Tras el primer registro de desapariciones en el país, ¿qué es lo que hay detrás?

Por Rafael Ortega Alva

A finales de junio, la exministra de la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Edith Pariona, señaló que más de 9,000 desapariciones a lo largo del 2026. La noticia se dio en el marco de la campaña “Encontrarte”, la cual buscaba la concientización de la población frente a situaciones de riesgo, especialmente en zonas vulnerables. Pero el universo de estos casos, hasta la fecha, es todavía más amplio.

De acuerdo con el sistema de denuncias por desaparición de la Policía Nacional del Perú, de enero a junio de este año se han registrado 10,976 casos a nivel nacional. Esta cifra, en desagregado, muestra una serie de puntos importantes: el grupo de 12 a 17 años, sobre todo en mujeres, es el que más puntos ha marcado. Además, las zonas donde más hechos se han reportado son Lima, Cusco y Arequipa. 

Estos datos, que de por sí pueden ser suficientes, también deben ser medidos en el tiempo. Desde el 2020, los casos de desaparición parecían mostrar una tendencia a la baja; sin embargo, en el último año, dicha cifra ha cambiado. Según Amnistía Internacional, la evolución fue: 18,481 en 2020; 20,141 en 2021; 18,862 en 2022; 18,192 en 2023; 17,737 en 2024 y 20,947 en 2025.

“Comparativamente hablando, todo lo que se muestra es que son más casos que, en años anteriores, cerca de un 15% y 20% de los casos”, indicó el General PNP en retiro, Óscar Serván. Además, señaló que este aumento en las denuncias no necesariamente significa que, en años anteriores, no hayan habido también desapariciones, sino que también puede significar un mayor acercamiento o cercanía hacia el cuerpo policial. 

Una cuestión de género

“Los datos nos muestran claramente que el grupo más afectado siempre de mayor vulnerabilidad son las adolescentes, pero sería un error atribuir esa realidad a una sola causa”, destacó Hary Izarra, exministra del MIMP. Además. indicó que, más allá de los datos estadísticos, existen múltiples razones por las que se dan estas desapariciones: violencia familiar o de género, trata de personas, explotación sexual, captación mediante redes sociales, problemas de salud mental o fugas voluntarias por hogares disfuncionales.

No obstante, además del problema de las desapariciones, el reto que se enfrenta es encontrar a los ciudadanos. De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional y Flora Tristán, más de 45 mil denuncias se registraron en todo el país entre enero de 2023 y mayo de 2025. De este número, el 58% de estos corresponde a mujeres, lo que sugiere también que estos casos están fuertemente vinculados a factores de género, dejando a este grupo en un mayor grado de vulnerabilidad. 

En otras palabras, con este aumento significativo de desapariciones, cada día se reportan 33 hechos de mujeres; es decir, 1.38 registros por hora. Sin embargo, el dato que más resalta es que, del total de registros, únicamente el 52% logra ser ubicada. 

“No hay una plena actualización (…) Es muy probable que más del 50% de los casos sí aparezcan, solo que no ha sido informado. Lo que debe restar es un 10 – 20%”, indicó Serván. El experto añadió que, en muchos casos, las familias que vuelven con los desaparecidos no lo registran en las comisarías, por lo que las denuncias se mantienen, pero también hay una cuestión presupuestal. “No es que estos temas pasen a segundo nivel por una falta de importancia, sino que no se destina el presupuesto necesario para cubrir esa área”, agregó.

Otro problema común es la falta de conocimiento a la hora de registrar una denuncia. Todavía existe el pensamiento que, de acuerdo a la edad, se puede acudir recién a la comisaría 24 o 48 horas después de que suceda el caso. Sin embargo, estos datos son errados. Según la Defensoría del Pueblo y la Policía Nacional, no existe un mínimo de tiempo para poder hacer el llamado, ni tampoco se requiere de DNI o algún otro tipo de documento de identidad. 

El problema del género es uno de los puntos más críticos cuando se empieza a desagregar los datos. Solo en junio de este año, según la Defensoría del Pueblo, se registraron 596 niñas, niños y adolescentes reportados, de los cuales 437 eran mujeres. Es decir, 73% de las denuncias. De acuerdo con la institución, si bien el Estado ha receptado sus recomendaciones relacionadas al tema, todavía falta que se resuelva la aceleración y efectividad en el sistema de denuncias, además de realizar un trabajo integrado para la resolución del conflicto.

“Lo más importante es hacer un seguimiento más detallado de cada caso para comprender mejor el fenómeno de las desapariciones. Por ejemplo, saber cómo terminó cada suceso”, indicó Izarra. La exministra señaló que un gran paso estaría en contar con un registro claro y verificable de todo el proceso, el cual vaya desde la denuncia hasta las razones que dieron por concluido el expediente. “Falta de una investigación exhaustiva, detallada, minuciosa, constante. Esas son dificultades para poder resolver un fenómeno como este”, recalcó.

Lejos de los datos oficiales, existe todo un universo de causas que no pueden ser entendidas únicamente por la inseguridad ciudadana. Además, no se puede desatender el hecho de que, con esos números, hay una relación con el género que refleja, una vez más, las brechas y vulnerabilidad que presenta un lado de la población. El reto del flamante gobierno queda claro.