto mucho mayor en la reducción del hacinamiento que las 2 mil plazas previstas.
A las dudas técnicas se suman las críticas políticas. Para Andía, priorizar este proyecto es una muestra de mala gestión. “Teniendo penales cuya construcción ya está iniciada y paralizada, dar viabilidad al Frontón es una prueba más de la ineficiencia del Ejecutivo”, resaltó. En la misma línea, Zambrano advierte que los plazos oficiales carecen de sustento. “Podrán hablar de demoliciones en 2026 y de la primera piedra en 2027, pero eso no pasará de ser un anuncio efectista, sin viabilidad real”, complementó.
El desafío de levantar una cárcel en medio del mar
El Frontón se ubica a siete kilómetros del Callao y el acceso es únicamente por vía marítima. Esta condición geográfica implica que cualquier operación penitenciaria dependerá de un sistema de transporte constante para movilizar alimentos, agua, combustible, medicinas y personal. Un informe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), señala que este factor representa una sobrecarga logística y financiera que no existe en penales ubicados en tierra firme.
Para sostener la operación de un penal en la isla, el Estado tendría que contar con una flota propia de embarcaciones. Esta misma siendo escoltada por personal de la Marina de Guerra para garantizar seguridad en los traslados. Esto generaría gastos adicionales en combustible, mantenimiento y personal especializado, sumándose al ya limitado presupuesto penitenciario. Además, en situaciones de emergencia, como motines o crisis médicas, el tiempo de respuesta sería mucho más lento que en un penal ubicado en el continente.
El Gobierno ha anunciado que el Ejército y las Fuerzas Armadas participarán en la etapa inicial de demolición y movimiento de tierras. No obstante, no se ha especificado qué instituciones asumirán a largo plazo la responsabilidad logística de la operación cotidiana del penal. Para Andía, esto confirma que se trata de una medida política más que técnica. “El Frontón tal vez podría albergar a un máximo de 300 internos, lo que resulta ridículo frente al problema real del hacinamiento”, definió.
Por su parte, el analista político Fernando Zambrano advirtió que la propuesta no solo carece de viabilidad, sino que también impactaría negativamente en la comunidad cercana. “La Punta es uno de los distritos más seguros y ordenados del país, pero con un penal al frente los vecinos tendrían que convivir con embarcaderos llenos de familiares de convictos, además del riesgo ambiental sobre especies como el pingüino de Humboldt”, finalizó el experto.
En este escenario, las dudas persisten: ¿será El Frontón la solución que promete el Ejecutivo o un proyecto costoso y poco realista que agravará la crisis penitenciaria y abrirá nuevas controversias en lo social, económico y ambiental?
