Nexos conversó con el politólogo y líder de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política (CANRP), Fernando Tuesta Soldevilla, sobre las graves consecuencias que trae este juego de amenazas constantes.
Un nuevo presidente, un nuevo gabinete. Lo cierto es que ya el cambio de mando es distinto, casi como algo usual, del año a año. En el último quinquenio, que suponía gobernar Pedro Pablo Kuczynski, el Perú ha visto caer tres presidentes, disolverse un congreso, interpelarse a suficientes ministros y una absurda cantidad de mociones de vacancia y censura. En sus meses finales se buscó hacer rodar la cabeza del expresidente Francisco Sagasti, se desprestigió por completo instituciones autónomas y se deslegitimó, sin prueba alguna, el proceso electoral que le dio la banda a Pedro Castillo, luego de una segunda vuelta con la menor representatividad en las últimas décadas.
Sin embargo, dicho desprestigio se ahondó aún más con la designación de ministros poco capacitados y altamente cuestionables. La repartición de cargos en el Estado entre miembros de Perú Libre y otros partidos aliados, sin importar la trayectoria de los elegidos, ha sido lampa de su propia tumba. A poco más de una semana de asignar su gabinete, la vacancia ya hace eco entre la opinión pública y política. En respuesta, la disolución del congreso y las cuestiones de confianza se han afilado para esta pelea. Nexos conversó con el politólogo Fernando Tuesta, quien presidió la CANRP, para comentar sobre el peligro del mal uso de estas herramientas políticas que pueden terminar por dinamitar lo poco que nos queda de estabilidad democrática.
Armas dormidas
Cuando Pedro Pablo Kuczynski llegó a la presidencia, quedó claro que la oposición del Legislativo iba a ser concreta y poco negociadora, al menos con el oficialismo. Tuesta describe este fenómeno como el de una “oposición letal”, en el cual la división de poderes se convierte en un constante enfrentamiento en vez de un balance. Para protegerse de posibles amedrentamientos, la Constitución prevé una serie de mecanismos útiles que ambos poderes pueden emplear, como últimos recursos, para intentar una mayor gobernabilidad. Para el congreso, estas son la censura y la interpelación de ministros. Para el Ejecutivo, están las cuestiones de confianza y, por último, la disolución del congreso.
“Nuestro diseño institucional era uno que tenía armas letales que estaban dormidas. No son nuevas. Pero nunca se pusieron a prueba. Y el gran problema es que estas pruebas aparecen en el último quinquenio, y aparecen porque tenemos una configuración del poder que siempre nos ha llevado a la ruptura del orden democrático o al fin anticipado del mandato presidencial”, comenta Tuesta. Los últimos años han demostrado que estos recursos se han presentado semana tras semana, sacados de contexto, en un conflicto constante entre los poderes del Estado. El politólogo, además, explica que estas figuras constitucionales no son repetidas en la región, salvo excepciones donde el marco es más estricto y específico.
Sin embargo, hay otra herramienta que ha tomado gran protagonismo en estos últimos años de crisis política. El artículo 113 de la Constitución establece que la Presidencia de la República vaca por tres motivos: la muerte del presidente, la aceptación de su renuncia en el Congreso o la incapacidad moral o física permanente del mandatario, declarada por el Congreso. “Pero hemos llegado a un punto de la distorsión absoluta de esta figura. El famoso artículo tenía que ver con una incapacidad física y psíquica que le impida gobernar de manera permanente”, menciona el politólogo.
Una balanza desequilibrada
Alberto Fujimori renunció por fax, cuentan muchos. Lo cierto es que dicha renuncia no fue aceptada, pues primero se debatió su vacancia por permanente incapacidad moral. Sin embargo, fue el propio legado fujimorista el que desempolvó dicho recurso y lo utilizó como una amenaza constante contra el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski. Luego, se vacó a Martín Vizcarra a través de “una alteración de este mecanismo”, explica Tuesta. El legado de la intimidación constante ha mantenido un hilo hasta hoy.
“Una cosa es que uno se oponga a la política del gobierno, que puede ser incluso desastrosa, pero la vacancia no es la figura. Ahora todo el mundo habla de esta con una ligereza extremadamente peligrosa”, comenta el politólogo. Sin embargo, así como se creó el precedente de manipular la vacancia, también se ha planteado el precedente de la disolución del congreso, tal como sucedió en el gobierno de Alberto Fujimori y, años después, en el gobierno de Martín Vizcarra. Sin embargo, “el equivalente a la disolución del Congreso es la censura del gabinete, no del presidente. Esas son las armas”, detalla Tuesta.
“En democracia los parlamentos y los ejecutivos se dicen de todo e incluso se amenazan, pero estamos en un presidencialismo, por más que pareciera que todos terminan por olvidarse de esto”, menciona Tuesta. Dicho esto, tampoco significa que entonces el presidente es intocable y que sus acciones no tuvieran consecuencias. “Al presidente de la República sí se le puede acusar por infracción a la constitución, pero está claramente justificado”, aclara el politólogo.
Actualmente, la designación ministerial ha gatillado una serie de respuestas en contra por parte de diferentes partidos políticos y la propia ciudadanía. Sin embargo, Tuesta considera erróneo que se considere una vacancia presidencial por el hecho que se haya elegido a Guido Bellido como premier, principalmente. “Si quieren hacerlo, deben cambiar la Constitución”, menciona. Esto no significa aceptar cualquier decisión presidencial, puesto que “se puede incorporar el mecanismo de juicio político, como hay en Estados Unidos y en otros países”, agrega el politólogo.
Visto desde otro lado, Tuesta reformula la situación. Empujar una vacancia presidencial a raíz de la composición del gabinete “sería igual a que se disolviera el congreso porque al Ejecutivo no le gusta su composición, porque hay impresentables”, argumenta Tuesta. “La disolución del congreso es un mecanismo constitucional, es un mecanismo que hay sobre todo en los parlamentarismos y nadie se escandaliza por eso. Si el ejecutivo no pudiera defenderse, tendrías todos los gabinetes a expensas del parlamento. Es la única arma que tiene el ejecutivo”, añade.
Dicho esto, Tuesta considera que la balanza de poder está desequilibrada, permitiéndole al Congreso tener soberanía en este juego de amenazas en el último año de gobierno. El artículo 134 de la Constitución estipula que “no puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato”. “Está desequilibrado. El gobierno tiene que gobernar. Siempre se dice ‘sí, pero el equilibrio de poderes’, pero el gobierno tiene que gobernar. El congreso no puede limitar la acción del gobierno a tal punto que lo paraliza, que lo obstaculiza”, desarrolla el politólogo.
Si bien en el 2019 la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, presidida entonces por Fernando Tuesta, presentó su informe final, los cambios aún son cosas que esperar con mucha fe. Y si bien las modificaciones planteadas son propuestas a partir del 2021, como menciona el texto, este año se perfila para terminar envuelto en otra crisis política, empujada por los extremos que se olvidan de nuestra democracia. “En la reforma política nosotros planteamos un diseño distinto del modelo”, comenta el politólogo.
“Por ejemplo, ahora lo que se quiere discutir es un cambio en la cuestión de confianza, pero dentro de un mal empleo del término y una concepción inadecuada”, manifiesta el politólogo. “En la reforma política nosotros planteamos un diseño distinto. Acá, además, uno les da armas letales a niños irresponsables. Porque rápidamente ya se acusan y se amenazan, no es que primero venga el forcejeo”, finaliza Tuesta.
