Entre el servicio y la sospecha, ¿las ONG son aliadas o enemigas del sistema?

Si bien las ONG han sido de vital importancia para el desarrollo de nuestra sociedad, su labor en los últimos años no está libre de cuestionamientos.

Por Marjorie Chauca y Rafael Ortega

En un país donde la crisis y el desgobierno parecen ser el común denominador, existen pequeñas luces que, a pesar de sus detractores, buscan encontrar una solución. Así, entre ellas están las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), iniciativas con fines humanitarios que no dependen de la administración pública y no tienen ningún afán lucrativo. Sin embargo, en los últimos años, la percepción de la opinión pública sobre ellas ha cambiado y ha terminado por poner en tela de juicio su toda labor y existencia.

En el Perú, existen más de 2,000 ONG que trabajan en diversas áreas como el desarrollo sostenible, la democracia, los derechos humanos y el medioambiente. O al menos, en teoría, esa debería ser su labor. Hace unas semanas, estas organizaciones volvieron a estar en el centro del debate luego de que el gobierno de Donald Trump suspendiera el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), argumentando que el programa estaba lleno de radicales dedicados a imponer una agenda ideológica progresista. La polémica generada nos invita a reflexionar una idea, ¿para qué sirven entonces las ONG en países como el nuestro?

Las ayudas

A lo largo de los años, en el Perú, las ONG han sido actores clave en la reducción de brechas sociales y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. A través de diversos programas y proyectos en educación, salud, empleo, desarrollo económico, derechos humanos y medioambiente, estas entidades han generado un impacto tangible en el país. 

Así también lo cree Juan José Quispe, abogado penalista del  Instituto de Defensa Legal (IDL). En ese sentido, organizaciones como a las que él pertenece han tenido una participación importante en la justicia del país. La sentencia del exmandatario Alberto Fujimori por los conocidos casos de la Cantuta y Barrios altos o la defensa hacia las comunidades indígenas en la Masacre de Bagua, estos son algunos de los ejemplos donde estas ONG han tenido crucial representación.

Asimismo, estos organismos lograron grandes éxitos en diferentes áreas. Un caso no muy lejano se da con el programa “Ayuda desde Casa”, en la que la ONG Techo, en alianza con el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), entregó 88 canastas solidarias a más de 350 personas en situación de vulnerabilidad en el distrito de San Juan de Miraflores durante la pandemia de COVID-19. De manera similar, tras las inundaciones de 2023 en Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque, Save the Children asistió a cerca de 5,000 familias, proporcionando más de 8,100 kits de higiene, agua segura, alimentos y apoyo socioemocional para niños y adolescentes afectados

En el ámbito de la salud, el proyecto “Pasco Sin Anemia”, desarrollado por la ONG Prisma con financiamiento de Minera Volcan, logró una reducción significativa en la anemia infantil, pasando del 74% al 36% en comunidades como Paragsha y Quiulacocha. Esta mejora representó un cambio crucial en la calidad de vida de cientos de niños y niñas.

Por otro lado, en el sector ambiental, Prisma, con el respaldo de Turismo Cuida, implementó el proyecto Recusco, con el cual se logró formalizar ocho asociaciones de recicladores y desarrollar una estrategia para optimizar el reciclaje. Su impacto fue tan valioso que en 2020 recibió el Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg, un reconocimiento a su contribución en la gestión sostenible de residuos.

El enemigo encubierto

No obstante, las críticas hacia estas organizaciones no son menores. Una de las objeciones más recurrentes se centra en la falta de regulación de las ONG. En este contexto, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) no logra registrar a todas las organizaciones que reciben financiamiento externo, lo que genera dudas en la población debido a la ausencia de fiscalización. Como resultado, en los últimos años han surgido diversas opiniones sobre el ingreso de estos recursos que, según algunos opositores, podrían incluso debilitar la democracia.

“Si los partidos políticos tienen un mecanismo de fiscalización, ¿por qué no lo van a tener las ONG? No tienen corona”, mencionó Jorge del Castillo, abogado y expresidente del Consejo de Ministros. Según indicó el político, el dinero destinado a las Organizaciones No Gubernamentales en su gran mayoría no terminan por llegar a quienes realmente lo necesitan, sino que se queda en consultorías, estudios o charlas. “Tener un montón de plata para hacer conferencias en hoteles de 5 estrellas y todo es muy bonito. Pero, ¿en qué se produce? ¿Cuán productivo o cuán beneficioso es para el Perú?”, añadió.

Sin embargo, esta desconfianza hacia las ONGs no es exclusiva de nuestro país, sino parte de una tendencia global. Rusia, China, India, Egipto, Hungría, Nicaragua y Etiopía han impuesto mayores restricciones a estas organizaciones en los últimos años. Aunque estos casos suelen estar asociados a regímenes autoritarios, la politóloga alemana Barbara Unmüßig advirtió para medios de su país que incluso en democracias consolidadas, como Alemania, se observa un creciente control sobre su trabajo. Según el especialista, las dificultades aumentan cuando una entidad asume un rol político con el objetivo de fortalecer la sociedad civil.

“Creo que los que dirigen las ONG, por lo menos en el área política, deben comprender que su rol no es calumniar a los partidos, como lo han hecho casi siempre”, mencionó Del Castillo. En esa línea, el expremier sostuvo que parte de la responsabilidad de la crisis actual en el Perú recae en estos organismos, ya que, en lugar de promover consensos y acuerdos, se han limitado a criticar el sistema, lo que ha llevado a un Estado, en sus palabras, “destrozado”. Además, señaló que, en muchos casos, algunas organizaciones ni siquiera llegan a concretar sus proyectos y se quedan en estudios que no terminan siendo más efectivos.

Hecha la ley, hecha la trampa

En medio de este escenario de críticas, el Congreso de la República aprobó recientemente en primera votación la llamada “Ley Anti-ONG”, bajo el argumento de fortalecer la fiscalización y mejorar la transparencia en el uso de los fondos de cooperación internacional. Pero, ¿realmente contribuye a la transparencia o representa un retroceso para la democracia?

Entre las modificaciones más comentadas está la consideración como infracción grave el financiamiento o apoyo legal en procesos contra el gobierno, tanto a nivel nacional como internacional. “Es una falacia cuando dice que se va a fiscalizar a las ONGs. Esta ley no solamente es para ello, sino para que no patrocinen casos a nivel nacional e internacional contra el Estado”, declaró Quispe.

“Los litigios estratégicos permiten que instancias nacionales e internacionales emitan recomendaciones que eviten nuevas violaciones de derechos. Con esta reforma, se dejan desprotegidas a las víctimas actuales y futuras,” sostuvo Martha Desmaison, coordinadora de programas del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (PROMSEX). Asimismo, indicó que denuncias recientes, como los abusos contra niñas en Condorcanqui o el escándalo de Qali Warma, quedarían sin representación legal, dejando a las víctimas indefensas.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y especialistas como Gina Romero, relatora de la ONU, han advertido que estas modificaciones se asemejan a restricciones impuestas en países como Venezuela y Nicaragua, donde el Estado ha reducido el espacio cívico y perseguido a organizaciones independientes. Al limitar el trabajo de la sociedad civil y restringir el derecho de asociación, esta reforma representa un grave retroceso en términos democráticos y de derechos humanos.

A esto se suma un Congreso con un 92% de desaprobación ciudadana y un gobierno designado por Human Rights Watch para implementar políticas que han debilitado las normas democráticas en la región. Asimismo, el discurso presidencial ha calificado a las ONGs como organizaciones criminales, lo que refuerza la preocupación por un ambiente de hostilidad hacia la sociedad civil.

Otras disposiciones de la norma incluyen la obligación de que estas obtengan aprobación previa para sus proyectos y actividades, así como la imposición de multas de hasta 500 UIT para aquellas que incumplan la regulación. Según Desmaison, esto podría llevar a la desaparición de muchos organismos. “Esta ley podría derivar en la cancelación arbitraria de ONG, lo que vulnera el derecho a la libre asociación garantizado en la Constitución”, recalca.

Si bien reconoce la importancia de la transparencia, considera que el Estado debería incentivar la regularización, no imponer restricciones que limiten el trabajo de la sociedad civil. “Estamos totalmente de acuerdo con la transparencia, con todas las acciones contra la corrupción, y es importante que las instituciones se inscriban. Si hay ONGs que no cumplen eso, es función del Estado ubicarlas y promover que se inscriban, pero no con métodos que parecen más restrictivos que reguladores”, añade Desmaison.

En un contexto de crisis institucional y desconfianza ciudadana, el debate sobre la “Ley Anti-ONG” refleja una tensión creciente entre el Estado y la sociedad civil, con implicancias que van más allá de la claridad y la fiscalización. El debate continúa y la norma aún debe pasar por la revisión del Ejecutivo antes de su aprobación definitiva. Su futuro es incierto, pero lo que está en juego es el equilibrio entre la regulación legítima y el riesgo de restringir el trabajo de organizaciones que, por décadas, han sido clave en la defensa de derechos y el desarrollo social.