Mientras los casos de violencia de género y feminicidios están en alza, el Congreso de la República ha presentado diversos proyectos de ley que afectan la lucha por la equidad entre hombres y mujeres. Algunos de ellos ya han sido aprobados, mientras que otros continúan en trámite.
Por Diego Cordero V. y Gabriela Coloma
Actualmente, la violencia de género es uno de los problemas más agudos en el Perú. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), un aproximado de 180 mil denuncias por violencia de género tuvieron lugar en todo el 2023. Este año, se registraron alrededor de 94 mil solo hasta el mes de julio, de acuerdo a datos del Ministerio de la Mujer.
En nuestro país, a pesar de las cifras, lejos de alentar la igualdad de género, el Congreso de la República ha buscado impulsar leyes que atentan, directamente, contra los derechos de las mujeres. “Grupos conservadores en el parlamento colocan barreras de todo tipo que no permiten avanzar en esta lucha”, sostiene Carolina Caballero, miembro de la ONG feminista Manuela Ramos.
Nexos conversó con diversos especialistas en la materia para conocer qué normas han sido aprobadas, o puestas en debate; sobre todo, qué acciones se deben tomar para frenar la violencia de género y en qué situación de vulnerabilidad se encuentran las mujeres del país con dichos cambios parlamentarios.
¿Hombres y mujeres en las listas parlamentarias?
En mayo del presente año, la Comisión de Constitución del Congreso, encabezada por la congresista fujimorista Martha Moyano, aprobó el dictamen que modifica la ley orgánica de elecciones y la ley de organizaciones políticas. Entre los estatutos que se derogaron, se encontraba la paridad horizontal y alternancia de género, que impulsaba la participación de más mujeres en la política peruana.
La paridad horizontal consistía en exigir a los partidos políticos, que se postulan en elecciones regionales, presentar una lista de candidatos con igual cantidad de hombres y mujeres. Para Josefina Miró Quesada, abogada de la Universidad Católica y especialista en género, la intención de esta reforma era impulsar cambios dentro de los partidos. Pues, durante muchos años, las agrupaciones políticas decidían de manera arbitraria cómo se incluían a hombres y mujeres en sus listas de candidaturas.
“Estas reformas tenían por objetivo combatir esta barrera y reconocerle también a las mujeres las mismas oportunidades que los varones. Lo que buscaba era la misma representación, cincuenta y cincuenta, pero además, al momento de elegir las listas, que sean alternadas”, indicó.
Al ser aprobada la contrarreforma, el Poder Ejecutivo tenía la potestad de poder observarla y devolverla al Congreso, si es que consideraba que esta ley atentaba contra los principios de la política de género. Sin embargo, el gobierno optó por promulgar dicha legislación que entrará en vigencia a partir de las próximas elecciones.
Afectación al enfoque de género y educación sexual integral
Su nombre real es “Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú” y fue promovida por el congresista de Renovación Popular, Esdras Medina. Esta norma le otorga a los padres de familia la potestad de intervenir en la realización de materiales educativos. Fue aprobada con 88 votos a favor ese mismo año, mas no fue observada por parte del ejecutivo, por lo que entró en vigencia a partir de entonces.
Con esto, se modificaron los artículos 13 y 54 de la Ley General de Educación, que brinda autonomía al Ministerio de Educación para la elaboración de textos escolares. Según el ex ministro de educación Ricardo Cuenca, esta iniciativa significa un retroceso en las políticas educativas del Estado y atenta contra el rol normativo que le corresponde al MINEDU. “Hay un retroceso en el desarrollo de una política de igualdad, que ha sido una apuesta de la educación en el país los últimos años, lo que supone regresar a una agenda muy conservadora”, indicó.
A partir de esta norma, serían los padres de familia quienes decidieran los temas que debían incluirse en los textos escolares y censurar los que no creían convenientes para los estudiantes, sin necesidad de ser especialistas en materia educativa. “Quienes participaron en la elaboración de esta ley fueron asociaciones de padres de familia que van a intervenir en el proceso porque provienen de movimientos religiosos conservadores”, sentenció Cuenca.
Del Ministerio de la Mujer a “Ministerio de la Familia”
En diciembre pasado, la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, presentó un proyecto de ley que proponía cambiar de nombre al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por el de “Ministerio de la familia, infancia, adulto mayor y persona con discapacidad”. Sin embargo, esta no fue la primera vez que se presentó un dictamen similar, pues en el 2021, el congresista Américo Gonza, de Perú Libre, tuvo una iniciativa idéntica, aunque sin mayor éxito.
Esta iniciativa de diversos congresistas por transformar el rol del Ministerio de la Mujer llegó a su punto más álgido hace unas pocas semanas, donde trascendió la noticia de que el ejecutivo estaba planteando fusionar el MIMP con la cartera de Desarrollo e Inclusión social. Al respecto, también se pronunció Miró Quesada, quien refirió que el objetivo es invisibilizar a las mujeres. “El solo hecho de crear un ministerio para ellas implica reconocer las afrentas que tienen que sortear las mujeres en condiciones de desigualdad”, pronunció.
El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fue creado el año 1996 durante el segundo mandato de Alberto Fujimori, y tuvo como primera ministra en su historia a Miriam Schenone. Su propósito era otorgar un espacio a la mujer dentro del estado, ya que a lo largo de la historia, este espacio era simplemente designado a los hombres.
“No es un tema solamente de nomenclatura. Cuando se cambia el nombre, se quiere reducir a la mujer al mismo espacio que ocupan los niños o las personas mayores en situación de capacidades reducidas. La diferencia es que nosotras somos la mitad de la población”, aseguró Miró Quesada.
Ley que obstruye el aborto terapéutico.
En marzo pasado, la parlamentaria Jáuregui propuso modificar el primer artículo del Código Civil Peruano y establecer los “derechos del concebido”. Es decir, los embriones y los fetos pasan a tener una identidad propia e independiente de la madre gestante, aún cuando están en su interior.
Dentro de las controversias que presenta esta modificación es la de obstruir el acceso al aborto cuando está en peligro la vida de la madre. Este tipo de intervenciones obstétricas son las únicas permitidas en la Constitución. Nexos contactó a la decana del Colegio de Obstetras del Perú, Mimi Rojas, quien mencionó que, según el código de ética profesional, el derecho del concebido y de la madre están al mismo nivel y corresponde a quienes realicen el parto respetar ambas. “Nuestra postura siempre será en defensa de la vida”, sentenció.
Sin embargo, Miró Quesada, quien también se pronunció frente a este tema menciona que es claro que el aborto terapéutico está respaldado y debe ser garantizado. “La jurisprudencia en materia de derechos humanos que es vinculante al Estado Peruano ya dejó sentada esa posición: una cosa es la persona y otra cosa es el concebido. Uno para proteger al concebido no puede pasar por alto los derechos de la gestante”, refutó.
Derogación de normas que promueven la igualdad de género
Finalmente, la ya mencionada parlamentaria Milagros Jáuregui, después de trascender la información de que el MIMP se fusionaría con el MIDIS, la diputada de renovación presentó la “Nueva Ley de igualación de oportunidades entre mujeres y hombres”. Lo que busca es derogar una serie de decretos que otorgaban derechos a la mujer.
Entre las modificaciones está la de condicionar la enseñanza de la educación sexual a los valores éticos y religiosos de los padres de quienes lo reciban, dejando de lado criterios científicos. Asimismo, los jueces y fiscales no pueden recibir capacitaciones en esta materia por parte de ONGs, ya que, según el predictamen, deviene en conflicto de intereses. Finalmente, la palabra “género” también queda suprimida, pues “viene siendo utilizada para promover agendas distintas a la promoción de igualdad”, detalle que se aprecia en el documento.
“¿Qué es el género? Es esa construcción social y cultural que, durante muchos años, ha disciplinado nuestros comportamientos entre femenino y masculino. Pero va distribuyendo el poder, las oportunidades y los derechos de manera muy inequitativa. El solo hecho de nacer mujer te exige a que te desenvuelvas de dicha manera y ocupes un rol mucho más desaventajado que el de los varones”, argumenta Miro Quesada en relación a este apartado.
Con estas leyes no solo se atenta con los derechos de la mujer, sino también agrava la situación de vulnerabilidad que se está presentando en la actualidad. “La violencia basada en género es una demostración de dominancia por parte del agresor. Si desde el poder político se desconoce, se intensifican estas acciones”, finalizó Miró Quesada al hacer un balance general sobre las normas revisadas.
