Por Carlos Alcalá
El Congreso de la República aprobó recientemente, en la Comisión de Constitución, una reforma que restablece parcialmente la inmunidad parlamentaria, una medida que contradice directamente la voluntad expresada por la ciudadanía en el referéndum del 2018, cuando más del 85% de los votantes se manifestó a favor de eliminarla.
La propuesta ha sido ampliamente criticada por analistas políticos y expertos constitucionalistas, quienes consideran que esta reforma representa un retroceso en la lucha contra la impunidad y la transparencia en el Parlamento y otros estatutos del Estado.
Contra el mandato popular
Con esta modificación, los congresistas volverían a contar con un blindaje ante investigaciones judiciales, devolviéndoles privilegios que la ciudadanía ya había rechazado en las urnas. Para el politólogo Eduardo Dargent, este tipo de decisiones se dan en un contexto de desconexión entre el Congreso y la ciudadanía.
“Ya es la segunda ley que el Congreso aprueba de espaldas a lo que la gente votó en el 2018. Primero fue la bicameralidad y ahora esto”, sostiene Dargent. “Sienten que pueden hacer esto sin consecuencias. Si te das cuenta, hay una desmovilización de la ciudadanía. Se manifiesta el malestar en las encuestas, pero no se protesta, no se toma la calle”, agrega.
Desde el Congreso, los defensores de la reforma sostienen que la inmunidad es necesaria para garantizar el libre ejercicio de la función legislativa. Sin embargo, la percepción pública es distinta, especialmente en un contexto donde la institución parlamentaria sufre una crisis de credibilidad y enfrenta constantes denuncias por corrupción y conflictos de interés.
“No necesariamente hay que atacar la inmunidad, se puede debatir, pero sea la mejor manera de resolver estos problemas, hay ciertos niveles de protección necesarios para el trabajo parlamentario. Pero claro, con un Congreso tan desprestigiado, lleno de acusaciones, lo que se percibe es un intento por protegerse”, comenta Dargent.
¿Por qué ahora?
La propuesta fue impulsada por Wilson Soto de Acción Popular. Según el legislador, “este predictamen, lejos de blindar a los congresistas, fortalece la institucionalidad del Parlamento y evita injerencias indebidas”.
Sin embargo, para Dargent “esto termina siendo visto como un ejemplo más de abuso del Congreso frente a la voluntad popular expresada en el referéndum. Se adopta como una decisión funcional al interés inmediato de protegerse, sin medir el costo político a largo plazo”, advierte.
Además, el especialista remarca que esta dinámica refleja un sistema de partidos débil, en el que los actores políticos no temen consecuencias electorales porque no se identifican con marcas partidarias sólidas. “Se piensa que esto no va a tener impacto en las elecciones, o si lo tiene, no será contra ellos. Y eso da margen para que tomen decisiones desconectadas de la ciudadanía”, detalla.
¿Qué sigue?
La reforma aún debe pasar por el pleno del Congreso para su aprobación definitiva. De aprobarse en dos legislaturas consecutivas, como lo exige la Constitución, el cambio entraría en vigor. Diversos colectivos ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil ya han empezado a movilizarse para expresar su rechazo, aunque aún sin convocatoria masiva.
Mientras tanto, la reforma se suma a una larga lista de medidas legislativas que consolidan la percepción de que el Congreso actúa al margen de la voluntad ciudadana. En medio de una ciudadanía desmovilizada y fragmentada, las alertas de los especialistas no parecen suficientes para frenar la tendencia.
