Se cumplen 100 días del gobierno de Fujimori, ¿cómo está yendo su gestión?
Por Alexandra Jave y Rafael Ortega
A 100 días de iniciado su gobierno, la administración de Keiko Fujimori se ha caracterizado por sus roces con el Congreso a raíz del pedido de facultades y de las mociones de interpelación contra algunos de sus ministros, y por las medidas y los anuncios para contrarrestar los efectos del Fenómeno El Niño y la ola de criminalidad que vive el país.
Quejas y fricciones en el Ejecutivo
El gabinete de la presidenta en estos meses no ha estado fuera del ojo público, sino que ha sido motivo de repetidas críticas por la falta de decisiones y, más bien, el uso excesivo de los equipos de comunicación. Tanto las capacidades administrativas de Luis Dyer en Salud o el retirado uso de redes sociales —y la supuesta exigencia de maquillaje y tinte de cabello— del canciller Carlos Espá han sido cuestionados, tanto por opositores como por personas afines a Fujimori, por dedicarse más a los TikToks que al trabajo.
Sin embargo, el caso más sonado fue la renuncia de quien tenía la cartera de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey. En el día 52 de su gestión, Keiko Fujimori tuvo su primera baja en el gabinete, luego de que el exministro enviara una carta excusando problemas de salud que le impedían mantenerse en el cargo. En consecuencia, el ministerio pasó a manos de José Tangherlini.
“Tengo la impresión de que lo que está ocurriendo en el Ejecutivo es que nadie tiene un plan que implementar (…) Me atrevo a decir que recién están aprendiendo a gestionar la cosa pública y, por eso, lo que están buscando es la foto inmediata para mostrar una aparente eficiencia”, señaló el analista político, José Carlos Requena. Además, indicó que no ve que, por lo pronto, hayan medidas para resolver los asuntos de mediano y largo plazo, lo que significa que la situación del país no cambiaría en lo absoluto.
Otro ministro que estuvo en aprietos fue el encargado del Interior, César Astudillo, quien luego de haber sido interpelado por su incapacidad en el control de la inseguridad, posteriormente se salvó de que la Cámara de diputados no alcanzara los votos para la moción de censura. En esa cuenta, otros miembros del gabinete que han sido cuestionados pero que no llegaron a las mociones de interpelación fueron Rafael Belaúnde de Defensa (solicitud rechazada), Guillermo Shinno de Energía y Minas (quedó sin efecto por el retiro de una firma) y José Antonio Chang de Educación (archivada).
“Me parece que este gobierno tiene 4 fases: primero con el mensaje del orden y seguridad, luego la etapa en el que el gabinete salió a decir el diagnóstico de un Estado fallido y las opiniones contrarias de los ministros, después el pedido de facultades y ahora los efectos reales del fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana”, señaló el politólogo Mauricio Soto. Además, añadió que ha sido un flaco favor haberse quedado tanto tiempo haciendo la etapa de “diagnóstico” de la realidad pública, pero que las verdaderas expectativas de su gestión se encuentran en los siguientes meses que parecen ser más duros.
Todos estas quejas que han habido alrededor del primer gabinete de la presidenta han terminado por recaer en los últimos días en la supuesta renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Entre las principales quejas de su gestión se encuentran la falta de medidas frente al fenómeno El Niño, la crisis de inseguridad y el retraso en la aprobación de la delegación de facultades legislativas. Sin embargo, el premier ha desmentido la salida del cargo.
Relación con el Congreso
El 27 de agosto del presente año, el Consejo de Ministros en una sesión presidida por Keiko Fujimori, aprobó el proyecto de ley en el cual el Ejecutivo solicitaba al Congreso facultades legislativas distribuidas en ocho materias y 66 puntos, que incluían asuntos penales y de seguridad ciudadana, empleo y mypes, simplificación administrativa, sectores productivos, tributación, modernización del Estado, vivienda y saneamiento, entre otros. El pedido fue remitido al Parlamento al día siguiente.
Sin embargo, la propuesta desde el inicio fue motivo de controversia en diferentes comisiones del Legislativo, pues se consideró que no todos los pedidos eran de “urgencia”, sobre todo en un contexto de alza de la inseguridad ciudadana y de las prontas consecuencias del Fenómeno El Niño. Así, la solicitud de facultades se ha visto enfrascada en una serie de disputas entre el oficialismo y la oposición. Mientras tanto, el Ejecutivo tildó de “obstruccionismo” la demora de la aprobación.
Soto indica que una de las principales críticas a la estrategia gubernamental sería la importancia que le atribuyó a la delegación de facultades. “Una de las cuestiones que más se le puede criticar al Gobierno es que puso mucho énfasis en la elevación de facultades legislativas, como diciendo, sin las facultades yo no puedo combatir la inseguridad ciudadana”, sostuvo.
Finalmente, el 6 de octubre, el Pleno de la Cámara de Diputados dio pase al texto reducido, aprobando solo 20 puntos, por 66 votos a favor, 34 en contra y 24 abstenciones. En este caso, se aprobó el dictamen para legislar en materia de seguridad ciudadana y prevención ante el fenómeno El Niño por un plazo de 90 días calendario. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, indicó que las iniciativas aprobadas son insuficientes para gobernar y que todas aquellas que no sean otorgadas serán proyectos de ley o decretos de urgencia.
En esa línea, el Senado aprobó 7 puntos adicionales, de los cuales 6 mantenían la materia de seguridad y el séptimo refería a la simplificación de infraestructura. Por lo tanto, el Congreso aprobó 27 de los 66 solicitados. A pesar de ese añadido, la presidenta expresó su inconformidad. «En realidad, nos hubiese gustado que nos dieran mayores facultades. Se han enfocado en el fenómeno de El Niño y en los temas de seguridad”, admitió.
“Quien ha tenido un papel muy importante en este trabajo de las facultades ha sido Galarreta —quien ya tiene pasado parlamentario— para coordinar con las demás fuerzas (…) Él sabe trabajar bien con las bancadas”, indicó Soto. El politólogo añadió que el papel del premier ha sido fundamental porque, sobre todo, ha operado principalmente desde su escritorio, de manera que los pedidos “salgan más rápido”.
Inseguridad y Fenómeno El Niño
Sobre los problemas urgentes del país, el Ejecutivo aún no ha promulgado ningún decreto legislativo, tras recibir las facultades. El mismo día que el Senado aprobó otorgarlas, 21 de octubre, el premier declaró que en 10 o 12 días se emitirían los decretos legislativos, el 25 del mismo mes señaló que sería en 20 y el 26 de octubre Marco Vinelli, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, indicó que sería dentro de dos a tres semanas.
No obstante, ha promulgado cinco decretos de urgencia para atender al FEN, los cuales han priorizado el financiamiento y la ejecución de trabajos preventivos. El publicado el 18 de agosto autorizó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a realizar trabajos de limpieza, descolmatación y protección de ríos y quebradas. El segundo que habilitaba el mecanismo de obras por impuestos. El tercero que permitió que la ANA adquiriera insumos y servicios destinados a operar y mantener maquinaria de entidades públicas o privadas. El cuarto estableció medidas de apoyo para las micro y pequeñas empresas afectadas por el FEN y el quinto, el cual facilitó el mantenimiento correctivo de colegios públicos perjudicados por el evento climatológico.
Sobre la inseguridad ciudadana que azota al país, el Ejecutivo ha tomado medidas sobre las labores de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, la intervención en las cárceles y la promulgación de estados de emergencia. El ministerio del Interior puso en marcha el “Plan Escudo” el 8 de agosto, el cual consistió en colocar agentes del orden en puntos considerados de riesgo por las extorsiones a los transportistas. Luego, el anuncio de la integración de la policía y las fuerzas armadas en un comando unificado, la intervención en los penales y el planteamiento de una reforma policial.
“Me parece bien que hayan creado un comando unificado, pero un comando unificado que no tiene tras sí recursos para hacer inversión en equipamiento, en la construcción de penales, en inyección de recursos para hacer inteligencia policial”, indica el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza.
Además, el especialista señala que “lo que hasta ahora el Ejecutivo nos está mostrando son básicamente acciones bastante colaterales que no atacan el tema de fondo. Eso me indica que la ruta por donde van no es exactamente la más adecuada”.
Durante su visita a El Salvador, la mandataria señaló que recogería la metodología para la construcción de las cárceles de máxima seguridad, similares al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) del país salvadoreño. Sin embargo, surge el cuestionamiento si este modelo de centro penitenciario puede ser construido en nuestro país. El resto del modelo ya ha sido descartado, incluso por su homólogo de El Salvador.
“Aquí no se puede hacer eso. Aquí no se puede escoger a dedo quién construye. La presidenta no puede decidir dónde se construye, tienen que haber estudios técnicos. Y la regla universal es, si se usan recursos públicos, aunque lo haga el privado, se requieren expedientes técnicos, se requiere de parámetros técnicos mínimos, y se requiere, por supuesto, de un proceso que sea transparente para efectos de garantizar una construcción adecuada”, señala el exmininter.
