El proyecto presentado por la parlamentaria ha caído como baldazo de agua fría en quienes creían que la producción fílmica nacional iba en ascenso tras la pandemia. Por ello, Nexos conversó con el historiador del cine Ricardo Bedoya y el realizador audiovisual Roberto Flores para aclarar los efectos que la aprobación de esta propuesta puede causar.
Por Rafaella Santiváñez y Eduardo Vidal
Tras largas y agotadoras semanas de debate, la polémica “ley Tudela”, proyecto formulado por la congresista de Avanza País, permanece en el ojo de la tormenta por los estragos que esta puede causar en la producción audiovisual peruana, cuyo sector lucha día a día por mantenerse en órbita para relucir valiosos metrajes impregnados de imágenes y voces cautivadoras.
Aquel proyecto pretende derogar el vigente decreto de estímulos económicos brindados por el Ministerio de Cultura para instalar un sistema que distintos expertos en la materia critican arduamente por constreñir el alcance de la norma. No obstante, algunas voces alegan que esta medida sería la más efectiva para el cine de nuestro país. Entonces, ¿qué diferencias tiene la nueva propuesta con la actual ley del cine?
El recorrido de la norma
A lo largo de la historia ha existido una variedad de decretos asociados al ofrecimiento de estímulos a la producción audiovisual. El antecedente más próximo del modelo concursal de la norma vigente data del Gobierno de Alberto Fujimori con la “Ley de cinematografía peruana”, promulgada en 1994 para suplir el derogado dictamen proteccionista del régimen de Juan Velasco Alvarado. Sin embargo, el presupuesto estimado anual nunca llegaba a alcanzar lo requerido.
Por ello, en la década pasada se discutió una renovación de esta ley, pues tampoco preveía el panorama del efervescente cine regional. Finalmente, una nueva propuesta llegó a formularse y discutirse en el Parlamento durante el gobierno de Martín Vizcarra, logrando su aprobación en primera votación.
Ocurrentemente, el estallido de la crisis política de los siguientes años estancó la segunda votación del proyecto, por lo que fue archivado. Meses después, el Poder Ejecutivo, mediante un decreto de urgencia, lo aprobó.
“Este es uno de los puntos por los que la congresista [Adriana Tudela] propone esta nueva ley y trata de agarrarse de ello. Porque era una ley de naturaleza temporal, según ella”, señala Roberto Flores, realizador audiovisual y docente universitario. No obstante, los promotores de este cambio ignoran que en agosto del 2020, tras el inicio del nuevo período parlamentario, la ley fue ratificada por la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural.
El cambio
“En primer lugar, no más proyectos cinematográficos financiados al 100% con nuestros impuestos e igualdad ante la ley para postular a los subsidios”, detallaba la parlamentaria Adriana Tudela en un video en el que insinuaba, sin mayor prueba, que esta práctica es común bajo la ley actual.
Al respecto, Ricardo Bedoya, historiador del cine y profesor universitario, explica que la norma actual consiste en un modelo netamente concursal que premia la calidad de los proyectos entre varios participantes, quienes pueden postular a diversas categorías para recibir montos dirigidos exclusivamente al presupuesto del filme. Asimismo, el docente apunta a que ningún apoyo del Estado, de acuerdo a la ley actual, completa la totalidad de la financiación, a excepción de producciones regionales muy baratas.
“Me daría curiosidad saber cuántos proyectos se han financiado finalmente al 100% con los estímulos del Ministerio. Hablando desde la experiencia, estos estímulos te apoyan bastante, pero igual se tiene que invertir y conseguir financiamiento de otras fuentes. Y eso aparentemente es algo que los congresistas no lo tienen claro”, añade el realizador Roberto Flores.
La ‘ley Tudela’ propone básicamente un límite del 50% en la financiación de los proyectos ganadores para introducir, según la congresista, criterios de eficiencia en la utilización del presupuesto gubernamental, y promover una libre competencia con menos intervención del Estado que terminaría beneficiando al propio sector con un nuevo panorama de fuentes de inversión privada.
Dudas y contradicciones
Bedoya visualiza una gran ambigüedad con imprecisiones que estiman a ser resueltas después en el próximo reglamento del proyecto de ley. “No queda claro cómo es que va a funcionar el sistema de incentivos, ¿se va a seguir desarrollando a través del sistema de concurso? Eso no queda claro. Aparentemente, se entregarían por resolución del Ministerio de Cultura; es decir, pareciera que se entregarán a dedo”, destaca el docente, calificándolo como un retroceso.
El proyecto también desglosa un artículo que manifiesta de la misma manera a peruanos como extranjeros como posibles beneficiarios de los estímulos, idea que el docente considera absurda. “El Estado no puede dar estímulos que están pensados para el cine nacional a productoras de Hollywood como Marvel. Ni parte ni su totalidad. Esto no sucede en ninguna otra parte del mundo. Se les puede brindar facilidades, pero esto no”, apunta.
“Yo no veo a una sola película que haya ganado absolutamente nada. Son muy malas estas películas, nadie las va a ver al cine”. Así se involucró en el debate Alejandro Cavero, compañero de bancada de Tudela, en una declaración abierta en el Parlamento. Sin embargo, tan solo en los últimos años, filmes que recibieron estímulos financieros como ‘Retablo’, ‘Canción sin nombre’, ‘Wiñaypacha’, entre otros, fueron galardonados en diversos festivales prestigiosos en América Latina y Europa.
El efecto Transformers
Bedoya visualiza, también, otra arista importante desglosada en este proyecto de ley. “Básicamente se sustenta en lograr que existan más equipos extranjeros de producción que vengan al Perú. Un poco el efecto Transformers”, señala el historiador del cine.
‘El despertar de las bestias’, la última entrega de la exitosa saga cinematográfica estrenada en el 2023, adquirió mucha notoriedad por exponer los paisajes del Cusco a los ojos del mundo. Tan solo en sus dos primeros meses, logró convertirse en la película más taquillera de la historia del Perú con casi cuatro millones de espectadores, según información oficial de la productora.
El modelo que aplicó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo, más conocido como PromPerú, consistió en fomentar la llegada del equipo de producción a través de determinados incentivos “Desde tener todo preparado como licencias obtenidas y hoteles reservados para evitar pérdidas de tiempo, hasta la devolución de los impuestos que pagaron en consumo de hoteles y restaurantes”, explica Bedoya, detallando que sus beneficios consisten la promoción del turismo, y el traspaso de conocimiento técnico a trabajadores audiovisuales nacionales.
“Ahora bien, hay que diferenciar dos cosas que este proyecto de ley confunde. Una es el estímulo a la producción peruana y otro es el afán para que compañías extranjeras vengan a filmar sus proyectos. Son dos cosas distintas que deberían separarse y ser tratadas a su manera en normas distintas”, señala el historiador.
En julio del presente año, se conformó la “Mesa ejecutiva para la promoción del Perú como destino de locaciones fílmicas”, la cual lleva discutiendo cómo propiciar el arribo de producciones foráneas. Sin embargo, a pesar de la existencia de una comisión encargada de ello, el plan de la congresista describe un modelo similar.
Cine de las entrañas del país
Uno de los puntos más observados y criticados del proyecto legislativo es la propuesta de ponerle fin a la cuota que la vigente ley señala a favor de producciones regionales. “Evidentemente hacer una película en Puno, Ayacucho, Cajamarca o Loreto no es lo mismo que hacerlo en Lima. Acá cuentas con posibilidades mucho mayores que en lugares donde todavía no existe una infraestructura técnica de por medio, y que además es muy difícil de conseguir financiación”, apunta Bedoya. En este sentido, la ‘discriminación positiva’ que menciona la congresista no es más que una respuesta frente a la desigualdad y la centralización que tantas otras problemáticas ocasiona.
“Existe también una preocupación por las películas habladas en lenguas originarias porque justamente Perú es un país diverso. Entonces, lo que se quiere justamente es que esa pluralidad lingüística quede expresada en las películas”, agrega el docente.
En el 2022, el 40% de los beneficiarios de estos estímulos fueron ciudadanos de las regiones fuera de Lima Metropolitana y el Callao, según información del Ministerio de Cultura. Esta mejora iba de la mano con el incremento de la reserva destinada al cine regional del Plan Anual para el Fomento de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual, la cual en el último año llegó al 32%, doce puntos más que en el 2018.
El verdadero valor
Por su parte, Flores señala que en un país como el nuestro en el que el sistema de financiación de una cinematografía todavía emergente está siendo mermada, el arte está siendo esencialmente atacado. “Dicen que un país sin cultura está condenado, y podemos estar en ese camino”, agrega el realizador audiovisual.
La polémica también trae en bandeja caliente el debate sobre si el valor comercial prevalece sobre el cultural y qué preguntas fundamentales debemos plantear sobre el propósito y la dirección de un cine en el Perú.
A medida de que las películas fueron convirtiéndose en una de las formas de entretenimiento comercial más influyentes a nivel global, ha surgido una clara tensión entre las películas diseñadas principalmente para generar ingresos masivos, y aquellas destinadas a transmitir un importante mensaje. “Lo que tiene una ley de cine es preservar la diversidad y tratar de compensar las fragilidades y debilidades que puede haber en ciertas zonas de la producción”, afirma Bedoya.
Muchos de los proyectos audiovisuales que recibieron estímulos del Ministerio de Cultura son aquellos que buscan expresar identidades culturales propias de nuestro país, y que no llegan a ser exhibidos ni promovidos como otros productos de alcance masivo. “El cine de promoción turística que plantea este proyecto no va a representar las memorias sensibles del pasado. Si hay algo que contribuye a formar democracia es justamente eso. Para que una violencia bárbara y asesina no se vuelva a repetir. En la Constitución del Perú, se establece claramente que el Estado tiene la obligación de fomentar y difundir la educación y cultura. Si no es el caso, ¿cómo se fomenta la ciudadanía?”, concluye Bedoya.
